Este artículo es el cuarto de la serie conjunta sobre el 20D con nuestros amigos de Politikon. Hoy escribimos a la par que Elena Costas, quien revisará las propuestas contra la corrupción de los partidos a la vez que aquí se hace un diagnóstico de la naturaleza de la corrupción en España. Seguimos también en las redes (#20DPolitikonPdP).Politikon
Para atajar la corrupción, ¿a quién debes votar el domingo? Es una pregunta complicada, pero el análisis de las propuestas anti-corrupción de los programas de los partidos que hace Elena Costas te puede ayudar. Aquí nos vamos a centrar en calibrar el problema de la corrupción en España, desmontando unos estereotipos entorno a nuestra corrupción:
Estereotipo #1. La corrupción está muy extendida en España.
De acuerdo a las encuestas, eso pensamos el 95% de los españoles. Mientras que un 63% nos sentimos personalmente afectados por la corrupción y un 67% cree que para prosperar en los negocios es necesario tener conexiones políticas. Estas cifras están por encima de lo que opina el ciudadano europeo medio y muy por encima de lo que opinan alemanes, británicos o finlandeses. En la percepción ciudadana de la corrupción, estamos a niveles de los países ex-comunistas, por encima incluso de Rumanía y Bulgaria. Sin embargo, “objetivamente” (entre comillas, porque es difícil medir los niveles reales de corrupción), los países del Este de Europa sufren una corrupción mucho más sistemática y persistente que España.
En España la corrupción está poco extendida. Los ciudadanos de a pie no interactuamos a diario con funcionarios o políticos corruptos, a diferencia de lo que ocurre en muchos países ex-comunistas y en gran parte del mundo. Somos muy europeos occidentales en cuanto a nuestra experiencia cotidiana con la corrupción.
Aunque, ciertamente, allá donde se produce la corrupción, es muy intensa. Al empezar 2015 teníamos 2.000 imputados por corrupción, muchos de ellos políticos y cargos de confianza. Además, las cantidades económicas desviadas a los bolsillos de particulares o partidos políticos son astronómicas. Algunos casos han supuesto decenas o incluso centenares de millones de euros. Y en casi todos hay una sistematización propia del crimen mejor organizado, como comisiones por un porcentaje concreto de la obra pública donadas a través sofisticadas cadenas de empresas-pantalla, testaferros y cuentas en paraísos fiscales. Tras descubrir casos así es lógico que los españoles deduzcamos que todo nuestro sistema político está corrupto.
Comparemos nuestra corrupción política con la de otros países occidentales. Por ejemplo, desde que Suecia puso en marcha un registro de casos de corrupción y abuso en el sector público a principios de este siglo, han registrado 170 supuestos casos. Pero en sólo seis hay políticos implicados y, de esos, sólo tres políticos han sido encontrados responsables de una conducta inapropiada. Por si fuera poco, estas conductas distan mucho de las escandalosas cantidades de dinero volatilizadas en los casos españoles. El caso de corrupción sueco posiblemente más notable de la última década consistió en que un empresario le pagó a un político un viaje para ver un partido de hockey sobre hielo. En una sola hora, cualquier político español con tarjeta black gastaba más que todos los políticos suecos en lo que llevamos de siglo.
Estereotipo #2. La corrupción se combate con medidas anticorrupción
Consecuentemente, la lucha contra la corrupción en España debe centrarse en la esfera política. Y si algo sabemos de la experiencia de otros países con este tipo de corrupción es que no es fácil de combatir. Porque los beneficiados – directa o indirectamente – de esa corrupción son los que escriben las reglas de juego así como intereses económicos bien organizados y conectados. Nos enfrentamos a enemigos poderosos.
Ello no quiere decir que no haya que combatirla. Por ello, el pacto contra la corrupción recientemente suscrito por 7 partidos y promocionado por La Fundación por la Justicia, dirigida por el magistrado de la Audiencia de Valencia José María Tomás y Tío es una buena iniciativa. Muchas de las medidas propuestas, como crear unidades de policía judicial adscritas a jueces y fiscales y ofrecer una protección más efectiva a los denunciantes de casos de corrupción, son necesarias. Pero no suficientes. Porque, al otro lado, corruptos y corruptores disponen también de muchos recursos y la evidencia de otros países muestra que las redes de corrupción pueden adaptarse a las medidas anticorrupción si la “recompensa” (suculentos contratos o regulaciones benévolas decididas por quien gana las elecciones) sigue siendo elevada. Si el botín es grande, pueden hacer grandes inversiones para circunvalar las medidas anticorrupción más estrictas.
Estereotipo #3. A los corruptos se los echa en las urnas
Desgraciadamente, esto no sucede. En primer lugar, estudio tras estudio se demuestra que las elecciones tienen una capacidad limitada para limpiar un sistema de sus políticos corruptos, independientemente de la fórmula electoral – aunque algunas funcionen mejor que otras. En segundo lugar, es una falacia creer que, por cambiar al partido en el gobierno, eligiendo a uno “limpio”, vamos a acabar con la corrupción. El hecho de que prácticamente todos los partidos españoles que han tenido responsabilidades importantes – sobre todo en administraciones sensibles, como las locales, y en sectores candentes, como el urbanismo – han acabado salpicados de corrupción indica que nuestro problema no es de qué partido nos gobierna, sino de las instituciones públicas donde operan.
No es la tripulación, es el barco. Si la embarcación institucional sigue permitiendo la acumulación de un gran poder discrecional en manos de cargos políticos – sobre todo, si lo son de forma indirecta, como en las Diputaciones – por mucho que cambiemos la tripulación, seguiremos arrastrando el problema.
Es ahí donde debemos poner la atención si estamos preocupados por la corrupción ¿qué partido ofrece unas instituciones que minimicen las oportunidades de corrupción?
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Victor Lapuente Giné es profesor de ciencias políticas de la Universidad de Gotemburgo y autor de El retorno de los chamanes (Ed. Península)