El PP amenaza con llevar a los tribunales la actividad ordinaria del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quiere judicializar el debate político llevando ante los tribunales parte de la actividad ordinaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Todos los decretos sociales aprobados por el Ejecutivo en las últimas reuniones del Consejo de Ministros, así como los que verán la luz en las próximas semanas –hasta la celebración de los comicios– serán recurridos por el PP ante la Junta Electoral Central, antes de su convalidación en el Congreso de los Diputados. 

El argumento de Casado para acudir al máximo órgano de la administración electoral es que con la aprobación, el pasado viernes, de reales decretos como el de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación –que amplía, por ejemplo, los permisos de paternidad a 16 semanas– o el de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, el Ejecutivo de Sánchez está “metiendo la mano en el bolsillo a los españoles para hacer campaña electoral”.

Ante la disolución de las Cortes, que se materializará este martes con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria de elecciones, acudir a la Junta Electoral Central es el primer paso que contempla el presidente del PP, que anunció su iniciativa este lunes, durante un desayuno informativo en Madrid.

Si ese órgano compuesto por magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos, el secretario general del Congreso de los Diputados y el director de la Oficina del Censo Electoral no paraliza los decretos del Gobierno antes de su convalidación en el Congreso –ante la disolución y hasta la composición de la nueva Cámara tras el 28A el único órgano capaz de convalidarlos será la Diputación Permanente–, Casado no descarta llevar todas esas iniciativas legislativas ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué dice la legislación electoral?

Las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo el viernes pasado, y las que prevé aprobar en las próximas reuniones del Consejo de Ministros, en los que desde Moncloa han bautizado como los “viernes sociales” –algunas de las iniciativas encima de la mesa son el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años o una posible derogación de la reforma laboral– se enmarcan, sin embargo, en la actividad ordinaria del Gobierno.

La legislación electoral establece que el Ejecutivo mantiene plenas facultades hasta el mismo día de las elecciones generales. Será entonces, el 28 de abril, cuando se producirá el cese del Ejecutivo, que continuará en funciones hasta que se forme el nuevo Gabinete que resulte de las urnas.

Entonces sí, las competencias del Gobierno estarán limitadas, según la ley que regula su funcionamiento, “al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

Incluso estando en funciones, el Ejecutivo podrá aprobar reales decretos siempre que justifique su urgencia o el interés general, ya que la ley solo prohíbe al Gobierno en funciones aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado o presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. El propio Mariano Rajoy aprobó reales decretos estando en funciones, al final de la undécima legislatura.

Más de un mes antes del inicio de la campaña electoral, la única limitación que establece la ley electoral al haber sido convocadas las elecciones este lunes es que están prohibidos los actos de inauguración y las campañas institucionales de propaganda por parte de todas las administraciones del Estado, incluido el Gobierno.

Un Gobierno “dopado”

Casado considera, sin embargo, que con sus decisiones en el Consejo de Ministros el Ejecutivo de Pedro Sánchez está realizando una “instrumentalización institucional burda y soez”. “El PSOE ha hecho lo que sabe hacer: una campaña electoral financiada con el rodillo de los reales decretos sociales. Van a financiar la campaña a costa de un déficit y una deuda que van a pagar nuestros nietos”, denunciaba Casado este lunes, cuando queda más de un mes para que se inicie oficialmente la campaña de las generales.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, criticaba, por su parte, que se vaya a usar la Diputación Permanente “con fines partidistas” para convalidar los reales decretos del Ejecutivo. “Ningún Gobierno, ni municipal ni autonómico, puede ir dopado a unas elecciones, tienes que ir en igualdad de condiciones”, señalaba en una entrevista en la Cadena Cope. “No parece razonable, salvo necesidad, que se haga un uso partidista de las instituciones”, apuntaba.

Gobierno y PSOE insisten, en cambio, en que las medidas que han aprobado y que pretenden sacar adelante en las próximas fechas cumplen con la legalidad. “Aprobar reales decretos es algo constitucional y legítimo y está siendo positivo para los españoles –defendió este lunes el coportavoz del Comité Electoral, Felipe Sicilia, en rueda de prensa–. El Gobierno no está en funciones, está gobernando”, añadió.

Fuentes de la dirección socialista apuntan, además, a que Casado no logrará que la Junta Electoral se oponga a la actividad del Ejecutivo: “No puede valorar leyes”. “Pablo Casado se perdió esa clase del máster”, ironizan esas mismas fuentes. Además, desde el PSOE aseguran que el Gobierno no aprobará medidas que no consideren “urgentes” y dejan la pelota en el tejado de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que es la que tiene la potestad para convocar la Diputación Permanente, informa Irene Castro.

Los decretos tienen un mes de margen desde que se aprueban en el Consejo de Ministros y hasta que se convaliden en el Congreso, por lo que desde el PSOE afirman que si la votación cae en campaña, será porque así lo decide Pastor.

Moncloa niega electoralismo

En las próximas semanas el Ejecutivo tiene previsto sacar adelante algunas de las medidas que recogían los fracasados Presupuestos Generales del Estado para 2019 y que enmarcan dentro de lo “estricto y necesario” que tiene que ver la luz de forma inmediata. Aunque Moncloa niega electoralismo, su aprobación vía decreto obligará al resto de partidos a retratarse en plena precampaña. 

La iniciativa anunciada por el líder de los populares este lunes supone un nuevo paso en la estrategia de acoso y derribo contra Sánchez que el líder del PP puso en marcha tras su triunfo en las primarias y que ha endurecido en el inicio de la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril, dedicando al presidente del Gobierno calificativos como “traidor” o “felón” por “vender España” a los “comunistas, independentistas y batasunos” por sus conversaciones con la Generalitat catalana.