España dará la batalla para que no se recorte la PAC en la negociación del nuevo presupuesto europeo

El Gobierno español está determinado a dar la batalla en Bruselas para que la política agraria común (PAC) no sufra recortes en términos nominales en la negociación iniciada para el próximo presupuesto de la Unión que abarcará el periodo 2021-2027.

Así queda recogido en el documento que recoge la posición española --al que ha tenido acceso Europa Press-- y que remitieron por carta el pasado 17 de junio los ministros españoles de Exteriores y de Hacienda al comisario de Presupuestos y Recursos Humanos, Günter Oettinger.

El escrito será distribuido este jueves entre las delegaciones que participan en el Consejo Europeo que, además del reparto de los principales cargos institucionales de la Unión, tratará entre otros temas las negociaciones sobre el denominado formalmente marco financiero plurianual.

A juicio del Gobierno español, estas negociaciones avanzan a un ritmo demasiado lento, con el riesgo de que si no se consigue un acuerdo de principios antes del 1 de noviembre el reemplazo de la Comisión Europea puede retrasar varios meses la negociación hasta bien entrado 2020, en un momento en que la coyuntura económica, política e internacional a la que se enfrenta la UE requiere adoptar un acuerdo a tiempo.

Por eso España exige que las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se prolongará hasta este viernes en Bruselas sean “claras” sobre la necesidad de dar un impulso firme a la negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo en “otoño”.

España defiende encontrar un equilibrio adecuado entre el refuerzo financiero de políticas como la I+D+i, digital, formación o inversiones en infraestructuras; la dotación suficiente de nuevos prioridades como la inmigración o la defensa, y los recursos asignados a las políticas que tradicionalmente han vertebrado la integración europea: la PAC y la política de cohesión, cuyo valor añadido europeo, subraya el documento, “sigue siendo incuestionable”.

La propuesta presentada por la Comisión para la próxima PAC supone recortar un 5,4 por ciento los fondos para España, un plan que resulta inaceptable para el Gobierno español, que no acepta recortes en términos nominales.

España arguye que si la PAC no mantiene su financiación actual para una UE de 27 Estados miembros, descontando a Reino Unido, no será posible modernizar el sector para hacerlo más competitivo y se hará más difícil combatir la despoblación de las zonas rurales.

El Gobierno sí está satisfecho en cambio con la propuesta de la Comisión para los fondos regionales, pues supone aumentar un 5% los fondos estructurales, hasta los 34.000 millones de euros, que percibiría España.

También apoya “decididamente” España la iniciativa de la Comisión para que al menos el 25 por ciento del presupuesto de la UE se destine específicamente a la lucha contra el cambio climático, un fenómeno que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya denomina “emergencia climática”.

Otra de las prioridades de España en esta negociación pasa por diseñar un instrumento presupuestario para el euro, con funciones de estabilización, y que permita complementarse con un seguro de desempleo común.

España apoya que este nuevo instrumento, que debe ser específico para la zona euro y tener características que faciliten la convergencia de los ciclos económicos, proporcione mayor apoyo a aquellos países que se vean más afectados en situaciones de shocks asimétricos.

“Resulta esencial que el instrumento esté disponible cuando más se necesite y por ello se debe evitar la imposición de condicionalidad en su uso”, reza la posición española.

MÁS APOYO A LOS PAÍSES FRONTERIZOS

El Gobierno de Sánchez también ve necesario que el nuevo presupuesto comunitario “intensifique sustancialmente” el apoyo financiero a los países que, como España, son frontera exterior de la UE y la protegen de manera eficiente.

Pero España aboga asimismo por intensificar también la cooperación con los países de origen y de tránsito y por aumentar los recursos destinados a los socios europeos de la vecindad sur, entre los que figura Marruecos.

El Gobierno de Sánchez peleará asimismo por que América Latina reciba recursos sustancialmente superiores a los propuestos por la Comisión y se aumente también la financiación atribuida a la región africana, en especial al Magreb y a Africa occidental.