Granados afirma que Esperanza Aguirre ganó las elecciones de 2011 con una campaña oficial y otra en B
El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha asegurado este lunes ante el juez del caso Púnica que Esperanza Aguirre ganó las elecciones autonómicas de 2011 ayudada por una campaña paralela, nutrida de fondos de procedentes de empresas públicas, han informado fuentes presentes en la declaración.
Es la acusación más concreta de cuantas ha lanzado durante más de tres horas de declaración voluntaria el que fuera mano derecha de Aguirre. A ésta le acusa de tener un poder omnímodo y un conocimiento absoluto de todo lo que ocurría en el partido y en la Comunidad de Madrid, lo que abarcaría la financiación irregular del mismo. Sin embargo, Granados ha tenido cuidado de no pronunciar el término 'caja B', precisan las mismas fuentes.
El exconsejero del Gobierno regional también se ha referido a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Granados la ha vinculado estrechamente a Ignacio González y a la suerte de estructura de poder que éste lideraba junto a Aguirre. Según ha afirmado, Cifuentes y González tenían una “especial relación” que se rompió tras “una ruptura sentimental”.
Siempre a preguntas de su defensa, ha añadido que Cifuentes tenía el control del partido en la Asamblea de Madrid y también a nivel territorial, gracias a sus cargos en la dirección del PP de Madrid. De esta manera, González se garantizaba también el control territorial del partido.
El cabecilla de la trama, imputado por varios delitos, entre ellos organización criminal, ha declarado a petición propia y, antes de su declaración, tenía previsto admitir parte de responsabilidad en la caja B que se usó para las elecciones de 2007 y 2011, además de señalar a Esperanza Aguirre e Ignacio González, según señaló su entorno.
Dinero procedente de empresas públicas
Sin embargo, una vez dentro de la sala de declaraciones, Granados ha dicho que no supo nada de la campaña de 2007, que era de competencia exclusiva de González. En la de 2011 sí que se ocupó él como director de campaña, porque González había perdido el pulso con Rodrigo Rato por Caja Madrid y prefirió apartarse.
En esos comicios, ha explicado, él se ocupó de la “parte A” de la campaña que se financiaba a través de tres vías: las aportaciones del grupo parlamentario, de las subvenciones electorales y de las aportaciones del PP nacional. Ha explicado que hubo otra campaña paralela que no estuvo bajo su control y que tenía como objetivo reforzar la imagen de Aguirre.
Según su testimonio, esa campaña estaba controlada por el núcleo de máxima confianza de Aguirre, en el que sitúa a Borja Sarasola e Isabel Gallego, directora de comunicación de la expresidenta. Granados ha contado que esa campaña se financió con fondos procedentes de empresas públicas como el Canal de Isabel II o la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), que pagaban campañas de publicidad a empresas como SWAT.
Ha afirmado que en la campaña de 2011 la candidata era Aguirre, pero estaba montada para González. Ambos habían pactado ya que el segundo se haría cargo de la Comunidad de Madrid, según ha explicado Granados. Ha insistido en que durante las reuniones para tratar la campaña percibió siempre que había un núcleo dependiente de Aguirre y González que se ocupaban de las acciones de refuerzo para la entonces presidenta.
Granados no ha aportado ninguna documentación ni tampoco ha anunciado que vaya a traerla el próximo día 20, cuando el juez ha fijado que se retome la declaración con las preguntas de la Fiscalía y el resto de abogados.
A las puertas de la Audiencia Nacional, Granados se ha parado ante los medios para insistir en que él no ha acusado a nadie sino que se ha limitado a explicar al juez el funcionamiento de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Pero en ese punto ha involucrado a González y a Aguirre al insistir en que montaron “una campaña de refuerzo que se llevaba al margen del partido siempre dirigida por Ignacio González y pagada con fondos de publicidad de la Comunidad de Madrid”.
“Esa campaña se llevó fuera del ámbito del gerente regional y del propio partido. Se ha llevado al margen del Partido popular y dirigida en una primera fase por quien he dicho y en la segunda fase con quien he dicho, siempre dirigida por Ignacio González y cargada por fondos de publicidad de de la Comunidad de Madrid”, ha insistido.
Aguirre tenía un control total del partido
Durante su declaración, Granados ha relatado que Aguirre y González controlaban todos los nombramientos de las empresas públicas investigadas en la Púnica. Así, ha relatado que en Arpegio, la que gestionaba el suelo público regional, cedió su control a Eduardo Larraz por indicación de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.
Además, ha explicado que Aguirre cambió el sistema de financiación de Prisma para que los fondos para nuevas obras se entregasen a ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Según Granados, Aguirre expresó su descontento con que los ayuntamientos del PSOE utilizasen ese dinero para obras a cuyas inauguraciones no era invitada. Optó entonces por realizar las obras desde la Comunidad de Madrid y poder inaugurarlas ella para no ceder el rédito político de esos proyectos.
Ha insistido en que nada se movía en el partido ni en la Comunidad de Madrid sin que Aguirre tuviese conocimiento, y ha extendido sus redes de poder hasta el control de Fundescam, la fundación del PP investigada por servir para la financiación irregular del partido. Según ha detallado, Aguirre colocó a su frente a personas de su máxima confianza.
En un punto de su declaración, Granados ha negado a Aguirre el mérito que se atribuye de haber destapado la trama Gürtel. Según su versión, fue Mariano Rajoy quien advirtió a la presidenta madrileña del pelotazo que preparaba la trama en Majadahonda. Aguirre actuó en base a esa advertencia y se puso en contacto con Granados para que se ocupase del asunto.
Según Granados, cuando Aguirre le hizo el encargo de que se ocupase del pelotazo de Majadahonda se dirigió a él en los siguientes términos: “Me han dicho que me fíe de ti que eres un tío de pueblo y no de González, que es un sirvengüenza”.
No amañaba contratos ni cobraba mordidas
Granados ha utilizado el comienzo de su declaración para sacudirse las acusaciones de su antiguo socio, David Marjaliza. Ha negado haber intercedido en licitaciones de grandes concursos públicos a cambio de mordidas, como sostiene el empresario.
Marjaliza declaró hace unos días en la Audiencia Nacional que las obras de ampliación de líneas de Metro de Madrid se amañaron a cambio de 3,6 millones de euros en mordidas. Él se llevó 1,2 millones, Javier López Madrid otro 1,2 y Granados la misma cantidad, que exigió que se le pagase en metálico.
El exconsejero de Presidencia también ha negado que el dinero que guardaba en Suiza procedía de su etapa en el banco Société Générale, como ya ha dicho en sus declaraciones anteriores. Nada de lo que tenía en el extranjero procedía del cobro de mordidas a cambio de amañar concursos públicos, ha insistido.
Granados también ha insistido en que su agenda no refleja las entradas de dinero en la caja B del PP. Las columnas “IN y ”OUT“ asociadas a nombres y siglas, junto a cantidades, expresan la capacidad que tenía cada una de esas personas de movilizar a asistentes para actos de campaña.
Así, ha negado que las siglas “JLM” correspondan a entregas en efectivo del empresario Javier López Madrid, sino que podían referirse a las Juntas Locales o Municipales, y a los asistentes que llevaban a los actos. También ha exculpado a Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid en la época de Aguirre. Ha afirmado que solo se ocupó de la contabilidad en A.
Una caja B para las elecciones
Tras su detención en 2014, los agentes encontraron a Granados una agenda con diferentes anotaciones, que durante estos años se ha encargado de interpretar su antiguo socio, David Marjaliza. Hace unas semanas, el juez decidió incorporar a esta causa las pesquisas del caso Lezo sobre la financiación ilegal del partido, en concreto en los comicios de 2007 y 2011.
En ambas convocatorias electorales se recurrió al mismo método para inyectar dinero en las cuentas del partido, sostiene el juez: se recurría a empresa para que abonasen la deuda del PP con los proveedores. En el caso de 2011, se utilizó ICM para que, a través de Indra pagase a las empresas con las que el partido tenía deudas.
El juez señala que en ambas elecciones la mecánica de financiación ilegal contó con prácticamente los mismos protagonistas. Por ejemplo, Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid, José Martínez Nicolás, Consejero Delegado de ICM, Borja Sarasola, diputado regional del PP, y los dueños de las empresas instrumentales. En el organigrama solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.
Además, García Castellón ya ha apuntado en otras ocasiones que el PP de Aguirre tenía bajo su control una contabilidad diseñada 'ad hoc' para ocultar la caja B. Los empresarios imputados en la trama colaboraban con “la ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del PP de Madrid”.
