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Rajoy, Sáenz de Santamaría y Zoido se desmarcan en el Supremo del operativo policial para impedir el 1-O

Zoido,Rajoy y Santamaría en Moncloa, durante una reunión para analizar la situación en Cataluña.

Marcos Pinheiro

El Gobierno del PP no conocía el dispositivo policial que se puso en marcha para evitar que se celebrase el referéndum del 1-O. Durante sus declaraciones como testigos, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría dijeron que recibieron algunas informaciones por parte del Ministerio del Interior. El que fuera titular de ese departamento, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este jueves que él no estuvo al tanto del detalle de ese despliegue. Ha contestado a un buen número de las preguntas con un “no lo sé”.

El despliegue de agentes durante el 1-O es uno de los puntos centrales del proceso. La posible inacción de los Mossos d'Esquadra y la consiguiente intervención de Policía y Guardia Civil en los colegios electorales, donde se produjeron cargas contra los votantes, ocupa buena parte de los interrogatorios del juicio. El exconseller de Interior Joaquín Forn se enfrenta a una petición de 16 años de prisión en parte por “impulsar un operativo autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.

Ese dispositivo se organizó en base a las órdenes judiciales que obligaban a cerrar colegios, requisar papeletas y urnas y, en definitiva, impedir las votaciones. Los agentes de la Guardia Civil y la Policía desplazados a Catalunya -unos 6.000- acabaron interviniendo en colegios donde se concentraba una gran cantidad de votantes. Hubo cargas que dieron como resultado cientos de heridos. La Fiscalía utiliza lo ocurrido el 1-O para apuntalar su tesis sobre el delito de rebelión; las defensas para denunciar la desproporción de la actuación policial.

Sin embargo, los abogados de los acusados han visto cómo ninguno de los miembros del antiguo Gobierno del PP ha podido darles detalles sobre ese operativo: ni por qué se mandó ese número de agentes, ni por qué se decidió actuar en unos colegios sí y en otros no, ni quién dio la orden de cargar y de dejar de hacerlo.

“Yo no me ocupaba de los temas del dispositivo, llevaba la dirección política (…) Pretender que el presidente tome decisiones sobre operativos policiales…”, respondió Rajoy al ser preguntado por este asunto durante su declaración. Según explicó, recibía la información que le transmitía la vicepresidenta del Gobierno. Dijo no haber hablado durante el 1-O con ningún representante del operativo policial. “Yo jamás he estado en lo que es una actuación propia de los operativos (…) Sería tremendo que alguien en unas circunstancias como la mía lo estuviera. Creo que prestaron una función importante en defensa de los derechos de todos”, añadió.

En la sesión matinal, Sáenz de Santamaría se manifestó en unos términos parecidos. Los abogados de Vox le preguntaron por su conocimiento de la Operación Copérnico, como se denominó al despliegue de los agentes en Catalunya de cara al 1-O. “He leído sobre ella”, contestó.

La exvicepresidenta declaró que no tuvo conocimiento de los detalles porque no tenía “experiencia ni competencia” para diseñar un operativo policial, algo que no había hecho “en su vida”. “La vicepresidencia del Gobierno no interfiere en los operativos policiales”, añadió, al tiempo que dijo que todas las informaciones le llegaron a través del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Catalunya.

“Jamás he tomado una decisión sobre un dispositivo”

Este jueves ha sido el turno para el que fuera titular de Interior. Zoido ha seguido el camino que le dejó marcado Rajoy, quien ya preparó el terreno para que su antiguo compañero en el Gobierno se desentendiese de lo ocurrido. “Mire, he sido ministro del Interior, puedo asegurarle que jamás he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial. Son decisiones que competen a quienes están al frente de los operativos”, afirmó el expresidente.

Zoido se ha agarrado a ese argumento y sus únicas consideraciones sobre el dispositivo policial han sido para criticar el de los Mossos. De este ha dicho que era “totalmente insuficiente”, ha considerado que debían haberse desplegado el doble de agentes de la policía autonómica –12.000 en lugar de 6.000– y ha cargado directamente contra el exmajor Josep Lluís Trapero: “El señor Trapero no era muy colaborador y no le gustaba la coordinación del señor Pérez de los Cobos”.

Del dispositivo policial que dependía de su Ministerio no ha podido hablar. Xavier Melero, abogado de Joaquin Forn, le ha ha hecho un largo interrogatorio para conocer qué decisiones se tomaron durante los días previos al 1-O y el mismo día del referéndum. Sin embargo, se ha encontrado con que el exministro ha respondido a muchas de sus preguntas con un “no lo sé”.

Por ejemplo, ha dicho desconocer si los Mossos elaboraron un plan de actuación para el 1-O que compartió con Guardia Civil y Policía y que pasó por el mando que coordinaba a los tres cuerpos, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Ha contestado en el mismo sentido a si tuvo conocimiento de las distintas reuniones entre cuerpos que se celebraron esos días. “Me dijeron que estaban coordinándose y trabajando”, ha resumido.

Zoido tampoco ha sabido concretar por qué los agentes de la Policía y la Guardia Civil acudieron a unos colegios sí y a otros no. “Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer”, ha respondido. “Fueron los operativos”, ha contestado ante la insistencia de las preguntas, en referencia a los mandos policiales de los que dependían las unidades desplegadas. Fueron ellos quienes decidieron que los agentes cargaran y que dejaran de hacerlo en un momento dado: “Ellos sabrán por qué decidieron hacerlo”.

“Yo he tenido por costumbre no entrar en diseñar ni valorar los dispositivos de seguridad. No conozco que haya habido muchos ministros salvo que tengan un conocimiento muy específico”, ha dicho Zoido en su descargo. Así, sus únicas referencias al operativo han sido para defender a los agentes: “No debe culparse a la Policía y la Guardia Civil. Deben asumir la responsabilidad quienes alentaron el referéndum”.

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