En la opinión pública española la máxima aprobación del estado autonómico se produjo en el año 2007, culminando una tendencia de paulatino crecimiento de su apoyo que el CIS ha medido, con algunas omisiones, desde 1984. En octubre de aquel año el 57% de los entrevistados defendían el statu quo y solo el 8,6% defendían un estado centralista, su valor más bajo de la historia. Todavía eran menos quienes preferían un estado con derecho a la independencia, el 6%, aunque un notable pero minoritario 18% favorecían una mayor autonomía.
A partir de 2007 el centralismo ha recuperado terreno; primero lo ha hecho despacio y, últimamente, con mucha fuerza. El autonomismo, tal y como lo conocemos, dejó de ser un asunto de consenso para la mayoría de los españoles en algún momento entre 2008 y 2009 (difícil de precisar por coincidir con cierto cambio en la formulación de la pregunta por el CIS). A finales de 2011 cedió otro soporte del equilibrio y los partidarios de suprimir las autonomías rebasaron en número, por primera vez, a los partidarios de un cambio hacia fórmulas de mayor autogobierno que en la actualidad. El giro se precipita en 2012 y, por fin, desde mediados de este año los partidarios de fórmulas más centralistas que la actual (es decir, quienes querrían ver limitadas o anuladas las autonomías) son más numerosos que los partidarios del estado autonómico vigente.
En septiembre se acaba de registrar el mayor apoyo al centralismo observado desde 1984: un 24,5% preferirían un estado sin autonomías; además, un 14,5% reduciría el nivel de autogobierno de las comunidades (una opción de respuesta que, con buen criterio, el CIS introdujo en 2009). También se registra el mínimo histórico en cuanto al apoyo al estado autonómico actual, quedándose en el 29,5%, lejos de la mayoría. Aunque con esto último hay que tener cierto cuidado, pues antes de 2009, entre las opciones de respuesta, solo se podía elegir entre mantener o eliminar la autonomía, además de aumentarla, por lo que la cifra de centralistas puros desciende al introducirse la opción intermedia en ese año. Una parte de los que hoy se clasifican como centralistas ma non troppo podrían contarse como partidarios del estado autonómico existente si se les forzara a elegir: puede que entre el 5% y el 10% de la población se sumara a la defensa de ese estado si no hubiera otras alternativas que suprimirlo o ampliarlo.
(Nota para exigentes: en un descuido feliz, el CIS volvió a formular la pregunta a la antigua usanza, sin dar la posibilidad de reducir la autonomía, en la encuesta pre-electoral de 2011; allí aparecieron un 23% de centralistas, mientras que justo un mes después, cuando los entrevistados podían elegir de nuevo la opción de menor autonomía, la suma de los partidarios de esa reducción con los centralistas puros era cinco puntos más elevada. Por otra parte, al cambiar la pregunta, el número de autonomistas descendió más de diez puntos, y no todo puede deberse a la victoria del PP. Por cierto que el descuido del CIS en 2011 nos ofrece también un dato comparable no controvertido sobre el giro centralista: desde la última vez que se hizo la pregunta de forma idéntica, en 2008, con solo cuatro opciones, el porcentaje de centralistas se había más que duplicado en 2011, del 11% al 23%, mientras que los autonomistas pro statu quo habían caído del 55% al 45%, dejando de ser mayoría).
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Algunos piensan de forma demasiado automática que cierto aventurerismo institucional por parte del gobierno de Zapatero podría ser el responsable. Sin embargo, el mes de máximo apogeo autonomista de la historia (octubre de 2007) coincidía con el anuncio por parte de Pasqual Maragall de su abandono del PSC: las controversias sobre el nuevo estatut habían quedado atrás hasta nueva orden constitucional, y no digamos el estatuto vasco. Más bien, es posible que aquellos avatares reforzaran la posición a favor del estado autonómico entre el grueso de la población. Es cierto que puede haber cierto efecto retardado, detectable en el eco de la agitación centralista de UPyD, pero los datos ni siquiera se movieron gran cosa en los meses en torno a la discutida decisión del Tribunal Constitucional de anular parte del nuevo estatut (junio de 2010).
La explicación más simple es que se trata, sobre todo por lo que toca al centralismo, de una consecuencia más de la crisis económica, como muestra, indirectamente, la serie temporal de eventos. El relativo auge del independentismo en Cataluña tiene causas más complejas, pero no creo que sea ajeno a esto. La crisis de los años 90 ya coincidió con un repunte del centralismo, aunque comparativamente modesto. Además, los partidarios de las opciones límite (anular las autonomías o admitir la independencia) vienen siendo los que peor valoran la situación económica y los más pesimistas al respecto. Este es un dato que todavía hay que comprobar para septiembre (cuando los microdatos de la encuesta estén disponibles), pero encaja en una lógica sencilla. Una lógica que los políticos cazan al vuelo. Más de la mitad de los votantes de CiU querrían hoy que la independencia fuera posible (que no es lo mismo que quererla, claro está), y el 85% querrían al menos mayor autonomía. Del otro lado, el 58% de los votantes del PP y el 61% de los de UPyD querrían limitar o suprimir las autonomías. El PSOE, partido central en este asunto, ve cómo se abre una grieta bajo sus pies.
En la opinión pública española la máxima aprobación del estado autonómico se produjo en el año 2007, culminando una tendencia de paulatino crecimiento de su apoyo que el CIS ha medido, con algunas omisiones, desde 1984. En octubre de aquel año el 57% de los entrevistados defendían el statu quo y solo el 8,6% defendían un estado centralista, su valor más bajo de la historia. Todavía eran menos quienes preferían un estado con derecho a la independencia, el 6%, aunque un notable pero minoritario 18% favorecían una mayor autonomía.
A partir de 2007 el centralismo ha recuperado terreno; primero lo ha hecho despacio y, últimamente, con mucha fuerza. El autonomismo, tal y como lo conocemos, dejó de ser un asunto de consenso para la mayoría de los españoles en algún momento entre 2008 y 2009 (difícil de precisar por coincidir con cierto cambio en la formulación de la pregunta por el CIS). A finales de 2011 cedió otro soporte del equilibrio y los partidarios de suprimir las autonomías rebasaron en número, por primera vez, a los partidarios de un cambio hacia fórmulas de mayor autogobierno que en la actualidad. El giro se precipita en 2012 y, por fin, desde mediados de este año los partidarios de fórmulas más centralistas que la actual (es decir, quienes querrían ver limitadas o anuladas las autonomías) son más numerosos que los partidarios del estado autonómico vigente.