Castilla y León aprueba una ley que desincentiva las denuncias por corrupción
El objetivo era el whistleblowing (soplar el silbato), la puesta en marcha de un sistema para efectuar denuncias internas en la Junta de Castilla y León pero con una serie de garantías para los funcionarios que alertasen de actuaciones irregulares o corrupción. El resultado es, según la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu), que presentó su propuesta a los grupos de la oposición hace un año, “una Ley Mordaza del Gobierno Herrera”.
El Pleno de las Cortes aprobará este miércoles el Proyecto de Ley de Garantías para los Empleados Públicos Informantes. A pesar de su nombre, los funcionarios no tendrán las garantías que habían propuesto.
Según explicó el portavoz de la plataforma, Quinidio Martínez, a eldiario.es, aunque las denuncias podrán hacerse de forma anónima, en uno de los artículos se advierte de que si finalmente son infundadas, no estarán libres de un procedimiento sancionador o penal, “lo que deja claro que podrá saberse de quién partió la denuncia”.
Es más, también se establece que el funcionario denunciante estará protegido mientras se investiga, pero no después. “Lo que queremos es que se proteja al denunciante de por vida, para que no haya represalias”, indicó Martínez.
Pero la represalia no es la única incongruencia de un proyecto que pretendía ser pionero en España y que se ha convertido en “una tomadura de pelo”, según Pladepu.
La nueva ley convertirá a la Junta de Castilla y León en juez y parte, porque será la Inspección General de Servicios el órgano que tramitará e investigará las denuncias en primer término. La Inspección “depende jerárquica y funcionalmente de un consejero de la Junta de Castilla y León, cuyo máximo responsable es nombrado a dedo”, apuntó Martínez, por eso existen “serias dudas de que pueda encargarse de denuncias que pueden afectar a ese consejero u otros”.
“Distintos estudios en países pioneros en el whistleblowing, como Reino Unido, Dinamarca o Canadá, coinciden en destacar la falta de órganos independientes para investigar las denuncias, por eso nosotros queríamos que se hiciese en una comisión parlamentaria para tal fin”, lamentó el portavoz de la plataforma.
Pladepu cuestiona también que no se contemplen ayudas jurídicas, médicas, psicológicas o económicas para quienes alerten de casos de corrupción, ya que “muchos denunciantes se ven envueltos en costosos procedimientos judiciales a raíz de sus denuncias”.
En un comunicado en su web, Pladepu deja claro que el proyecto de ley eliminará “los pocos recursos” con los que contaban los empleados públicos a la hora de denunciar, la califica como una “segunda ley mordaza” aplicada al personal de la administración de la Junta de Castilla y León y la tilda de “ley nada garantista que no solo no protege a quien denuncie presuntas irregularidades o derroches del dinero público, sino que le puede aplicar todo el peso de la ley en caso de que sus sospechas se demuestren infundadas”.
A pesar de que Pladepu se reunió con los grupos de la oposición, tan sólo Izquierda Unida votó en contra en la primera votación, el 10 de octubre, mientras que PSOE, Ciudadanos y Podemos se abstuvieron. Precisamente, había sido Ciudadanos el que asumió en primer término la iniciativa que presentó Pladepu hace un año.
