Al hacerse eminente la cuestión territorial, el poco o mucho impulso de cambio político y reformas institucionales que pudiera haber hace un par de años parece amortiguarse. Lo acuciante del problema mismo podría abrir una nueva oportunidad de cambio constitucional, pero la falta de templanza a la hora de competir sobre ese eje parece bloquearlo.
Con todo, algunos sostienen que es la izquierda, o cierta izquierda, quien quiere utilizar la cuestión territorial para romper un supuesto consenso constitucional. (Es el argumento que defiende, por ejemplo, Jorge San Miguel desde Ciudadanos, a quien escojo por respeto). Veamos algunos datos de opinión pública que iluminan este asunto.
En primer lugar, la inspección de las posiciones medias de los partidos confirma al sentido común: la izquierda de España es la más interesada en que haya consenso sobre la organización territorial del Estado, y que sea lo más amplio posible. En segundo lugar, la crisis de la cuestión catalana ha mostrado cómo, en muy poco tiempo, lo que una vez pareció un posible motor de cambio político de amplia base -el rechazo a la corrupción y a cierto tipo de actores- se difumina, sobre todo, hacia la derecha. En tercer lugar, subrayemos que, por efecto combinado de la acción de las élites y del estado de la opinión pública, la insatisfacción con la democracia se ha convertido en un asunto tan fuertemente vinculado con el reparto de poder territorial que parece irresponsable contentarse con un país en el que solo algunos centralistas se sienten realmente cómodos.
1. Rotos por el eje
Como muestra el gráfico 3.1 (datos de la encuesta postelectoral del CIS de 2016), los partidos más a la izquierda son más favorables a una organización territorial con mayor autogobierno de las partes, mientras que los partidos más a la derecha son partidarios de una organización más centralista. (Los puntos son las medias de cada electorado, las escalas se han tipificado y las posiciones se miden por su distancia a la media del conjunto de los ciudadanos). En la medida en la que las preferencias territoriales reflejan, en muchos casos, una actitud de nacionalismo español, que es más acusada cuando más a la derecha, no es necesario postular intenciones secretas o maniobras estultas cuando los partidos de la izquierda defienden soluciones territoriales a disgusto de los más centralistas. Cada uno responde a sus electores. Hay, además, un factor geográfico importante, pues el centralismo no es solo más frecuente en la derecha sino en el interior del país. Una característica llamativa de la irrupción de los partidos de la nueva política es que mientras que Podemos y sus confluencias se introdujeron en el parlamento, sobre todo, desde la periferia -Madrid es caso aparte-, Ciudadanos lo hizo como un partido del interior (con distribuciones sorprendente complementarias). Que haya solapamiento de los cortes izquierda-periferia-autogobierno frente a derecha-interior-centralismo acumula los frentes y los vuelve más ásperos.
Si los partidos de izquierda españoles fueran racionales y tuvieran elección nunca pondrían el acento en un debate territorial en el que los electorados de los partidos nacionalistas están aún más lejos de sus votantes que el electorado de los partidos centralistas. Incluso el votante medio de Podemos está más alejado del votante medio de ERC que del votante medio de Ciudadanos en este eje. Sería más sencillo creer que los partidos a la derecha usan el eje territorial para meter a la izquierda en un pantano que aceptar la tesis de que la izquierda -cierta izquierda al menos- quiere usar esa cuestión para quebrar consensos (pace San Miguel). En realidad, es poco probable que haya una inteligencia maestra detrás de lo que nos sucede.
Lo que signifique ser de izquierdas o de derechas no lo vamos a dirimir aquí, pero sí hay una imagen que vale la pena observar. En el gráfico 3.2 se sitúan los electorados de los partidos en dos ejes de “liberalismo”. El eje vertical se refiere al liberalismo cívico, que es la media aritmética de las posiciones de la gente en una escala sobre actitud cosmopolita frente a nativista de cara a la inmigración y en otra escala sobre la importancia de la libertad frente a la seguridad. Véase el artículo de Pepe Fernández Albertos donde habla más y mejor de esto. El segundo eje, el de liberalismo económico, se refiere a si la gente prefiere pagar más impuestos, y tener mejores servicios, o pagar menos impuestos sacrificando servicios públicos. En su día, Pepe Fenández Albertos mostraba con un gráfico que es primo hermano de este que los nuevos partidos y la nueva política se encontraban sobre un mismo eje que los antiguos partidos estatales, y que podíamos seguir llamando izquierda y derecha a esa dimensión. Así me lo parece a mí también. Pero es curioso observar el emplazamiento de los partidos nacionalistas periféricos, que aquí se añaden. El PNV es un partido bastante progresista en el eje del liberalismo económico, pero bastante conservador en el liberalismo social; a CDC, sin embargo, le sucede lo contario; y solo ERC es de izquierdas en los dos ejes.
Ante esta situación ¿de verdad sería tan raro que, para hacer políticas públicas, los partidos de izquierda buscaran la vecindad de algunos partidos nacionalistas? ¿A quién beneficia que se active un eje territorial que acrecienta la distancia entre los partidos de centro e izquierda y acerca a los dos que tienen firmado un pacto de gobierno? Como digo, no creo que haya nadie moviendo las aguas a conveniencia, pero la ola no ofrece oportunidades simétricas, menos aún favorables a la izquierda.
2. La túnica catalana de la invisibilidad
La demanda de reformas institucionales parecía apremiante cuando la insatisfacción de los ciudadanos se dirigía a los líderes políticos y a la corrupción. Ahora yo no lo parece tanto. La situación catalana ha acaparado la conversación.
El gráfico 2.1 muestra la evolución del “segundo problema” de los españoles, tras el desempleo. La primera legislatura con gobierno presidida por Rajoy arrancó con “los políticos” y la clase política en general como gran problema. España necesitaba una reforma, decían muchos. La corrupción superó pronto a ese lamento general sobre la clase política en la expresión de las preocupaciones, tras innumerables delitos concretos vinculados en gran parte a personas del PP o próximas al partido. España, se decía aún más, necesitaba cambios.
(La dinámica de la opinión con respecto a los escándalos de corrupción en Cataluña, a escala de su autogobierno, que poco tienen que envidiar, por la proliferación de los delitos y por el nivel de los implicados, se escapa a esta nota, pero algo parecido podría decirse).
Pero los cambios no llegaron, salvo porque ahora el partido de Rajoy gobierna con una irresistible minoría parlamentaria. En octubre de 2017 la independencia de Cataluña ha aparecido en el barómetro del CIS como un problema tan serio como los anteriores en el parecer de los españoles, y haciéndoles mucha sombra (octubre fue el mes en el que la fiscal del caso afirmó en sus conclusiones que “la trama Gürtel hizo de los sobornos a cargos del PP un modo de vida”). Se trata de una preocupación que afecta más a los votantes inclinados a la derecha que al resto, como puede verse en el gráfico 2.3. Si se piensa en los partidos, resulta llamativo que la independencia de Cataluña sea ahora mayor motivo de inquietud para los votantes del PP que para los votantes de la antigua Convergencia, o que lo sea más para los votantes de Ciudadanos que para los votantes de Esquerra Republicana. De hecho, Cataluña ya es para los votantes de Ciudadanos un problema tan importante como la corrupción, asunto que había sido una de sus ideas-fuerza para reclamar el apoyo de los electores con inclinaciones reformistas. Para los votantes del PP, sin sorpresas, la independencia de Cataluña es ahora una cuestión más grave que la corrupción y solo la situación económica la deja en segundo lugar. ¿Acaso aquello que solidifica el apoyo del gobierno actual va a traer reformas?
3. La reforma territorial y el malestar democrático
La insatisfacción con la democracia está muy vinculada con la cuestión territorial. No siempre ha sido así, hace diez años la satisfacción con la democracia no solo era mayor (la media ha bajado de 5,4 a 4,6), sino que las preferencias territoriales importaban menos. Además, los autonomistas eran los más satisfechos, mientras que ahora son los que quieren recortar las competencias autonómicas (una opción que no se preguntaba entonces). La comparación entre 2016 (último dato útil en el CIS, tras las elecciones) y 2007 puede verse en los gráficos 1.1 y 1.2
La relación entre estas cuestiones se vuelve especialmente clara si se contempla a través de los partidos políticos. Fijémonos en el gráfico 1.3. Las posiciones de los electores (la media de los votantes) se toman como representativas del partido y se emplazan de acuerdo con su distancia a la posición media del conjunto de los ciudadanos, en unidades tipificadas. La correlación entre la posición media de los partidos en cuanto al modelo territorial y la satisfacción con la democracia de sus votantes es casi determinista: cuanto más favorable es el partido a una organización centralista, más satisfechos están sus votantes con el funcionamiento de la democracia en España; y al contrario.
Es necesario reparar en que la correlación es tan fuerte porque agrupamos a los votantes. La relación entre preferencias territoriales y satisfacción con la democracia en las personas es apreciable, pero no determinante (la correlación es -16%). Entre los individuos, las actitudes tienen muchas posibles causas y las correlaciones suelen ser débiles. Sin embargo, cuando pensamos en los partidos como actores -como si fueran representantes de su votante medio- una cosa se sigue de la otra de forma determinista (la correlación es -96%). Esto es un efecto un poco mecánico de la agrupación, pues las medias internas cancelan mucha variación en las opiniones. Pero el efecto no es menos real por eso, pues los partidos son los que organizan el marco de los debates y articulan las propuestas. La simplificación aritmética de la media sirve de modelo de la estructuración del espacio político que se produce por la representación partidista, donde unos pocos actúan en el nombre de muchos. Precisamente porque vivimos en un régimen de partidos y no en uno de esos que se llaman populistas, hay que tomarse seriamente el gráfico, y el hecho de que la cuestión territorial requiere una respuesta.
Los ciudadanos que quieren reducir las competencias autonómicas, así como el votante medio del PP, están pasablemente satisfechos con el funcionamiento de la democracia, lo que no se puede decir de los demás. Por algo será. Que lo celebre el PP es cosa lógica, que lo celebre el resto, incluyendo aquí a (gran parte de) Ciudadanos, se entiende menos. La responsabilidad de los partidos medios de cara al futuro de la democracia española es grande.