Las consecuencias de cambiar el callejero franquista

La historia siempre es polémica. El 12 de octubre trajo consigo los tradicionales debates sobre cómo celebrar públicamente determinados eventos o personajes históricos, y si es necesario o no revisar este tipo de celebraciones, como festividades, monumentos o nombres de calles. En países con una experiencia previa de conflictos violentos, estos debates son aún más controvertidos. Este país tampoco es ajeno a éstos. A principios de mes, una manifestación en el distrito de Latina en Madrid reclamaba que la calle Millán Astray vuelva a llamarse calle de la Maestra Justa Freire, después de que el Ayuntamiento deshiciese el cambio que el equipo de Manuela Carmena hizo en 2017, siguiendo la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE diez años antes.

El debate que ha habido la última década sobre la revisión de la herencia del Franquismo y la Guerra Civil en los símbolos públicos—nombres de calles, monumentos, placas—no es único a España. En Estados Unidos se han quitado recientemente muchos monumentos y símbolos ligados al bando confederado de la guerra civil, motivado principalmente por el movimiento Black Lives Matter. Estos actos, en algunos casos, han generado protestas de movimientos supremacistas, en los que incluso ha llegado a haber víctimas mortales, como en Charlottesville en 2017.

En muchos países que han sufrido una guerra civil o un régimen autoritario, se llevan a cabo políticas de justicia transicional, medidas que tratan de reparar o corregir violaciones a los derechos humanos con el objetivo de reforzar la reconciliación y asegurar la paz. Una de las más famosas son las llamadas Comisiones de la verdad, organismos que intentan aclarar qué ocurrió durante un conflicto o una dictadura y recopilar un listado de víctimas. Hay ejemplos en Chile, Argentina, Sudáfrica, El Salvador, Guatemala o Nepal. Generalmente, la justicia transicional incluye una batería de medidas en la misma dirección, incluyendo, además de las comisiones de verdad, reparaciones económicas, la creación de museos de memoria histórica, procesos judiciales o la revisión de símbolos del espacio público.

Sin embargo, el efecto de estas medidas no está libre de discusión. Más allá de su justificación moral, algunos expertos afirman que la justicia transicional tiene un efecto positivo ya que fortalece el proceso democrático y cementan la reconciliación social. Pero también los hay que dicen que no sabemos realmente qué efecto tienen, e incluso hay quien dice que hacen más mal que bien, ya que aumentan las tensiones sociales y pueden contribuir a un aumento de la polarización política.

Existe investigación que indica que medidas como procesos judiciales, reparaciones económicas o visitar “museos de la verdad” pueden tener un efecto positivo en la reconciliación. Sin embargo, sabemos muy poco sobre qué efectos tiene revisar los símbolos del espacio público. En un artículo recién publicado en la revista Research and Politics indagamos precisamente en esto. Centrándonos en el contexto de España, nos preguntamos si el cambio de nombre de las “calles franquistas” en España ha tenido algún efecto en la opinión pública, especialmente entre los sectores conservadores que generalmente han estado en contra de la Ley de Memoria Histórica y la justicia transicional en España. Nos preguntamos: si un municipio retira los nombres franquistas de su callejero, ¿esto hace que los ciudadanos locales más conservadores se “radicalicen”?

Responder a esta pregunta no es sencillo. Si comparamos los municipios que primero cambiaron los nombres de las calles, probablemente encontremos que son más de izquierdas que el resto. Pero porque precisamente el hecho de que sean más de izquierdas es lo que explica que cambiasen los nombres de las calles. Los cambios de las calles no son aleatorios, si no que ocurren por las mismas dinámicas políticas locales que queremos explicar. Para solucionar este problema de endogeneidad, tratamos de encontrar algo similar a un experimento natural. Lo hacemos centrándonos en los municipios que aún tenían calles franquistas en 2016 –municipios conservadores por lo general–, y comparando la evolución en el voto a Vox entre 2016 y 2019 entre los municipios que quitaron calles franquistas en este periodo y los que no.

La Ley de Memoria Histórica de 2007, entre otras cosas, hizo obligatorio quitar los nombres franquistas que aún quedasen en el callejero público. Los responsables de esos cambios son los ayuntamientos. Muchos nombres de calles ya se habían cambiado antes, y otros se cambiaron después de la aprobación de la ley en 2007. Sin embargo, en 2016, aún quedaban muchos municipios con calles franquistas. Usando datos del callejero del INE, y clasificando los nombres de las calles como franquistas siguiendo el listado de la comisión de Madrid de 2017 (más algunos nombres que ya habían sido quitados de Madrid, como “Generalísimo”, “General Primo de Rivera”, etc.), el siguiente gráfico muestra el porcentaje de calles que aún quedaban con nombres franquistas durante los últimos años:

Lo que nosotros suponemos es que todos los municipios que aún tenían calles franquistas en 2016, sea por inercia política, sea por resistencia a la Ley de 2007, son más o menos similares. Se trata de municipios más conservadores que la media, más pequeños, y por lo general situados en provincias del centro del país. Además, dado que los municipios que cambiaron las calles por voluntad propia ya lo habían hecho antes de 2016, es bastante probable que los cambios de calles franquistas sucedidos entre 2016 y 2019 sean más o menos aleatorios, debidos, en muchos casos, a procesos legales que tardaron años en resolverse.

Con esta estrategia en la mano, comparando estos dos grupos de municipios y controlando por otros factores (por ejemplo, la población, que hubiese salido un alcalde de izquierdas en 2015 o la participación política en 2016), los resultados nos permiten estimar el efecto de quitar los nombres de calles franquistas en el cambio en votos a Vox, PP, y PSOE entre junio de 2016 y abril de 2019. Estos resultados se muestran en el siguiente gráfico:

Lo que los datos dicen, en resumen, es que en los municipios donde se quitaron nombres de calles franquistas entre 2016 y 2019 el apoyo electoral de Vox creció casi un punto (+0.7%), el del PP disminuyó en casi dos (-1.7%), y el del PSOE no tuvo cambios significativos. Es decir, que probablemente el cambio de nombres franquistas radicalizó a parte del electorado conservador, que pasó a apoyar a Vox en lugar de al PP. No hay un aumento general de la polarización, ya que no hay cambios entre el electorado de izquierdas, sino una radicalización dentro de las derechas.

Hay dos lecturas a estos resultados. La primera, más o menos coherente con el discurso de la derecha, es que ellos tenían razón: remover al pasado sí abre las heridas y crea divisiones sociales. El problema de esta interpretación es que sólo vemos un efecto entre individuos más conservadores, y no es atrevido pensar que se debe a que es precisamente la extrema derecha quien ha intentando potenciar el discurso contrario a la justicia transicional para movilizar a sus seguidores. La segunda lectura puede que sea más realista: quizás éste sea un efecto de la justicia transicional; al menos, a corto plazo. Esto no quiere decir que tengamos que abandonar este tipo de medidas, si no que tal vez haga falta acompañarlas de cierta campaña de concienciación que intente paliar estos efectos a corto plazo.

Estos resultados no son en ningún caso un argumento en contra de revisar el pasado. Además de la necesidad moral de este tipo de medidas, la justicia transicional probablemente tenga un efecto beneficioso a largo plazo, ya que fomenta la reconciliación y fortalece un aspecto fundamental de cualquier democracia: la rendición de cuentas. El discurso de la derecha contrario a estas medidas normalmente gira en torno a dos ideas: que el pasado es el que es y hay que dejarlo estar, y que la memoria histórica es un asunto privado que cada uno ha de llevar y revisar como él quiere. Pero ambos argumentos favorecen indirectamente la historia que se ha mantenido hasta ahora, dejando las heridas abiertas. Para cerrarlas, y evitar la polarización a largo plazo, hace falta revisar la historia colectiva. Incluso aunque haya que estar alerta de posibles efectos adversos a corto plazo.

La historia siempre es polémica. El 12 de octubre trajo consigo los tradicionales debates sobre cómo celebrar públicamente determinados eventos o personajes históricos, y si es necesario o no revisar este tipo de celebraciones, como festividades, monumentos o nombres de calles. En países con una experiencia previa de conflictos violentos, estos debates son aún más controvertidos. Este país tampoco es ajeno a éstos. A principios de mes, una manifestación en el distrito de Latina en Madrid reclamaba que la calle Millán Astray vuelva a llamarse calle de la Maestra Justa Freire, después de que el Ayuntamiento deshiciese el cambio que el equipo de Manuela Carmena hizo en 2017, siguiendo la Ley de Memoria Histórica aprobada por el PSOE diez años antes.

El debate que ha habido la última década sobre la revisión de la herencia del Franquismo y la Guerra Civil en los símbolos públicos—nombres de calles, monumentos, placas—no es único a España. En Estados Unidos se han quitado recientemente muchos monumentos y símbolos ligados al bando confederado de la guerra civil, motivado principalmente por el movimiento Black Lives Matter. Estos actos, en algunos casos, han generado protestas de movimientos supremacistas, en los que incluso ha llegado a haber víctimas mortales, como en Charlottesville en 2017.