El PSOE deja fuera de su programa la denuncia del Concordato con la Santa Sede
Pedro Sánchez llegó al liderazgo del PSOE en 2014 con la firme promesa de trabajar por que España se convirtiera en un Estado laico. Una de sus apuestas por la denuncia del Concordato ratificado entre España y la Santa Sede en 1979 y que confiere a la Iglesia un estatus privilegiado. Derogar esos acuerdos fue una de sus principales medidas ante los militantes que le dieron la victoria hace ya más de cinco años y reflejada en el programa electoral de las generales de hace tres años, aunque el PSOE lo defendía desde 2011. Otro de sus caballos de batalla fue su oposición a la reforma constitucional del artículo 135 que llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero para incluir el concepto de estabilidad presupuestaria y la prioridad del pago de la deuda en plena crisis financiera. Pero esa apuestas se han quedado fuera del documento que el PSOE ha divulgado este lunes, cuatro días después de que arrancara formalmente la campaña electoral.
En el programa electoral con el que Sánchez concurrirá a las elecciones del 28 de abril no se dice ni una palabra sobre esos acuerdos con los que prometió acabar también en la batalla por recuperar la secretaría general del PSOE frente a Susana Díaz y Patxi López. “Denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede” era una de las promesas electorales de Sánchez en 2016, en el apartado dedicado a laicidad, que ocupaba varias páginas. En el documento 'Por una nueva socialdemocracia' con el que se presentó a las primarias, Sánchez era más específico al mencionar la denuncia de los acuerdos en dos apartados: uno referido a la laicidad en los centros educativos y en otro en el que apostaba por acabar con los “privilegios heredados del pasado”.
El programa de 2019 no dice ni una palabra sobre la Santa Sede y tampoco se refiere a la recuperación de la titularidad pública de algunos inmuebles inmatriculados por la Iglesia desde 1998 que sí figuraba en los programas anteriores de Sánchez. “Reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material y previo que justifique la titularidad a su favor del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento”, rezaba el programa de hace tres años.
Con su llegada del PSOE a Moncloa, la Iglesia temió por la pérdida de sus privilegios históricos. El Gobierno de Sánchez manifestó su intención de reclamar a la Iglesia católica “los bienes de dominio público” inscritos a su nombre amparándose en la Ley Hipotecaria franquista y la posterior reforma del Gobierno Aznar en 1998, y que se prolongó hasta 2015. La normativa permitía entonces a los obispos actuar como notarios y reclamar como propios inmuebles con solo su palabra.
La pretensión de Sánchez era recuperar esos bienes reclamándolos como falsas inmatriculaciones. En sus relaciones con el Vaticano, la vicepresidenta, Carmen Calvo, abordó este asunto con el número dos del Papa, Pietro Parolin, en el marco de la relación en el que también trataron la exhumación de Francisco Franco.
La Iglesia se abrió a negociar con el Gobierno el listado de bienes que había inmatriculado. “Ha reconocido que ha podido haber algún error o exceso”, reconocieron entonces fuentes gubernamentales. La idea que abordaban ambas instituciones fue que Conferencia Episcopal pague algunos impuestos y pueda tributar en aquellos inmuebles en los que no se produce culto. “El secretario de Estado entendió que las exenciones fiscales no parecen sostenibles y no lo es para nuestro Gobierno”, apuntaron fuentes de vicepresidencia tras la reunión con Parolin.
El Gobierno, a instancias del Grupo Socialista, comenzó a elaborar un listado de los muebles inmatriculados por la Iglesia gracias a la legislación de Aznar, pero no lo ha hecho público. Su estimación es que ha conseguido poner a su nombre unos 3.000 inmuebles que pueden ser considerados “de dominio público”. Nada dice el programa del PSOE, coordinado por Calvo y Cristina Narbona, sobre este asunto.
Sánchez, que ha dado una importante batalla con la Iglesia para la exhumación de Franco ante la negativa del prior del Valle de los Caídos a permitir que saquen los restos del dictador, ha rebajado su perfil laico en este programa electoral. Mientras que en 2016 apostaba “con nitidez por la construcción de un estado laico” apenas hay referencias en este programa. Solo indica que los “centros escolares públicos se ajustarán a los principios constitucionales propios del Estado laico”. Hace tres años, ese apartado también era más ambicioso al plantear “una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar”. El PSOE propone una ley de libertad de conciencia y promete trabajar contra la intolerancia religiosa “en una sociedad multiconfesional”.
Blindar derechos sociales pero sin aludir al 135
El PSOE plantea modificar la Constitución con frecuencia y para diversos asuntos. Por ejemplo, para eliminar el concepto de “disminuidos”, para la reducción de los aforamientos, para incrementar la iniciativa legislativa ciudadana o para incorporar el blindaje del sistema público de pensiones así como su revalorización. Sin embargo, el programa no menciona explícitamente la reforma constitucional para federalizar el Estado, que es la medida estrella de los socialistas para acabar con el conflicto territorial en Catalunya. No obstante, hace referencia a documentos del pasado en los que el PSOE refleja su posición sobre el asunto, aunque en programas anteriores también se explicitaba.
Otra de las ausencias notorias es la apuesta de Sánchez en 2016 por “reformar el artículo 135” de la Carta Magna “para incorporar las condiciones de salvaguarda de la estabilidad social del Estado” para que, a pesar de la garantía de la sostenibilidad, se aseguraran los servicios sociales básicos. El reconocimiento por parte de Sánchez de que el cambio del 135 al que obligó Bruselas –y al que votó a favor como diputado en el Congreso– fue un error le costó su primer alejamiento de José Luis Rodríguez Zapatero, con quien tras varias idas y venidas ahora mantiene una relación cordial.
El PSOE sí refleja, no obstante, su intención de “blindar en la Constitución” el Sistema Público de Servicios Sociales como “Cuarto Pilar del Estado del Bienestar”. “Garantizaremos como derechos fundamentales en la Constitución los derechos sociales básicos de las personas, como los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la Ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna”, dice el programa, que no hace referencia alguna al artículo 135.
