“Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo”. La famosa frase del expresidente de la Comisión Jean-Claude Juncker resumía excepcionalmente bien la incompatibilidad entre la percibida inevitabilidad de ciertas políticas económicas nacionales con las que algunos creían que había que responder a la crisis del euro y la aceptación ciudadana de dichas políticas. Esa incompatibilidad tuvo como consecuencia no solo la caída de muchos gobiernos, sino el tensionamiento de muchos sistemas de partidos en Europa. Sus consecuencias aún las sentimos hoy.
De acuerdo a uno de los argumentos dominantes de la época, una de las razones por las cuales la adopción de dichas políticas impopulares estaba generando tanto rechazo entre la ciudadanía era la débil legitimidad democrática de las instituciones supranacionales que las impulsaban. ¿Cómo iban a aceptar los electorados nacionales decisiones tomadas en el seno de la Comisión Europea, el Eurogrupo, o el Banco Central Europeo, instituciones sobre la cuales los ciudadanos percibían que tenían poca capacidad de control democrático, a diferencia de los gobiernos nacionales a los que podían sancionar en las urnas? ¿Generaban pues las políticas de austeridad más rechazo entre los votantes por el hecho de que no gozaban, a los ojos de muchos ciudadanos, de una clara legitimidad democrática?
Para responder a estas preguntas, Alexander Kuo (Oxford University) y yo mismo diseñamos una encuesta de opinión pública en el que preguntábamos sobre las posiciones de 6.000 entrevistados respecto a las políticas de ajuste fiscal (subidas de impuestos y recortes de gastos) y cuyo trabajo de campo se llevó a cabo en España en Octubre de 2015. Los resultados acaban de ser publicados en el artículo “Selling Austerity: Preferences for Fiscal Adjustment in the Eurozone Crisis”, en la revista Comparative Politics.
En el contexto de esta encuesta introducimos una serie de experimentos que nos permitían evaluar cómo variaban los resultados al enmarcar las políticas de ajuste fiscal de forma diferente. En concreto, a unos encuestados les preguntábamos por su opinión respecto a las políticas de reducción del déficit consistentes en recortes del gasto, a otros por las de aumentos de los impuestos, y a otros por las de reducción del gasto y de aumento de los impuestos. Igualmente, variábamos quién era el actor que defendía esas políticas: les decíamos que eran “políticas consistentes con las recomendaciones de las instituciones de la UE, de otros gobiernos europeos, o del gobierno alemán”. [Para más detalles sobre el diseño de la encuesta, ver el artículo original].
El gráfico 1 muestra cómo las respuestas variaban en función del “marco” de pregunta que recibían los encuestados. Aunque todas las políticas de ajuste eran recibidas por lo general con rechazo (solo un quince por ciento de la muestra en el grupo de control se mostraba a favor de las políticas económicas seguidas por el gobierno español para reducir el déficit), cuando estas políticas eran presentadas solo como recortes de gasto, el rechazo era algo menor. Aún más relevante, y contra nuestras expectativas, era que cuando estas políticas se presentaban como impulsadas por la UE, otros gobiernos europeos, o incluso por el gobierno alemán, el rechazo a estas políticas ni aumentaba ni disminuía (los efectos de estos “tratamientos” siempre eran indistinguibles de cero).
Gráfico 1. Efectos marginales de los tratamientos en las preferencias sobre las políticas de austeridad (referencia: apoyo a recortes en gasto y aumentos de impuestos, sin ningún “endorsement” de ningún actor político).
A continuación, para medir la sensibilidad a los costes que tendría violentar los compromisos fiscales del país con la UE, preguntamos a los entrevistados por el nivel de apoyo a una política en abstracto muy popular: aumentar el gasto dirigido a los grupos económicamente más desfavorecidos. Pero a dos grupos de encuestados seleccionados al azar añadimos dos “tratamientos” a esa pregunta: a unos les incluimos al final de frase “incluso si ello implica una subida de impuestos”, a otros les incluimos la frase “incluso si ello pone en peligro los compromisos fiscales del país con la Unión Europea”. Los resultados principales se presentan en el gráfico 2.
Gráfico 2. Preferencias por aumentar el gasto hacia los más desfavorecidos, en función del tratamiento (implica impuestos / pone en riesgo los compromisos fiscales con la UE), y de las posiciones sobre las consecuencias del euro para la economía.
Cuando la opción de aumentar el gasto en los más desfavorecidos se presenta de manera aislada, tres cuartas partes de los encuestados se muestran a favor de ella. Cuando la persona encuestada es confrontada con el hecho de que esta política puede implicar un aumento de impuestos, el apoyo a la política sigue siendo mayoritario, pero cae considerablemente (aproximadamente, hasta un 60% de apoyo). Lo para nosotros más relevante se muestra en la tercera parte del gráfico: cuando el coste de esta política es la puesta en riesgo de los compromisos fiscales de España para con Europa, la reducción del apoyo es también muy significativa. De hecho, para los ciudadanos que creen que el euro ha sido algo positivo para la economía española, la reducción de apoyo a la política cuando ella implica costes respecto a Europa no es estadísticamente diferente a la reducción cuando implica aumentos de impuestos. En resumen, una parte significativa de la población parece muy sensible a los costes “europeos” de políticas que en principio valora muy positivamente.
¿Puede esta sensibilidad hacia Europa explicar la tolerancia hacia las políticas de austeridad? En un último ejercicio, preguntamos a nuestros entrevistados sobre su visión general respecto a las políticas de ajuste, ofreciéndoles tres opciones: “las políticas de consolidación fiscal han sido positivas”, “han sido negativas pero necesarias”, o “han sido negativas”. Como muestra el gráfico 3, la mayor parte de los encuestados se concentran en las dos últimas categorías. Pero aquellos que tienen opiniones positivas respecto al euro tienden a ver las políticas de consolidación fiscal como un “mal menor” de manera significativa. En el artículo también llamamos la atención sobre el hecho de que las consecuencias distributivas de la recesión también están muy relacionadas con el grado de tolerancia hacia la austeridad: aquellos individuos que sufrieron reducciones considerables de ingresos durante la crisis aceptan mucho menos las políticas de austeridad como “necesarias”. En línea de lo que muchos antes que nosotros han encontrado, el apoyo al proyecto de integración parece resentirse notablemente cuando los ciudadanos experimentan reducciones importantes de bienestar.
Gráfico 3. Evaluación genérica de las políticas de consolidación fiscal (positiva, negativa pero necesaria, negativa) en función de la creencia sobre el papel del euro en la economía española.
En resumen, en España no parece que el hecho de que las políticas de consolidación fiscal vinieran promovidas por instancias supranacionales o europeas redujeran su (poca) popularidad. Casi más bien al contrario: nuestros datos sugieren que una parte importante de la ciudadanía es sensible a los costes que las políticas pueden tener de cara hacia nuestros compromisos fiscales con Europa. Parece claro que este ha sido un elemento que, al menos en nuestro país, ha contribuido a hacer algo más tolerables domésticamente las políticas de consolidación fiscal de la última década.
“Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo”. La famosa frase del expresidente de la Comisión Jean-Claude Juncker resumía excepcionalmente bien la incompatibilidad entre la percibida inevitabilidad de ciertas políticas económicas nacionales con las que algunos creían que había que responder a la crisis del euro y la aceptación ciudadana de dichas políticas. Esa incompatibilidad tuvo como consecuencia no solo la caída de muchos gobiernos, sino el tensionamiento de muchos sistemas de partidos en Europa. Sus consecuencias aún las sentimos hoy.
De acuerdo a uno de los argumentos dominantes de la época, una de las razones por las cuales la adopción de dichas políticas impopulares estaba generando tanto rechazo entre la ciudadanía era la débil legitimidad democrática de las instituciones supranacionales que las impulsaban. ¿Cómo iban a aceptar los electorados nacionales decisiones tomadas en el seno de la Comisión Europea, el Eurogrupo, o el Banco Central Europeo, instituciones sobre la cuales los ciudadanos percibían que tenían poca capacidad de control democrático, a diferencia de los gobiernos nacionales a los que podían sancionar en las urnas? ¿Generaban pues las políticas de austeridad más rechazo entre los votantes por el hecho de que no gozaban, a los ojos de muchos ciudadanos, de una clara legitimidad democrática?