Hace unos días causé cierta polémica con mi propuesta contra el Sindiós político de nuestro país: tener elecciones concurrentes. Para evitar que los partidos estén inmersos en una continua campaña, recortemos la posibilidad de que los presidentes de gobierno, central y autonómicos, aprieten el interruptor electoral. Otras democracias, como EEUU o Suecia, tienen fijado un día concreto para celebrar determinadas elecciones. El primer domingo de septiembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre, da igual. Lo importante es hurtar a los actores políticos la posibilidad de decidir estratégicamente cuándo acaba la función. Mejor que todos sepan que la espada de Damocles caerá implacablemente tal día de tal año que no que el Sánchez, el Aragonès o la Ayuso de turno la hagan caer a su conveniencia cuando deseen.
Pero, a pesar de que muchos ciudadanos están hartos de vivir permanentemente en una campaña electoral, existen muchas reticencias a restringir la capacidad de los gobiernos –sobre todo, de los más “importantes”: el nacional y las comunidades más históricas, como Cataluña o País Vasco, y las más postmodernas, como Madrid– para elegir libremente el momento de enfrentarse a las urnas. Los muchos amantes platónicos de la democracia de nuestro país consideran que, si todos los representantes políticos fueran elegidos el, pongamos, primer martes de febrero cada cuatro años, se perdería cierta magia democrática, o incluso se adulteraría la competición. Sería peligroso que, en el mismo momento, los ciudadanos depositáramos una papeleta para elegir a los concejales, otra para los diputados autonómicos y otras dos para Congreso y Senado. Nos liaríamos. Seríamos incapaces de distinguir quién es responsable de qué y votaríamos en bloque, por el mismo partido.
Pero la verdad es que, para empezar, ahora tampoco sabemos discriminar responsabilidades. De hecho, es peor. Por ejemplo, el liderazgo abrumador de Ayuso en las encuestas de las elecciones madrileñas no se puede explicar por su gestión al frente de la Comunidad. En prácticamente cualquier indicador de gestión de la pandemia, empezando por el exceso de mortalidad durante los meses más duros, Madrid es una de las peores, por no decir la peor, región de toda Europa. Sin embargo, Ayuso puede ganar porque lo que se dirime, a ojos de los electores, no es la gestión de la Comunidad (pésima) frente a la potencial gestión de un gobierno de Gabilondo, sino frente a la gestión de Sánchez para todo el país (mediocre). Es ahora, con las elecciones autonómicas y generales celebrándose en momentos distintos, cuando no es posible separar las esferas de responsabilidad de cada uno. Todas las contiendas son un referéndum sobre la política general.
Hagamos el siguiente ejercicio. Si el 4M hubiera también elecciones generales, un votante de centro descontento tanto con el extremismo de Ayuso como con el intervencionismo de Sánchez, podría castigar a ambos, optando por Gabilondo en las autonómicas y por Casado en las generales.
¿Es quimérico pensar que la gente vote a partidos distintos el mismo día? En primer lugar, me parece arrogante suponer que el electorado no está capacitado para hacer un juicio razonable. Pero, aunque al principio fuera difícil, iríamos aprendiendo con el paso de los años.
Es lo que ha pasado en otros países que, iluminados por una varita mágica en un momento dado, decidieron imponer elecciones concurrentes, como Suecia en 1970. La primera vez que los suecos tuvieron que introducir todas las papeletas en las urnas el mismo día (primer domingo de septiembre) votaron de forma bastante homogénea. Sólo un 6% votó a un partido en las locales y a otro en las nacionales. Pero desde entonces el voto diferenciado ha subido de forma constante y, en los comicios de 2018 (sí, hace casi tres años, y desde entonces no ha habido elecciones ni campañas en el país y los políticos se han tenido que entretener…gobernando) un 31% optó por partidos distintos para el gobierno local y el nacional. Es decir, parece que los electores son capaces de valorar de forma distinta a cada uno de los niveles administrativos: local, regional y nacional.
Los expertos detectan una segunda ventaja del voto simultáneo. Si las elecciones se celebran de forma separada, como ocurre en España, la probabilidad de que la gente haga un voto protesta es muy elevada. Por el contrario, las elecciones simultáneas reducen la relevancia del voto protesta y los electores se sienten menos inclinados a usar su voto para mostrar insatisfacción con el sistema.
Otra razón más para que votemos a todos nuestros representantes el mismo día. Por una democracia mejor, recortemos las elecciones.
Hace unos días causé cierta polémica con mi propuesta contra el Sindiós político de nuestro país: tener elecciones concurrentes. Para evitar que los partidos estén inmersos en una continua campaña, recortemos la posibilidad de que los presidentes de gobierno, central y autonómicos, aprieten el interruptor electoral. Otras democracias, como EEUU o Suecia, tienen fijado un día concreto para celebrar determinadas elecciones. El primer domingo de septiembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre, da igual. Lo importante es hurtar a los actores políticos la posibilidad de decidir estratégicamente cuándo acaba la función. Mejor que todos sepan que la espada de Damocles caerá implacablemente tal día de tal año que no que el Sánchez, el Aragonès o la Ayuso de turno la hagan caer a su conveniencia cuando deseen.
Pero, a pesar de que muchos ciudadanos están hartos de vivir permanentemente en una campaña electoral, existen muchas reticencias a restringir la capacidad de los gobiernos –sobre todo, de los más “importantes”: el nacional y las comunidades más históricas, como Cataluña o País Vasco, y las más postmodernas, como Madrid– para elegir libremente el momento de enfrentarse a las urnas. Los muchos amantes platónicos de la democracia de nuestro país consideran que, si todos los representantes políticos fueran elegidos el, pongamos, primer martes de febrero cada cuatro años, se perdería cierta magia democrática, o incluso se adulteraría la competición. Sería peligroso que, en el mismo momento, los ciudadanos depositáramos una papeleta para elegir a los concejales, otra para los diputados autonómicos y otras dos para Congreso y Senado. Nos liaríamos. Seríamos incapaces de distinguir quién es responsable de qué y votaríamos en bloque, por el mismo partido.