La atención sobre el futuro de Catalunya se fija este lunes en el madrileño distrito de Moncloa. En el Palacio del mismo nombre el Gobierno ha aprobado el recurso a la Ley de Consultas y la convocatoria del 9 de noviembre. Muy cerca de allí, en la sede del Tribunal Constitucional se ha producido el siguiente paso, la presentación de esos recursos por parte de la Abogacía del Estado minutos después de las 13.00 horas.
Menos de una hora después, el presidente del Tribunal Constitucional, el conservador Francisco Pérez de los Cobos, ha convocado un pleno para esta tarde, según la agencia Efe, en ejercicio de las facultades que le concede la ley.
Solo un defecto de forma en los recursos del Gobierno podría provocar su rechazo por el Tribunal Constitucional, algo muy improbable si, como insinuó el Ejecutivo, estos llevan redactados desde hace tiempo, a la espera de que el Boletín Oficial de la Generalitat publicara la Ley de Consultas y Artur Mas convocara la cita del 9 de noviembre.
Al tratarse de una decisión de un Gobierno autonómico recurrida por el Ejecutivo central, la admisión a trámite paraliza, con efecto retroactivo, las decisiones objeto del recurso. La Ley de Consultas quedará anulada, así como la convocatoria de noviembre.
Los magistrados tendrán entonces cinco meses para dictar un fallo, pero fuentes próximas al Tribunal Constitucional prevén que no agotarán el plazo y antes del 9 de noviembre habrá una sentencia. Como ya ocurriera con la anulación de la declaración soberanista del Parlament, se espera un fallo unánime en contra de la Ley de Consultas, independientemente de la adscripción ideológica de cada magistrado.
Expertos constitucionalistas observan un claro fraude en varios aspectos de la Ley. En este sentido, recuerdan el fallo en 2008 sobre la convocatoria de una consulta dentro del Plan Ibarretxe. El Constitucional dijo entonces que el término “consulta” escondía la voluntad de organizar un referéndum y que la capacidad para hacerlo es competencia exclusiva del Estado.
Las mismas fuentes señalan los votos particulares del Consejo de Garantías Estatutarias, que dio el visto bueno a la Ley de Consultas por cinco votos a favor y cuatro en contra. Los miembros nombrados a propuesta de CiU y ERC votaron afirmativamente y en contra, los de PSC, PP e ICV. Especialmente significativo fue el de este último, el prestigioso constitucionalista Marc Carrillo, teniendo en cuenta que ICV es uno de los partidos del Parlament que apoya la celebración del 9N.