Un día como hoy de hace una década, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. La banda ponía así fin a 40 años de terrorismo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la mayoría de los partidos se congratularon por lo que podía significar, como así fue, el inicio de un camino que llevó, pocos años después, a la disolución definitiva de ETA. La mayoría, pero no todos. Ya entonces el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy y ante unas inminentes elecciones generales, mostró su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. No fue la única vez en un proceso que, 10 años después, ha sumado un nuevo hito con la Declaración del Dieciocho de Octubre, con la que la izquierda abertzale se disculpó el pasado lunes con las víctimas del terrorismo separatista vasco. Tampoco en este caso el PP se ha dado por satisfecho y ha aprovechado, una vez más, para atacar al Ejecutivo de coalición.
Rajoy tomó el mando del país apenas un mes después de que ETA anunciara el cese de la violencia el 20 de octubre de 2011. Exactamente un mes después, el PP arrasó en las elecciones generales y logró el mejor resultado que nunca ha obtenido: 186 diputados. Rajoy se encontró así gestionando un proceso de paz que su partido había criticado y torpedeado en múltiples ocasiones, e incluso se enfrentó a los negociadores internacionales que intentaban colaborar en el fin de cuatro décadas de terrorismo.
Aquel 20 de octubre de 2011, el por entonces portavoz de Interior del PP, Ignacio Cosidó, se desmarcó del resto de partidos con una frase que reflejaba que, en este asunto, su partido no se encontraba cómodo: “No vale con que ETA diga que no va a utilizar más las pistolas si se queda con ellas. Para ser creíble debe entregarlas”. Rajoy, fiel a su estilo, no quería que se le relacionara con el asunto, aunque sí aceptó que el Gobierno de Zapatero le tuviera puntualmente informado de cómo avanzaba el proceso.
El problema es que, según relataba este mismo martes en elDiario.es Jonathan Powell, el ex jefe de gabinete del que fuera primer ministro británico, Tony Blair, y uno de los intermediarios con la banda, “el PP puso en peligro el proceso de paz”. Y seguía: “El Gobierno del PP decidió que no había que mantener contacto alguno con ETA y no hizo ningún esfuerzo para la disolución de la organización o para hacerse con las armas”.
Con todo, la entrega de armas llegó. Pasaron seis años, dos elecciones generales y la pérdida de la mayoría absoluta del PP, que provocó que comenzara a necesitar a otros grupos parlamentarios para poder sacar adelante sus políticas. Entre ellos, el PNV. En abril de 2017 ETA comenzaba el proceso de desarme con la entrega de ocho zulos, 118 armas y casi tres toneladas de explosivos.
Unas semanas antes, el lehendakari Iñigo Urkullu se reunió en la Moncloa con Rajoy y le comunicó el paso que iba a dar la banda terrorista y le pidió que facilitara el proceso, según publicó El País. Era el Ejecutivo vasco el que informaba al español de cómo iba el proceso. En mayo de ese año, el Gobierno logró aprobar los Presupuestos Generales con varios meses de retraso.
Unos años antes, en 2014, ya se habían producido pequeños avances en el desmantelamiento de ETA. La propia banda selló uno de sus zulos, un acto que el Gobierno vasco calificó de “pequeño paso no suficiente”. Para el PP vasco de entonces, que lideraba Arantza Quiroga, hoy desaparecida de la política activa, todo iba bien, pero no era suficiente. “Asistimos al final de ETA, pero lo de hoy no aporta nada”, dijo Quiroga.
En 2017, el relato del PP no había cambiado un ápice. Pese a que ETA se comprometió a desarmarse ante el mundo, con un comunicado en la BBC, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, le restó importancia y exigió la disolución de la banda terrorista. El vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, lamentó que “algunos” intentaran hacer del desarme de ETA una noticia “de la que sacar pecho”.
Esa disolución que pedía el PP llegó un año después. El 2 de mayo de 2018 ETA anunció por carta el desmontaje completo de “todas sus estructuras”. En aquella misiva, los terroristas ya reconocieron “el sufrimiento provocado”. En un vídeo remitido a la BBC, el histórico dirigente Josu Ternera leía el último comunicado de la banda como tal. Ese día, el presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, dijo: “ETA acaba pero la democracia sigue adelante”. Su predecesor en el cargo y exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, decía que el anuncio de la disolución de ETA suponía la “legalización” y legitimación de la banda.
Contra la reinserción de los presos
Antes de que ETA diera los pasos de la última década, el Estado puso en marcha proyectos que buscaban una salida a un conflicto que podía enquistarse por muchos motivos. Uno de ellos era la situación de los presos de la banda, el alejamiento de sus familias e incluso su posible reinserción.
El Gobierno de Zapatero puso en marcha la llamada vía Nanclares, que básicamente articuló un protocolo para que los etarras que hubieran renegado de su pasado y de la banda pudieran culminar el proceso con el perdón de las víctimas, además de abonar indemnizaciones. En cuanto Rajoy llegó al Gobierno, los encuentros se zanjaron, para desazón de algunas de las víctimas y de quienes veían en la ruptura del autodenominado frente de makos (es decir, el grupo de presos de ETA) un modo de vencer a los terroristas. El PP vasco pidió en 2014 que se retomaran, sin éxito.
O no inmediato, porque unos años después el PP se abrió. Su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, aseguró en 2017 que “cualquier preso de ETA que quiera volver al País Vasco tiene abierta una vía, que es la 'vía Nanclares', que requiere algunos requisitos, como el del arrepentimiento, el del reconocimiento de los hechos y el de la petición de perdón a las víctimas”. Eran, de nuevo, los tiempos en los que el Gobierno de Rajoy ya no tenía mayoría absoluta.
Una década después del cese de la violencia, la izquierda abertzale ha dado otro paso al renegar de ETA. Pero tampoco ahora el PP se ha felicitado por lo ocurrido. El presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, al que Pablo Casado puso en el cargo, calificó el lunes de “repugnantes” las palabras de Otegi porque “se ríe a la cara de las víctimas”.
Su jefe de filas no se quedó atrás al asegurar que “Otegi no es un hombre de paz sino un terrorista, y ETA fue derrotada policial y judicialmente no por cesiones de Zapatero”. Minutos antes del comunicado de la izquierda abertzale, Casado había reclamado que pidieran perdón. Con él, otras figuras destacadas del PP arremetieron contra el paso dado por Bildu. La secretaria de Organización, Ana Beltrán, dijo en Twitter que Otegi es “una lacra para la democracia”, mientras la diputada Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, añadió: “No sientas tanto y comienza condenando cada uno de los asesinatos que tú aplaudías”. “Empiecen ustedes a confesar quiénes fueron los autores de los 379 crímenes que están sin resolver, paren de hacer homenajes a etarras y condenen de una vez el terrorismo de ETA”, aseguró la también diputada Teresa Jiménez-Becerril, hermana de otro asesinado por la banda terrorista.
El martes, el partido ha dado un paso más al intentar romper un consenso de mínimos al presentar dos “adendas” a la declaración institucional que prepara el Senado en el décimo aniversario de ese cese definitivo de la violencia. En una rueda de prensa, Maroto vaticinó que sus añadidos harán que decaiga la declaración, que exige unanimidad para ser aprobada: “O bien el texto que presenta el Grupo Socialista va a estar descafeinado y no va a incluir expresamente la condena al terrorismo de ETA o bien Bildu no lo va a apoyar”.
Además, tanto en el Senado como en el Congreso, el PP ha presentado sendas iniciativas instando al Gobierno a que excluya de sus pactos a “partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA”, informa Iñigo Aduriz. El PP pide al Ejecutivo que construya una “memoria democrática” en base a “la culpa absoluta de ETA y de los movimientos sociales que apoyaron o justificaron unos crímenes que deben ser considerados de lesa humanidad”, prohibir “símbolos en recuerdo de ETA”, impedir “los homenajes a etarras” o “excluir de los pactos y acuerdos políticos promovidos desde el Gobierno a los partidos que no condenan explícitamente los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia”. Otro hito más en el complicado camino del final del terrorismo que el PP recibe con más disgusto que alegría.