De un sistema de autonomías a un “Estado unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división”. Sin parlamentos y con la capacidad legislativa de esos territorios limitada hasta el extremo. Por supuesto, sin competencias en Sanidad, Educación o Justicia. El programa electoral de Vox, por ahora una recopilación somera de sus ideas en 100 puntos, dedica una buena parte a prometer el desmantelamiento de un modelo territorial del que su líder, Santiago Abascal, ha vivido durante años.
Ese documento surge del acto del pasado 7 de octubre en Vistalegre. Ese en el que 10.000 personas escucharon las proclamas de Abascal y otras 1.000 se quedaron fuera por falta de espacio. Allí se redactó un esbozo de programa en epígrafes muy sencillos, en los que se propone la derogación de la ley contra la violencia de género, la de memoria histórica o se alerta de los peligros de la inmigración. En casi todos sus apartados hay referencias a la limitación del estado autonómico y a su supuesto despilfarro.
Se propone, por ejemplo, la eliminación de los parlamentos regionales. Como el andaluz, a pesar de que esa cámara es la que ha permitido a Vox salir de la irrelevancia en la que ha transitado desde su fundación. También proponen acabar con las policías autonómicas, las televisiones regionales, los defensores del pueblo y todos los organismos ligados a las comunidades autónomas, a los que Abascal suele referirse como “chiringuitos”. En resumen, una recentralización extrema que dé como resultado una administración central desde la que se controle todo.
El partido que Abascal fundó quiere acabar con las estructuras de las que el propio Abascal ha vivido durante los últimos años. El líder de Vox comenzó como concejal a los 23 años. Después representó al PP en las Juntas Generales de Álava. Y año y medio más tarde dio el salto al Parlamento vasco: se empeñó en ser diputado. Se presentó en 2005 pero no lo consiguió. Solo tuvo que esperar unos meses a que una renuncia le despejase el camino hacia uno de los asientos de la cámara autonómica. Percibió el generoso salario de los diputados autonómicos durante un mandato entero: 65.000 euros largos más dietas por asistencia a comisiones.
En 2009 se presentó de nuevo pero no salió elegido. De nuevo, esperó hasta que una nueva renuncia le permitiese recoger el acta de diputado. En 2011 Carlos Urquijo fue nombrado nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco tras la victoria de Mariano Rajoy y a Abascal se le volvió a aparecer la posibilidad de convertirse en diputado autonómico. Antonio Basagoiti, entonces presidente del PP Vasco, lo impidió.
Lo contó el propio Abascal, que definió aquella jugada como “un cambalache”. “Me pidieron la renuncia preventiva y previa al acta de diputado que me correspondía en caso de que Urquijo tuviera que renunciar a ella para asumir el cargo de delegado del Gobierno en el País Vasco”, relató. El presidente de Vox aceptó la orden de Basagoiti y firmó por escrito la renuncia. Cuando se filtró que se había plegado a esa exigencia de la dirección no ocultó su enfado.
Abascal cobró de uno de los parlamentos autonómicos que ahora quiere eliminar y de una de esos organismos regionales contra los que carga habitualmente y define como chiringuitos. Esperanza Aguirre, una de sus protectoras dentro del partido junto con José María Aznar, le nombró en 2010 director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, un cargo que ocupó hasta diciembre de 2012.
El presidente de Vox ya lo era entonces de DENAES (Asociación para la Defensa de la Nación Española) y compatibilizó esa responsabilidad con el cargo en la administración regional. La misma administración regional que hinchaba a subvenciones a DENAES: 100.000 euros en 2008, 90.000 en 2009 y 57.375 en 2010. Cuando más azotaba la crisis económica, la cuantía se redujo, pero las subvenciones continuaron en los años de los recortes. Es esa asociación de la que luego nació Vox y que Abascal utilizó como herramienta para promocionarse él y sus ideas.
De hecho, la sede social de DENAES estuvo durante un tiempo en un elegante inmueble del distrito madrileño de Chamberí, uno de los más caro de la ciudad. Esa sede era propiedad de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
La Agencia de Protección de Datos no sobrevivió a los recortes de la crisis, pero Abascal encontró otro destino muy bien pagado en la administración. Fue nombrado director gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, también bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid. La fundación no tenía actividad y solo contaba con un empleado, pero Abascal se embolsaba un sueldo de 83.000 euros brutos anuales.
Abascal abandonó el PP en 2013, poco antes de que la Comunidad de Madrid informase de que había liquidado la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Unos meses después fundó Vox, con el que cosechó fracaso tras fracaso hasta el pasado domingo. Vox ya tiene representación institucional en una comunidad autónoma, de las que reniega pero ha vivido durante los últimos años.