José Luis Ábalos se ha sentado por primera vez este jueves delante de un juez para dar explicaciones sobre su supuesta implicación en la trama de corrupción conocida como ‘caso Koldo’. El que fuera ministro de Fomento y Transportes y secretario de Organización del PSOE —expulsado del partido y del grupo parlamentario desde que estalló el escándalo el pasado febrero— ha tratado durante tres horas de rebatir los indicios que le acorralan y que apuntan a su “papel relevante” en la trama y a que cobró mordidas a cambio de contratos públicos.
“Creo haber dado las aclaraciones suficientes”, ha dicho ante la prensa al abandonar el tribunal. “Nada ha quedado en el tintero, no hubo ninguna comisión como ya he dicho muchas veces”, ha afirmado a las puertas del Supremo después de anunciar que aportará al juez documentación con la supuestas pruebas que acreditarían lo dicho en su declaración, en la que ha negado las prebendas que le atribuyen tanto la Guardia Civil como el supuesto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.
“Agradezco a su señoría que me haya permitido esta declaración, llevo muchos meses intentando declarar. Estoy muy agradecido, la sesión ha sido larga, se han tocado todos los extremos ya conocidos y publicados”, ha añadido Ábalos antes de marcharse del alto tribunal a bordo de un taxi y acompañado de su abogado.
Ábalos, que intentó sin éxito posponer esta comparecencia como investigado, tenía por delante el reto de tratar de desmontar los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en meses de investigación ha documentado parte de las prebendas que el exministro recibió presuntamente de Víctor de Aldama, el empresario que se benefició de millonarios contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. Pero también ha tenido que hacer frente a las acusaciones de este último, que ha elevado las sospechas sobre el exministro al asegurar que también recibió mordidas por amaños en contratos de carreteras licitadas por el departamento que dirigió entre 2018 y 2021.
Ábalos llegó en la mañana de este jueves al Supremo sin hacer declaraciones antes de comparecer de forma voluntaria como imputado ante el juez Leopoldo Puente, que asumió la ramificación del caso que afecta al exministro por el supuesto cobro de comisiones y dádivas a cambio de favorecer a las empresas de la trama, sobre todo vinculadas a Aldama, en adjudicaciones millonarias de contratos públicos en la pandemia.
Esta escisión del caso inicialmente abierto en la Audiencia Nacional ha arrastrado a la multitud de acusaciones populares que ejercían ante ese tribunal. El juez instructor decidió que su actuación debía quedar unificada bajo la representación letrada del Partido Popular, el primero en personarse en su momento, lo que deja bajo su paraguas a Vox, HazteOir, Liberum o el propio PSOE entre otros. De hecho, este jueves el magistrado solo ha dejado asistir al PP a la declaración de Ábalos y ha impedido el acceso al resto de acusaciones populares.