Juani vive en un apartheid

¿Qué pasaría si la justicia o el Ejército de Francia, por ejemplo y salvando las distancias, entrara en España y detuviera a una persona, con un despliegue militar de película, y se la llevara a una prisión francesa y la encerrara durante días sin pruebas?

Creo que el escándalo, la condena y la respuesta serían unánimes y claras. Y no solo en España; seguramente eso que llaman “comunidad internacional” también saldría a la palestra escandalizada, porque ¿a quién se le ocurre?

Pues bien, el Ejército israelí entra cada día en zonas de Cisjordania que no están bajo su administración ni bajo su control militar y detiene a personas palestinas sin cargos y se las llevas a prisiones israelíes, donde pasan días sin saber por qué están allí y, por tanto, sin opción de defensa. La española Juana Ruiz Sánchez, conocida como Juani, ha sido una de las últimas que está sufriendo esta violación de los derechos humanos.

“La detención tuvo lugar el martes, 13 de abril de 2021, a las 5.45 de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de la ciudad de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana Ruiz Sánchez para interrogarla”, cuenta el entorno de la detenida que ha creado la campaña #LibertadJuani para denunciar la situación y exigir la liberación de la trabajadora humanitaria. Porque Juana es eso, una trabajadora humanitaria vinculada a Health Work Committe (HWC) desde 1993. Su trabajo está relacionado con labores administrativas y de gestión, de hecho, solía buscar fondos de entidades españolas, así como de cooperación y ayuda humanitaria para poder realizar tareas de prevención sanitaria en las aldeas de Cisjordania o vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, entre otras labores. Son las organizaciones no gubernamentales las que en gran parte de las ocasiones ofrecen sanidad a gran parte de la población palestina, aquella que no es funcionaria pública y que no se puede pagar un seguro privado

“A pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizá precisamente por eso, la HWC está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina”, explica el manifiesto que pide la libertad de Juana Ruiz. En el mismo documento también se explica que unos días antes de la detención de la trabajadora española, el Ejército israelí allanó la oficina central de HWC, que cuenta con 14 clínicas en territorio bajo la Autoridad Palestina, y detuvo al responsable del Departamento de Contabilidad, Tayseer Abu Sharbak, que continúa en prisión, y se llevó equipos informáticos y documentación. La misma fuente indica que también está detenido Saeed Abbad, el que fuera hasta hace dos años responsable del Departamento de Contabilidad de la organización sanitaria. Esta organización lleva tiempo siendo atacada por el Ejército de Israel, ya en octubre de 2019 Walid Abu Ras, director financiero de la organización, fue detenido.

“La organización cree que el ataque a las instituciones palestinas y el arresto de los empleados se enmarca dentro de los ataques sistemáticos seguidos por la ocupación [por Israel] contra los palestinos y sus instituciones”, decía un comunicado de HWC de hace más de un año, en el que también denunciaba “los métodos de tortura utilizados contra los prisioneros y detenidos palestinos desde el momento de su arresto hasta que son llevados a un centro de detención para su interrogatorio”.

Lamentablemente, aunque la situación de la ciudadana española haya tenido eco mediático y el Gobierno español haya anunciado su implicación (representantes diplomáticos estuvieron presentes por ejemplo en la cuarta vista que ha tenido la detenida), este no es un caso excepcional. Al contrario. “No es un caso aislado, sino una política sistemática de Israel que busca el desmantelamiento de la sociedad civil palestina y de sus organizaciones”, cuenta otra trabajadora humanitaria española.

Addameer es una organización de derechos humanos y de apoyo a prisioneros de Palestina que nació hace más de 25 años. En estos momentos, según los datos de esta organización no gubernamental, de los 4450 prisioneros políticos palestinos en cárceles israelíes, según la terminología de la propia organización, 440 sufren detenciones administrativas, un concepto jurídico bajo el cual la persona detenida no sabe por qué lo está y, por tanto, no puede defenderse.

“La gente puede estar detenida ocho años sin saber por qué, y así pueden arrestar a cualquiera. Las detenciones son de máximo seis meses, pero se pueden prorrogar indefinidamente”, explicaba Sahar Francis, directora de Addameer a una delegación de personas que viajó en 2018, con la organización Sodepaz, a los territorios palestinos ocupados. “Ni el detenido ni su abogado no pueden acceder a la información o las pruebas secretas y, según las órdenes militares israelíes, una orden de detención administrativa puede renovarse por tiempo ilimitado”, explica Addameer en su web.

“Aunque el uso de la detención administrativa de manera generalizada y sistémica está prohibido por el derecho internacional, la ocupación israelí la utiliza como una herramienta para el castigo colectivo contra los palestinos”, añade esta organización. Michael Lynk, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, ha denunciado también recientemente el “castigo colectivo” que Israel está ejerciendo sobre la población palestina.

Durante el citado viaje a territorios palestinos ocupados, la mayor parte de las y los palestinas entrevistadas habían sido detenidas bajo este parámetro. Por ejemplo, Omar Nazzal, periodista en Jenin, contó que hasta entonces había sido detenido 13 veces: “No dicen por qué te detienen, hacen detención administrativa, pero creo que es por mis artículos y mis declaraciones”, afirmaba. “Se usa contra activistas, periodistas, profesores, políticos… Con la detención administrativa sí hay representación legal, pero solo el juez accede a la ficha secreta, que los abogados no tienen. Son los casos más difíciles porque no sabes de qué defenderte”, continúa Francis, quien cuenta que es una herramienta muy usada en determinados periodos.

La abogada explica además que las personas detenidas están en cárceles israelíes, es decir, en otro país, con presos israelíes y en módulos de seguridad, con más restricciones de movimientos y con dificultades para recibir las visitas de familiares. Addameer lanzó el pasado mes de marzo la campaña #AgainstMilitaryCourts en la que denunciaban que el sistema judicial militar israelí se ha convertido en una parte inseparable del aparato del apartheid israelí “que ejerce prácticas injustas e ilegales contra los palestinos”. Y apuntaba también que “la ilegalidad de los tribunales militares israelíes va más allá de las graves violaciones del derecho a un juicio justo. La base de su establecimiento y jurisdicción en sí misma es una grave violación de las normas y principios internacionales. También es un sistema judicial intrínsecamente ligado al uso de malos tratos y tortura contra palestinos, especialmente durante el proceso de interrogatorio”.

Durante aquel viaje de 2018, Juani Sánchez fue la primera persona que conoció la delegación al llegar a Cisjordania. En la sede de Health Work Committe de la ciudad de Beith Sahur, la trabajadora explicó la labor de su organización (atienden anualmente a unos 350.000 pacientes en Cisjordania) y la persecución que recibían (por ejemplo, no podían trabajar en Jerusalén).

El pasado 27 de abril Human Rights Watch publicó el informe 'A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution' ('Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución') en el que se denuncia el trato que recibe la población palestina por parte de Israel y la situación de apartheid que se está dando, a través de un sistema de discriminación y opresión institucional. “La gravedad de la represión en el territorio ocupado, incluyendo la imposición de un régimen militar draconiano a los palestinos, mientras que los israelíes judíos que viven de forma segregada en el mismo territorio gozan de todos sus derechos, equivale a una opresión sistemática necesaria para la existencia del apartheid”, dice la organización internacional, quien también habla de crímenes de lesa humanidad.

¿Qué pasaría si la justicia o el Ejército de Francia, por ejemplo y salvando las distancias, entrara en España y detuviera a una persona, con un despliegue militar de película, y se la llevara a una prisión francesa y la encerrara durante días sin pruebas?

Creo que el escándalo, la condena y la respuesta serían unánimes y claras. Y no solo en España; seguramente eso que llaman “comunidad internacional” también saldría a la palestra escandalizada, porque ¿a quién se le ocurre?