La confesión de una colaboradora de Francisco Correa sitúa a la candidata del PP por Cádiz en plena trama Gürtel
Isabel Jordán Goncet no es una implicada más en el caso Gürtel. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, fue administradora de algunas de las sociedades más relevantes del entramado de corrupción que crearon Francisco Correa y Pablo Crespo. Entre ellas, Easy Concept, compañía dedicada a la realización de eventos y actos públicos que organizó mítines del PP y que ella gestionó durante años. En sede judicial ha explicado que desde que denunció en 2007 a los cabecillas de la trama por la administración irregular de sus empresas necesita protección personal y ha recibido amenazas.
A pesar de su colaboración con los investigadores, acumula condenas de veinte años y diez meses de cárcel por dos causas relacionadas con las empresas de la trama. Tiene pendiente, además, otra petición de un año y once meses de prisión en la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez de la Frontera (Cádiz) en Fitur de 2004, que quedó vista para sentencia en septiembre. Y también se sentará en el banquillo por las adjudicaciones irregulares a la Gürtel en el municipio madrileño de Arganda del Rey entre los años 1998 y 2009.
Precisamente su testimonio ante el tribunal que juzga la ramificación de la trama en Jerez de la Frontera ha servido a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar que se reabra la causa contra la exalcaldesa de esa ciudad María José García Pelayo -cabeza de lista del PP por Cádiz en las elecciones generales-, tal y como ha adelantado eldiario.es. Con esta revelación, Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de siete años y nueve meses de cárcel.
Durante esa vista, la cuarta celebrada en la Audiencia Nacional por esta trama, la excolaboradora de Correa señaló a García Pelayo en la preparación de supuestos amaños. Ante el tribunal, Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes y afirmó que la exalcaldesa participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción.
Antes de esas reuniones, Jordán relató también otra anterior en la que Pablo Crespo, número dos de la trama, anunció a otros integrantes, incluida ella misma, que sus empresas iban a organizar tres eventos para Jerez relacionados con Fitur 2004 y que serían encargados por “adjudicación directa de la alcaldesa, doña María José García Pelayo, a la empresa de Isidro Cuberos”, el exdirector de comunicación del PP y mano derecha de Javier Arenas en tiempos.
Según el testimonio de Jordán, García Pelayo no se limitó únicamente a firmar los contratos, que fue el argumento del juez del Tribunal Supremo Antonio del Moral para sobreseer la causa en abril de hace tres años al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado. La Fiscalía decidió entonces no recurrir.
Este lunes, la exalcaldesa señaló que para ella “no es novedad” que en plena campaña electoral surjan informaciones o diligencias en la investigación sobre su presunta implicación en una pieza de la trama Gürtel. Por su parte, el candidato del PSOE al Congreso por Cádiz y ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, consideró “impropio” que el PP mantenga como cabeza de lista por esta provincia a García-Pelayo, sobre la que pesa “la sospecha de la corrupción”.
Veinte años y diez meses de cárcel
Dos tribunales ya han acreditado el protagonismo de Jordán en la red de Correa. La primera condena por el caso Gürtel fue en febrero de 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le impuso seis años de cárcel por su participación en el amaño de contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009. La publicista lleva más de un año en prisión cumpliendo condena por esta causa, que ya es firme.
Además, Jordán fue condenada a 14 años y diez meses de prisión en el juicio sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005). Se enfrentaba, en ese procedimiento, a una petición de la Fiscalía de 39 años de prisión. En noviembre de 2016, en su declaración como imputada en esa macrocausa, aseguró que fraccionar contratos para adjudicarlos sin publicidad era “el pan nuestro de cada día” en la Comunidad de Madrid. Y admitió que fue Jesús Sepúlveda, ex secretario de Acción Electoral del PP, quien le presentó a Correa en 2002.
En la sentencia, la Audiencia Nacional consideró probada su “capacidad de control” en empresas de la trama a pesar de que, en su interrogatorio, se pretendió desvincular de los asuntos financieros y contables, que atribuyó a Pablo Crespo. Según el tribunal, ejerció funciones de “auténtica administradora y de responsabilidad” en las sociedades de Correa Easy Concept y Good&Better, en las que elaboró hojas de coste y tuvo el control último tanto en materia de facturación, como en la faceta financiera.
