César Strawberry: “Convertir un juicio moral en un juicio penal es algo propio de dictaduras”

César Strawberry es inocente. Tras un recorrido judicial de casi cinco años -incluida una vista oral ante magistrados de la Audiencia Nacional acostumbrados a enjuiciar los casos de grandes terroristas y criminales-, el Tribunal Constitucional falló este martes que el líder del grupo de rap-metal Def con Dos no enalteció el terrorismo cuando publicó seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte Luis Carrero Blanco.

En una sentencia de la que ha sido ponente el progresista Juan Antonio Xiol, el tribunal de garantías considera que la condena a un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta que el Tribunal Supremo le impuso en enero de 2017 vulneró su derecho a la libertad de expresión. La mayoría de magistrados del Constitucional encuadra esos mensajes en la crítica “política y social” y reprocha al Supremo que obviara el “contexto” en el que fueron publicados.

Strawberry celebra la sentencia, aunque no olvida lo “intenso” y “aterrador” que ha sido todo este tiempo. Se reivindica como damnificado de un “montaje político-policial” consecuencia del manejo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Y hace una defensa cerrada de la libertad de expresión: “Todos tenemos derecho a ser hirientes, irreverentes y a ofender. En eso consiste precisamente la cultura pop y el punk. Convertir un juicio moral en un juicio penal es algo propio de dictaduras y teocracias”.

Han pasado casi cinco años desde su detención en la operación Araña. Después, el juicio, la absolución de la Audiencia Nacional, la posterior condena del Supremo y ahora la anulación de esa sentencia en el Constitucional. ¿Qué valoración hace de este tiempo?

Ha sido una de las experiencias más intensas, aterradoras y fascinantes de mi vida. Me he visto como protagonista de una distopía tan loca como las que acostumbraba a ver en películas que me fascinan como Brazil, de Terry Gilliam, o 1984. También ha sido una experiencia contradictoria porque ha sido muy duro hacerte a la idea de que te está pasando algo así. Pero he aprendido mucho, no hay nada en la vida como afrontar situaciones límite para crecer como persona.

En la sentencia, el Constitucional reprocha al Supremo que obviara el “contexto” y las “circunstancias” en las que fueron escritos esos mensajes. ¿Para entender el sentido de sus tuits había que tener en cuenta su personaje y su obra?

A mí se se me ha condenado y se me ha creado un perfil supuestamente delictivo en base a seis tuits elegidos entre 8.000. Eso define muy bien la intencionalidad de este caso. La Policía hizo una selección más que dudosa para tratar de crear algo que no se podía sostener, que es el perfil de una persona supuestamente enaltecedora del terrorismo. La libertad de expresión en España se rige por el artículo 20 de la Constitución, que dice de forma clara que cualquier expresión debe ser contextualizada para entrever su intencionalidad y ver en qué contexto se ha dicho. Que el error de no contextualizar lo cometiera el Tribunal Supremo es muy grave.

Además, en mi caso hacerlo era muy fácil porque cuando me detuvieron llevaba 25 años dedicado a la música, con un grupo que ha hecho canciones como Acción Mutante o El día de la bestia y muchas otras vinculadas a la cultura pop o a películas de éxito mundial que tienen una connotación cultural especial. De hecho, mi caso fue desestimado en un primer momento por el juez José de la Mata y también por la Audiencia Nacional.

Quien me persigue, primero en la Audiencia Nacional, es un fiscal, Carlos Bautista, que además tenía en ese momento un pasado muy reciente de tuitero irreverente. Y, después, en el Supremo, otro fiscal que llega a decir textualmente que soy un peligro para la vida y la seguridad de los ciudadanos. En último lugar es el juez Manuel Marchena [presidente de la Sala de lo Penal del Supremo] que se olvida de la Constitución y dice que hay que obviar el contexto, que lo importante es el significado de las palabras.

El Constitucional dice que sus tuits son “reprobables” por la referencia que incluyen al terrorismo como forma de acción política, pero que no son perseguibles penalmente. ¿Cuál es el límite de la crítica política o el humor negro? ¿Las víctimas tienen derecho a sentirse ofendidas?

No hay debate jurídico. Todos tenemos derecho a utilizar expresiones hirientes, irreverentes, a ofender... a ser majaderos, imbéciles o zafios. En eso consiste precisamente la cultura pop y el punk. Convertir un juicio moral en un juicio penal es algo propio de dictaduras y teocracias. Es, en definitiva, lo que hacía la Inquisición.

¿Cree que esta sentencia puede hacer virar la tendencia a castigar con dureza comentarios en redes sociales que policías, fiscales y tribunales especiales han venido considerando enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas?

Es que hay una directiva europea de marzo de 2017 que dice claramente que solo cuando haya una una incitación clara a la comisión de un atentado o cualquier agresión que ponga en riesgo la seguridad física de una persona podrá considerarse enaltecimiento terrorista. Ni a las canciones de Pablo Hásel ni a las de Valtonyc se puede aplicar esa consideración, así que todos somos inocentes.

Toda la persecución que han sufrido artistas, tuiteros, titiriteros, actores y gente del espectáculo en general a partir de la primera legislatura de Mariano Rajoy ha hecho mucho daño. Las Operaciones Araña [él fue detenido en una de ellas] son una ramificación más de una estructura mafiosa en la que se ha intentando desacreditar a políticos electos a través de informes falsos o se ha creado una brigada política.

No es casual que a mí se me detuviera un 19 de mayo de 2015, a cinco días de unas elecciones que se vaticinaban poco proclives para el partido que entonces estaba en el Gobierno. Entonces se intentó crear el fantasma del terrorismo. Todo este montaje político-policial es consecuencia del manejo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.

Tras la sentencia del Supremo varios ayuntamientos cancelaron conciertos del grupo. ¿Cómo les ha afectado? ¿Hay posibilidad de pedir algún tipo de resarcimiento?

Hemos sido objeto de una persecución absolutamente injustificada, brutal y decimonónica. Es ilegal y discriminatorio haber extendido mi pena a toda mi actividad laboral y a la de las once personas que componen mi grupo. Se ha vulnerado el derecho al trabajo de todos nosotros. Pero también otros ayuntamientos como los de Leganés, Lugo u Oviedo [con el anterior Gobierno] han desafiado las críticas de la ultraderecha, nos han contratado y han convertido cada concierto nuestro en una fiesta por la libertad de expresión. Estamos muy agradecidos por ello.