La legislación penitenciaria reconoce el derecho de los reclusos a “comunicar periódicamente” con sus familiares, amigos y abogados salvo en caso de limitación judicial. Esos contactos —considerados claves para el bienestar social y emocional de los internos y, en consecuencia, para la convivencia en las cárceles— tienen lugar a través de encuentros familiares o íntimos y, especialmente, de llamadas telefónicas. Unas llamadas que, sin embargo, tienen un precio “demasiado elevado” según denuncian expertos y abogados.
Instituciones Penitenciarias confirma a elDiario.es que una llamada de ocho minutos desde la cárcel puede costar hasta 2,45 euros. Ese es el precio de las comunicaciones a móviles en horario normal (de lunes a viernes de 8 a 20 horas), que suelen ser las más habituales según las fuentes consultadas.
El precio se reduce a 1,70 euros por ocho minutos si la llamada se realiza a un móvil en horario reducido (lunes a viernes de 0 a 8 horas y de 20 a 24 horas y sábados, domingos y festivos durante todo el día). Las llamadas a fijos sí son más baratas: 0,28 euros por ocho minutos en la misma provincia y 1,13 si es al resto del territorio nacional. Desde la pandemia, los presos pueden hacer 15 llamadas a la semana —antes eran diez— y cada una de ellas puede durar ocho minutos como máximo. Por tanto, si un recluso usa el máximo de comunicaciones telefónicas que se le permiten podría llegar a gastar semanalmente hasta 36,75 euros. Mensualmente, la cantidad rondaría los 150 euros.
Según la información facilitada por Instituciones Penitenciarias, estos precios, que se redujeron en marzo de 2020, están algo por debajo de lo que cuesta llamar desde otros teléfonos públicos de pago como las cabinas instaladas en las calles. No obstante, sí están muy por encima de las tarifas que se pueden encontrar en el mercado libre, donde abundan los planes a precio cerrado con llamadas ilimitadas tanto a fijos como a móviles.
Cada preso tiene diez números autorizados por la dirección y costea sus comunicaciones a través de las llamadas cuentas del peculio, en las que su entorno les ingresa fondos para hacer frente a los gastos dentro de la prisión y donde también reciben el dinero por sus actividades laborales en talleres penitenciarios, en caso de que las realicen. El límite de gasto semanal está fijado en 100 euros. Y con ese saldo deben hacer frente a estas llamadas y a las compras que realicen en el economato.
Además, en Instituciones Penitenciarias explican que las prisiones y Centros de Inserción Social dependientes del Ministerio del Interior cuentan con subvenciones para dar ayudas “puntuales” para comunicaciones telefónicas, entre otras circunstancias, a quienes no tienen recursos. Y la ley prevé también las visitas presenciales de familiares y abogados.
Beneficios millonarios
La actual proveedora del servicio es Telio Iberia SLU, una compañía dedicada exclusivamente a la comercialización, instalación, gestión y explotación de las telecomunicaciones de uso público en Instituciones Penitenciarias. La sociedad, cuya matriz está en Holanda, fue constituida en septiembre de 2016 tras la escisión parcial de Telefónica Telecomunicaciones Públicas, la histórica filial de cabinas de Telefónica.
El contrato se remonta al año 1994, cuando fue adjudicado a Telefónica. Desde entonces se ha actualizado en varias ocasiones, la última en 2019. Ese año, el sistema de tarjetas físicas para el pago de las llamadas se cambió a uno de pin digital a través de una adenda por la que se acordó una digitalización urgente. La idea es sacar de nuevo a concurso el servicio próximamente, confirman desde Instituciones Penitenciarias.
La información depositada en el Registro Mercantil da cuenta del beneficioso negocio que supone gestionar las llamadas desde prisión. La facturación de Telio Iberia SLU alcanzó en el ejercicio 2019/2020 los 10,46 millones de euros y sus beneficios fueron de 5,03 millones. Es decir, la compañía ganó prácticamente la mitad de lo que facturó. Un resultado que superó al del ejercicio anterior, en el que el importe neto de la cifra de negocio fue de 9,69 millones y los beneficios alcanzaron los 4,46 millones de euros. Las cuentas también recogen el reparto de 1,46 millones en dividendos con cargo al ejercicio 2019/2020 y no reflejan la existencia de personal asalariado.
Los ingresos de la compañía “corresponden principalmente a la venta de tarjetas telefónicas a los centros penitenciarios localizados en el territorio nacional”, recogen las cuentas. Los ingresos por la venta de estas tarjetas alcanzaron en el último ejercicio auditado los 10,9 millones de euros, a los que hay que restar 684.000 euros en “descuentos de tarjetas prepago”.
La propia memoria de la compañía refleja que su facturación se “disparó” en marzo de 2020 respecto a los meses precedentes porque la sociedad aconsejó a los centros penitenciarios que aumentaran los pedidos de tarjetas ante la posible dificultad de suministrarlas durante el confinamiento.
A preguntas de elDiario.es, un portavoz de Telio Iberia SLU explica que los precios de las llamadas “obedecen a lo que marca la ley” en tanto que existen unos precios regulados de una tarifa base publicada por el operador Telefónica de España para las tarifas en el hogar, hay un recargo también regulado para telefonía de uso público y finalmente los centros penitenciarios disponen de un precio con un descuento sobre el regulado anterior.
Tarifas “desproporcionadas”
Muchos internos consideran excesivo el precio de las llamadas desde prisión. “Estas tarifas obligan a hacer un esfuerzo muy grande a los familiares. En mi caso, mi mujer y mi madre. Yo nunca llegué a hacer uso de todas las llamadas por falta de medios y a mi abogado solo lo llamaba si era muy urgente. Pero había otros compañeros que apenas podían comunicar por falta de dinero”, afirma un hombre que pasó tres años y un mes preso en los centros de Sevilla I y Huelva y que prefiere no ser identificado.
“Alguien se está enriqueciendo a costa del más desvalido. Es inconcebible e imposible pagar 150 euros en llamadas mensualmente. El derecho a comunicar de los internos existe pero solo para los ricos o familiares que se sacrifiquen”, dice el familiar de otro recluso que también pide anonimato.
Las tarifas telefónicas desde la cárcel también son “desproporcionadas” para la abogada Marina Fernández, que recuerda que la mayoría de la población reclusa procede de situaciones de vulnerabilidad y que, en muchas ocasiones, sus posibilidades económicas, familiares y sociales son precarias. “Es muy injusto. El contacto con el exterior es clave para las personas que están privadas de libertad. Muchas de ellas tienen, además, problemas psicológicos o de consumo de drogas”, afirma esta letrada. Las llamadas a móviles, que son las de precio más elevado, son las más habituales según su experiencia. “Muchos abogados ni siquiera tienen teléfonos fijos”, sentencia.