Ábalos intenta que la trama de corrupción vuelva a llamarse ‘caso Koldo’ y descarga toda responsabilidad en su asesor

Ante el tribunal, José Luis Ábalos no se defendió al ataque. El que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE compareció este jueves en el Supremo y, pese a los augurios de determinados círculos políticos y mediáticos, no señaló a ningún miembro del Gobierno ni del partido que lo expulsó de sus filas el pasado febrero, cuando estalló lo que parece ser el caso de corrupción más trascendente del mandato de Pedro Sánchez. Ábalos se centró en su defensa y trató devolver el caso a su origen: las sospechas sobre quien fuera su mano derecha, Koldo García. 

Durante tres horas, el ahora diputado del Grupo Mixto se limitó a negar su implicación en la trama que supuestamente se lucró con contratos amañados y a desmentir que él se hubiera beneficiado de comisiones o prebendas. A la hora de repartir culpas, apuntó a quien fuera su asesor y trató de desvincularse de Víctor de Aldama, a quien la Guardia Civil define como el “nexo corruptor” de la trama que anidó en su Ministerio sin que, según su testimonio, él fuera consciente de nada. 

Ábalos, que intentó sin éxito posponer esta comparecencia como investigado para hacerlo después del comisionista Aldama, tenía ante sí un reto considerable: desmontar los indicios contra él que han sacado a la luz siete meses de pinchazos telefónicos, centenares de correos intervenidos y el volcado de 170 dispositivos electrónicos —entre móviles y ordenadores— requisados a los miembros de la red y las personas vinculadas a ella. El disfrute de un chalet en Cádiz a cambio de su intercesión en contratos o el pago del alquiler del apartamento de lujo de quien era su pareja son los ejemplos más significativos. 

Además, el empresario Aldama lo acusó delante de un juez de la Audiencia Nacional de haber cobrado mordidas tanto por los contratos de mascarillas, como por adjudicaciones irregulares de obra pública y cifró en 650.000 euros el dinero que habría percibido el exministro. Ábalos negó al juez haber cobrado esas comisiones. Lo hizo con un argumento similar: no era su competencia entrar al detalle ni de los contratos de material sanitario ni de los de carreteras que el comisionista ha puesto bajo sospecha. 

“Creo haber dado las aclaraciones suficientes”, dijo ante la prensa antes de abandonar el Supremo a bordo de un taxi. “Nada ha quedado en el tintero, no hubo ninguna comisión como ya he dicho muchas veces”, añadió en público a las puertas del tribunal después de anunciar que aportará próximamente al juez documentación con supuestas pruebas sobre la veracidad de su testimonio. La declaración voluntaria de este jueves fue sólo un primer paso. A las pesquisas les queda todavía un largo recorrido, en el que se indagará en los millonarios contratos de mascarillas origen de la investigación, pero también se examinará si la trama extendió su influencia en otras adjudicaciones públicas. 

Los contratos de mascarillas

Sobre los contratos de material sanitario en el peor momento de la pandemia que dieron origen a la investigación, Ábalos afirmó ante el juez no haber tenido conocimiento. Y descargó toda responsabilidad en Koldo García, quien años atrás había pasado de portero de prostíbulo o guardia de seguridad —condenado por dar palizas— a ser su asesor y mano derecha, con mucha influencia en el Ministerio y asiento en consejos de administración de varias empresas públicas. 

Ábalos aseguró que fue él el encargado de gestionar las compras con la empresa investigada. Esa compañía, que era ajena al sector sanitario y que fue usada por Aldama para ganar seis millones de euros con los contratos de mascarillas, se llama Soluciones de Gestión y pasó de facturar cero millones de euros en 2019 a casi 54 en 2020 tras la adjudicación de entidades dependientes de los ministerios de Transporte e Interior y los servicios de salud de Baleares y Canarias. 

También apuntó a la participación de quien fuera su asesor en la gestión de su estancia en el chalé de lujo situado en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), comprado por Aldama a través de supuestos testaferros. Según su testimonio, fue Koldo García quien tramitó el contrato de alquiler con opción a compra, pero él abonó de su bolsillo las mensualidades.

Asimismo, siempre según su testimonio, fue su mano derecha quien gestionó el pago del alquiler de la vivienda de quien era su pareja y que, según la UCO, es otra de las “contraprestaciones” que habría recibido Ábalos fruto de sus gestiones para la trama. Sin embargo, la versión que el exministro dio este jueves en el Supremo es que era Koldo García quien se encargaba de ese tipo de cuestiones. 

De acuerdo a las fuentes consultadas, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se interesó especialmente por las obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes que, según Aldama, estaban “pre-adjudicadas” a determinadas empresas que “habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. El exministro aseguró que son los técnicos del departamento los que realizan los proyectos y que las contrataciones nunca son llevadas a cabo por el ministro.

En una intervención en el Congreso, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este miércoles que de las 37 obras de carreteras señaladas por el comisionista como amañadas a cambio de mordidas, 18 están sin licitar todavía a día de hoy y solo seis corresponden a la etapa de Ábalos. Luzón le habría echado en cara a Ábalos que, si bien algunas de esas obras fueron presupuestadas en época del Gobierno del PP, en su mandato sufrieron modificaciones al alza, informó Europa Press. 

Aldama vinculó esas supuestas adjudicaciones a la promesa de regalar a Ábalos un inmueble valorado en 1,9 millones de euros y situado en el número 164 del Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la capital. Para ello, aportó un contrato de “arrendamiento con opción de compra” a favor del exministro. 

Según el comisionista, esa operación encubría en realidad la “garantía” de las mordidas que presuntamente el entonces ministro iba a cobrar en el futuro de determinadas constructoras por obras que ya estaban preadjudicadas. El acuerdo era que, si no lograba cobrar esas comisiones, se quedaría con el piso. Ante el juez, Ábalos negó estas acusaciones. Reconoció que firmó un contrato para adquirir el inmueble, pero decidió romperlo cuando se enteró de que tenía inquilinos. En todo caso, insistió en que lo iba a comprar y que en ningún caso era una prebenda a cambio de adjudicaciones. 

Aldama tendrá la oportunidad el próximo lunes de rebatir el testimonio de Ábalos, quien negó haber tenido una relación directa y fluida con él. El comisionista está citado en el Tribunal Supremo después de que en su última declaración en la Audiencia Nacional tratara de escalar el caso implicando a otros miembros del Gobierno. El martes está citado Koldo García, que decidió guardar silencio la primera vez que se sentó delante de un juez por este caso. Está por ver si ahora cambia de estrategia.