La renuncia de Marchena al Poder Judicial sume a la Justicia en una grave crisis institucional en el peor momento

Manuel Marchena, el magistrado que PP y PSOE habían elegido para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, ha dado un portazo antes incluso de ser nombrado y su renuncia sume en una grave crisis a la Justicia española en el peor momento posible, a las puertas del juicio al procés que empezará en el alto tribunal las próximas semanas.

La salida de Marchena, a través de un comunicado que reivindica su independencia, se produce un día después de que se conociesen los mensajes del senador del PP, Ignacio Cosidó, el negociador de Pablo Casado, en los que intentaba convencer a sus compañeros del reparto acordado con el PSOE en el Poder Judicial con el argumento de que el nombramiento de este magistrado permitiría “controlar desde detrás” la sala segunda del Tribunal Supremo que juzgará a los dirigentes independentistas. “Jamás he concebido mi labor jurisdiccional como un instrumento al servicio de una opción política”, asegura Marchena en su despedida en la que cita “las informaciones aparecidas en los últimos días” sobre su “hipotética designación” como presidente del Supremo y hace un alegato de defensa de su carrera en la magistratura.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha cargado contra el portavoz del PP en el Senado y hombre de la máxima confianza de Casado este martes durante una entrevista en la cadena Ser poco después de que se conociese la noticia: “Me extraña que Cosidó siga ejerciendo. Vista la reacción del Partido Popular, la pregunta es si se puede pactar algo con el Partido Popular. El PP es ahora mismo un obstáculo para la democracia”.

Ábalos ha dado por hecho que tras el no de Marchena se producirá una “situación de bloqueo” que propiciará la continuidad de Carlos Lesmes al frente del Poder Judicial y como presidente del Supremo, cuyo mandato está agotado.

El Partido Popular se había apresurado a primera hora de la mañana a dar por roto el acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial nada más conocer que Marchena se descartaba como presidente. El encargado de anunciarlo fue el vicesecretario Javier Maroto en Radio Nacional de España.

Los dirigentes del PP tratan de obviar los polémicos mensajes de Cosidó y cargan contra el Gobierno al que acusan de frustrar la negociación dando a conocer el nombre del presidente del CGPJ antes de que se conociesen a los vocales que según la ley tendrían que elegirlo.

Los últimos acontecimientos han resquebrajado el único acuerdo institucional alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado han alcanzado desde que se produjo el relevo en la cúpula del Partido Popular el pasado julio.

La Justicia agrava con este último episodio su profundísima crisis: no hay candidato para el Supremo a las puertas del juicio más importante de la historia reciente española, la renovación del órgano de Gobierno de los jueces está en el aire y las negociaciones rotas entre PP y PSOE anticipan un bloqueo en el órgano de Gobierno de los jueces. Al frente del alto tribunal seguirá de momento el cuestionadísimo Carlos Lesmes.

Y todo coincide con el peor momento de reputación de los tribunales españoles, tras la polémica decisión del Supremo de corregirse a sí mismo hace unas semanas para dar la razón a la banca y que sean los clientes los que paguen los impuestos de la hipoteca.

Cómo deben estar las cosas para que el presidente del Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, haya tenido que salir a pedir perdón. Sucedió el pasado 25 de octubre en medio de un colosal escándalo después de una decisión insólita: el presidente de la Sala que había determinado 24 horas antes que el impuesto de las hipotecas debían afrontarlo los bancos y no los clientes anunciaba una reunión para revisar la condena, visto el “impacto social y económico” del fallo.

Dos semanas después un tribunal partido a la mitad (15 votos a 13 con tres ausencias) corregía la decisión para situarse del lado de la banca. El “impacto social y económico” se diluyó de golpe porque una vez decidido que el impuesto lo pagarán los clientes de los bancos, la resolución ya no tiene vuelta atrás. El clamor social llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar la reforma exprés de la ley (redactada en 1993 cuando en el ministerio de Economía estaba otro economista socialista, Pedro Solbes) que a partir de ahora cargará la tasa a los bancos. Sánchez hizo algo más que acelerar el cambio legislativo: pidió al Supremo “que reflexione” sobre lo acontecido con las hipotecas, otro episodio que tiene pocos antecedentes en las relaciones entre dos poderes del Estado.

El alto tribunal se había enmendado el mismo día que se conoció una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que determinaba que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo en el pleito que lo condenó por terrorismo y que una jueza debió ser recusada.

El varapalo venía de Europa y no era el primero: diferentes tribunales de Alemania y Bélgica se han negado estos últimos meses a aceptar el criterio del instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, para extraditar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros líderes del independentismo que huyeron fuera de España.

Mientras tanto la carrera anda revuelta. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, todas juntas independientemente de su ideología, convocaron la primera huelga contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se celebró este lunes con seguimiento desigual. Sus reclamaciones vienen de lejos: piden recuperar el poder adquisitivo perdido durante los recortes y reformas que corrijan algunas de las decisiones más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy: el papel cero no funciona -y lo sabe cualquiera que frecuente los juzgados- y los seis meses que el Ejecutivo de Rajoy fijó de plazo para que jueces y fiscales instruyan los casos a partir de que se empiezan a investigar es una quimera, con los medios que tiene hoy la Justicia no es posible sacar adelante un sumario en medio año.

Por si faltaba algo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ya había sido reprobada en el Congreso. No es precisamente una novedad. También lo fue el político del PP, que le traspasó la cartera el pasado julio, Rafael Catalá. El antecesor de este, Alberto Ruiz Gallardón, había dimitido tras constatar que estaba quedado solo en el Gobierno de Rajoy con su proyecto de reforma de la ley del aborto. En el Ejecutivo anterior, el que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, Marino Bermejo también renunció a la cartera de Justicia. Fue en febrero de 2009 cuando trascendió que había participado en una cacería junto al juez Baltasar Garzón que por aquellos tiempos comenzaba a instruir el sumario de Gürtel. Por el ministerio pasó después Francisco Caamaño, cuya última decisión, en el Consejo de Ministros fue indultar al vicepresidente del Banco Santander, al que la justicia había inhabilitado en su condena por una denuncia falsa.

No es exactamente que el cargo esté maldito. Los ministros de Justicia trabajan con material sensible. Más durante los últimos años en que los tribunales han determinado el día a día institucional en medio de una ciénaga de corrupción y sumarios que han jubilado a toda una generación política. En medio de este clima de descrédito conviene no olvidar que fue la Justicia con la sentencia de la primera era de Gürtel, la que hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy. igual que antes había arruinado las carreras de un largo etcétera de dirigentes, la mayoría del PP.

A pesar de que son mayoría los jueces y fiscales que hacen su trabajo, la carrera vive su peor momento sumida en una gravísima crisis de reputación que llega en el peor momento imaginable: cuando está a punto de empezar el juicio más importante de las últimas décadas en España: el que sienta en el banquillo a los líderes independentistas.

Sectores soberanistas ya han advertido que no respetarán ninguna resolución que no sea la absolución, mientras el Tribunal Supremo y la Fiscalía insisten en atribuir a los líderes del procés, el delito de rebelión, de los más graves que recoge el Código Penal, y que viene a decir que en Catalunya tras el 1 de octubre de 2017 lo que se produjo fue un alzamiento violento.

Semejante calificación no solo la discuten los dirigentes independentistas. Un centenar de reputados penalistas han firmado un manifiesto en el que discrepan con la acusación. Entre ellos está Diego López Garrido, la persona que redactó el artículo del Código Penal en 1995 donde se tipifica el delito.

En medio de un fenomenal ruido y acusaciones cruzadas de politización de la Justicia, la nueva fiscala General del Estado, María José Segarra, nombrada por el Gobierno de Sánchez y que hizo campaña el pasado invierno por la Unión Progresista de Fiscales, en las elecciones de la carrera, ha decidido mantener la calificación en su escrito de acusación que habían defendido sus antecesores: Julián Sánchez Melgar y el fallecido José Manuel Maza, que anunció a bombo y platillo en los medios que se acusaría por rebelión antes siquiera de tomar declaración a los dirigentes soberanistas.

La decisión de Segarra de mantener la acusación de rebelión no es compartida por sectores del Gobierno que sin embargo han dado autonomía al ministerio público para decidir. Los dirigentes socialistas habían perdido toda esperanza cuando vieron que la fiscalía general no se había atrevido a pedir la imputación de Pablo Casado en el Supremo por las irregularidades de su máster.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que en el gabinete de Pedro Sánchez se ha asumido que el nombramiento de Segarra fue un error y que no cabe esperar de la fiscala General que vaya a rectificar los férreos planteamientos de los fiscales del Supremo, partidarios desde el principio de acusar por los delitos más graves y que piden 25 años de cárcel para el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Es en este disparatado contexto, en el que el PSOE y PP decidieron abordar en solitario el Consejo General del Poder Judicial, cuyas negociaciones llevaron en solitario estos dos partido y que ahora han embarrancado. El Gobierno aceptó finalmente que fuese el candidato de los populares, Manuel Marchena, el que presidese el órgano de gobierno de los jueces a cambio de que la mayoría de vocales fuese progresistas. El acuerdo, que se cerró a principios de noviembre, incluía el reparto de los veinte puestos existentes con once candidatos propuestos por el PSOE y nueve por el PP.

Marchena preside hasta ahora la Sala Segunda del Supremo, y según algunas voces, es el cerebro de la arquitectura jurídica del proceso contra el independentismo. Entre el cupo de vocales que se reservan a reconocidos juristas, el PSOE había incluido a José Ricardo de Prada, el ponente de la sentencia Gürtel, que fue duramente criticado por el PP el pasado viernes en el examen del Congreso.

Mientras PP y PSOE negociaban a contrarreloj el principal socio del gobierno, Unidos Podemos convocaba manifestaciones contra la decisión del impuesto de las hipotecas a las puertas del Supremo. El partido de Pablo Iglesias había intentado sin éxito colocar como vocal a la magistrada Victoria Rosell.

Los populares que habían recibido críticas de sus medios afines por aceptar una mayoría de vocales progresistas han aprovechado para dar por roto el acuerdo, una vez que Marchena ya no va a ser presidente. La configuración pactada repartiría los vocales once a nueve con mayoría progresista. Según Maroto, no habrá más negociación mientras no dimita la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Los puentes entre PSOE y PP parecen rotos en el único ámbito en el que se había sellado un acuerdo. Ciudadanos, el partido que más radicalmente se había opuesto al reparto, clama contra las maniobras de los dos grandes partidos y Podemos pide empezar de cero.