25.000 criminólogos buscan su propia ley

“El problema está en que la Administración pública todavía no sabe muy bien a qué nos dedicamos”. Con estas palabras resume la realidad que viven miles de profesionales día a día el vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología madrileño, Abel González. Junto a las demás entidades colegiadas, han presentado un proyecto de ley para que sus funciones estén delimitadas y así evitar que otros perfiles las ocupen. Mientras que la empresa privada sí ha sabido dar salida a estos profesionales, el ámbito público se queda atrás, denuncian.

Se presentan como los principales expertos en tratamiento y evaluación de la delincuencia, del riesgo de reincidencia en el ámbito penitenciario o en el análisis de iniciativas legislativas en el ámbito de la política criminal y pelean contra las trabas que la Administración pública pone a su contratación. El camino más corto es contar con su propia ley.

“En el borrador que hemos presentado a diferentes ministerios y partidos políticos definimos claramente las funciones del criminólogo para clarificar el panorama, encontrar más huecos y poder trabajar en espacios multidisciplinares”, comenta el vicedecano del colegio profesional, quien afirma que la norma que ansían no conlleva ningún cargo a los presupuestos, ya que está orientada a la regulación.

Establecida como grado universitario propio en 2003, todavía ninguna normativa clarifica las competencias. “En una sociedad moderna como la nuestra, es impensable que no existiera un marco jurídico que regulase la profesión de criminólogo”, recoge el preámbulo del proyecto de ley que manejan desde los colegios profesionales. “La importancia de esta profesión radica en que desarrolla los aspectos preventivos de la conducta delictiva, del comportamiento antisocial o desviado y de los problemas de convivencia a través del análisis en profundidad de los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia”, añaden.

En definitiva, la normativa vendría a paliar una problemática que afecta a los aproximadamente 25.000 graduados en criminología que a día de hoy existen en España. “En el sector público tenemos muy poca inserción, tan solo a través de proyectos con diversas instituciones, sobre todo de ámbito penitenciario”, aduce González. De todas formas, su inserción laboral roza el 80%, aunque “efímera, con proyectos de poco tiempo”, puntualiza el vicedecano del Colegio madrileño. En el caso de puestos de trabajo más permanentes, la inserción baja al 40%.

Antes la privada que lo público

Begoña de Madrid es directora de seguridad en el sector de las telecomunicaciones, criminóloga especializada en seguridad corporativa: “Estudié derecho y criminología y la frustración comenzó muy pronto, porque ni siquiera los propios profesores sabían a ciencia cierta a qué nos podíamos dedicar”, comenta. Desde su punto de vista, en España sucede lo que en otros tantos países de alrededor, donde “te proponen una carrera muy bonita pero en la que nadie te ayuda a enfocarte en una salida profesional”.

Ella terminó en México, trabajando en el departamento de seguridad de Amazon. “Cuando volví a España en 2017, vi que las ofertas laborales estaban en el sector privado. El sector público todavía desconoce qué puede hacer un criminólogo”, opina. Aunque sí le hubiera gustado trabajar para la Administración, este muro contra el que se enfrentaba de no encontrar oportunidades laborales para sus estudios hizo que desechara la idea. “Que no haya una legislación al respecto lo único que consigue es que lo público siempre se quede por detrás de lo privado”, resume.

Además, la aprobación de la ley también busca ordenar algunas competencias que todavía no están claras y que son exclusivas de algunos profesionales. De Madrid lo ejemplifica con el ámbito de la investigación a través de detectives. “La regulación no solo ayudaría a la Administración a contratar perfiles más experimentados y concretos para unas necesidades, sino para eliminar ciertos conceptos difusos y la rivalidad que se crea entre sectores profesionales”, añade esta criminóloga.

Hacerse fuerte como lobby

El presidente del Col·legi Oficial de Criminología de Catalunya, Ángel Párraga, asume que el sector todavía está en fase de profesionalización. “Todo lo que existía antes de la creación del grado universitario eran títulos propios que complementaban otros estudios de derecho o del ámbito de la psicología, por ejemplo”, introduce. Este profesor de la Universitat de Barcelona (UB) explica: “Muchas de las competencias que deberíamos tener los criminólogos, para lo que nos forman en las universidades, las ocupan otros perfiles”.

Con una antigüedad de cinco años, el colegio catalán está enfocado en conseguir el mayor número de colegiados, pues formar parte de él no es obligatorio para ejercer la profesión. “Queremos ser más representativos y llegar a los círculos de poder, donde se hacen las normas, para que se nos incluyan dentro de las leyes”, prosigue el también policía local de Hospitalet de Llobregat.

Sin noticias en el Ministerio de Justicia

Según remarca el vicedecano madrileño, “es esencial que el Ministerio de Justicia dicte un informe favorable al proyecto. Por el momento, parecen estar receptivos”. En cambio, desde la cartera ostentada por Félix Bolaños han asegurado que no tienen constancia del registro de ninguna propuesta relacionada con una ley que regule la profesión de la criminología.

Los vaivenes con este Ministerio no son nuevos. La Comisión Intercolegial que reúne a todos los colegios profesionales de criminología de España envió hace unos meses una comunicación al antiguo comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. Su objetivo era que intercediera ante el ministro de justicia español, Félix Bolaños, para que se reuniera con las entidades colegiadas. “Menos mal que la situación ha cambiado y parece que las negociaciones avanzan”, enfatiza el mismo González. El Ministerio de Justicia no ha respondido a las diferentes cuestiones planteadas por este medio.

La criminología más allá del crimen

Por el momento, los diversos colegios de criminología de España orientan todas sus fuerzas en la aprobación de la ley. En el mismo preámbulo del proyecto, reflejan en 15 puntos en qué ámbitos de especialización la criminología puede y debe aportar sus conocimientos. Entre ellos, está la ayuda en la prevención de la delincuencia y reacción frente al delito, en el ámbito policial; protección de los activos de las empresas, en el ámbito de la seguridad privada; o la aportación de datos e investigaciones aplicadas en cualquier tipo de jurisdicción, en el ámbito judicial.

“Sabemos que somos una ciencia institucionalizada en la universidad muy joven, pero ya es hora de que la Administración regule esta profesión tan necesaria en el siglo XXI, cuando una de las mayores preocupaciones de la población es la seguridad. Esperamos que se apruebe la ley en el menor tiempo posible. Mientras tanto, nosotros seguiremos luchando por hacer valer la figura del criminólogo que tanto aporta a la sociedad”, finaliza González.