Despenalizar el aborto en El Salvador: una lucha por la vida

Manuela murió en prisión, donde no recibió un tratamiento adecuado para el cáncer que padecía. Beatriz pidió algo que no debería ser un privilegio, vivir, porque estaba gestando un feto que no tenía cerebro. María Teresa huyó de su país como si fuera una criminal. Evelyn acaba de ser condenada a 30 años de prisión por un “homicidio agravado”.

En El Salvador la vida de las mujeres vale menos. Y no sólo por las cifras de homicidios o los índices de violencia machista, sino porque está restringido el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sólo si se es pobre, claro. “Existe una persecución y criminalización a mujeres que han sufrido un aborto o a mujeres que no han tenido acceso a una interrupción del embarazo en el momento oportuno”, explica Sara García, de La Colectiva Feminista de El Salvador.

Muy recordado y narrado es el caso de ‘las 17’ –mujeres pobres encarceladas por problemas obstétricos durante su embarazo y sin acceso a la Sanidad–, y de la campaña internacional que se organizó para pedir su indulto. Pero el número de mujeres en prisión no para de crecer, cualquiera puede acabar entre rejas: el pasado 5 de julio Evelyn Hernández fue condenada a 30 años de prisión. “Tuvo un parto prematuro: según el estudio histopatológico, tenía de 28 a 32 semanas de embarazo. Su parto fue precipitado y extrahospitalario, lo que en medicina se considera una situación de emergencia; sin embargo, ella no tuvo ninguna asistencia especializada hasta que su mamá, con apoyo de un concejal, la llevó al hospital. En estas condiciones, tal y como se comprobó durante la audiencia, las posibilidades de supervivencia del recién nacido eran exiguas”, explican desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. “Evelyn tuvo una emergencia obstétrica, no atendida, que provocó la muerte de la criatura que estaba gestando y a ella le produjo una fuerte hemorragia. Un hecho muy desgraciado, pero no constitutivo de delito”, asegura Morena Herrera, defensora de derechos humanos en El Salvador.

Y es que, como explica otra integrante de La Colectiva, Angélica Rivas, “en un inicio las mujeres son procesadas por el delito de aborto, pero terminan siendo condenadas por el delito de homicidio. Y esto ocurre por la interpretación extensiva, que es un grave violación a los derechos de las mujeres”.

Que no haya más mujeres condenadas y criminalizadas tiene fácil solución. Desde hace más de diez meses está registrada una propuesta de reforma del artículo 133 del Código Penal que podría cambiar el destino de miles de mujeres y niñas. Sí, porque muchas de las afectadas por problemas en el embarazo son niñas: se han contabilizado 1.444 embarazados, “que fueron embarazos impuestos, con violencia sexual”, explica García durante una reciente visita Bilbao. Los cuatro causales por los que luchan son: embarazos que presentan riesgos para la vida y la salud de las mujeres, embarazos médicamente inviables (incompatibles con la vida extrauterina), embarazos producto de violación o trata de personas y embarazos producto de una violación de una menor de edad.

La propuesta legislativa, presentada en octubre de 2016, sigue sin pasar a pleno y está parada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea. “La Comisión pidió opiniones técnicas, como del Ministerio de Salud, el Instituto de Derechos de las Mujeres… Y pensamos: si van a preguntar, nosotras vamos a llevar nuestra opinión. Y promovimos que varias de nosotras presentaran opiniones, desde las sindicalistas hasta las jóvenes, para que hubiese no sólo la voz de un grupo. Finalmente, de las alrededor de 43 opiniones que se presentaron en la Comisión, el 92 por ciento fueron favorables a la despenalización”, recuerda Sara García, que trabaja desde el activismo político e internacional.

De hecho, han conseguido decenas de apoyos políticos llegados desde Chile (país que acaba de despenalizar el aborto en tres causales), Alemania, Estados Unidos, de europarlamentarias… “La estrategia ha sido que se den diferentes pronunciamientos y de diferentes espacios”, explica. Hace unos días, se entregaron 89.453 firmas de todo el mundo apoyando la iniciativa del cambio legislativo.

La opinión pública también está a favor del cambio penal: una reciente encuesta realizada por La Colectiva Feminista, en los 262 municipios del país, recoge que el 79% de la población considera que las mujeres deberían abortar cuando el embarazo es médicamente inviable, el 58% creen que las madres deben interrumpir el embarazo cuando su salud y vida está en peligro y el 66% afirma que las mujeres que sufren interrupción del embarazo de forma espontánea no deben estar sujetas a acciones penales. “Los salvadoreños piden que se cambie la ley. Tristemente las leyes no se apegan a las necesidades ni a los requerimientos de la población”, ha explicado Rivas.

Sara García lo tiene claro: “Podemos cambiar esta injusticia y dejar de ser este antimodelo que somos, podemos cambiar esa legislación para que al menos alivie la situación que estamos enfrentando y que está profundizando las brechas de desigualdad”. Y recuerda que este proceso de lucha, político, en la calle, en los medios, de ámbito internacional, les ha fortalecido, “estamos generando esperanza”.

 

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