Las investigaciones abiertas por la Fiscalía en residencias ascienden a 86

Las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía a residencias de todo el país han ascendido a 86, casi la mitad de ellas desarrolladas en la Comunidad de Madrid, al tiempo que se han cursado hasta ahora 126 diligencias en el ámbito civil. La intención es aclarar las circunstancias del elevado número de ancianos fallecidos en ellas por coronavirus.

Son datos actualizados a 20 de abril y ofrecidos este martes por la Fiscalía General del Estado y suponen más del doble de investigaciones de las que informó el pasado viernes el ministerio público, que ha advertido en un comunicado que la cifra puede variar en función del transcurso de las diligencias.

Por comunidades, la cifra más alta de investigaciones de carácter penal corresponde a Madrid, con un total de 40; seguida de Cataluña, con 20, de las que 18 corresponden a la provincia de Barcelona, según informa la Fiscalía, que no ha precisado los presuntos delitos por los que se incoaron las diligencias. En Castilla y León, la Fiscalía investiga a siete residencias; a cinco en Castilla-La Mancha y en Extremadura; y a una en Aragón, las islas Canarias, Cantabria y La Rioja.

Diligencias abiertas tras las denuncias de familiares o trabajadores de los centros, entre otros, y cuya cifra podría variar la semana que viene en función de cómo se vayan desarrollando o de si se reciben nuevas denuncias, precisa la Fiscalía, que se ha comprometido a actualizar periódicamente los datos en la medida de lo posible.

Pero aparte de estas investigaciones penales, el ministerio fiscal también tiene abiertas 126 diligencias civiles, que se enmarcan en la labor de protección de los derechos individuales y de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es recopilar información sobre la situación en la que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, vigilar su evolución y resolver problemas puntuales, explica el comunicado. En el marco de estas diligencias, según el ministerio público, los fiscales también han atendido las solicitudes de auxilio de los responsables y trabajadores de los centros, así como de los familiares.