La batalla judicial por el Pazo de Meirás continúa. Casi dos años después de que el Gobierno venciera en los tribunales a la familia Franco y recuperara para el Estado la propiedad del que fue refugio de la escritora Emilia Pardo Bazán tras 82 años de ocupación, la Abogacía del Estado ha presentado una demanda contra los herederos del dictador en la que reclama la legítima propiedad de 564 bienes que se encuentran en su interior. Tras tener que devolver el lugar, que se ha abierto al público, los Franco trasladaron la pelea al interior del inmueble al entender que lo que hay dentro es suyo, aunque un juzgado les quitó la razón.
La Abogacía del Estado entiende que esos 564 bienes que reclama son de titularidad pública al tratarse documentos que podrían categorizarse como bienes de Patrimonio Nacional, bienes de Patrimonio Documental y bienes de dominio público vinculados a la actividad oficial desarrollada durante la dictadura franquista que son interesantes desde el punto de vista de la memoria histórica y también a Emilia Pardo Bazán. Lo que no reclaman los servicios jurídicos del Estado son los 3.200 volúmenes que pertenecieron a la escritora dado que fueron expresamente donados a sus herederos.
La demanda incluye la petición de medidas cautelares para que se acuerde la permanencia de esos bienes dentro del Pazo y, en depósito de la Administración, hasta que el juzgado resuelva a quién corresponde la propiedad, señalan fuentes gubernamentales a elDiario.es.
Los Franco consideraron que lo que había en el interior del Pazo era de su propiedad y pusieron trabas para la elaboración de un inventario por lo que no fueron incluidos en la demanda sobre la titularidad del edificio. A raíz de la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de A Coruña, que dio la razón al Estado e impidió a la familia del dictador retirar la mayoría de los bienes que ya estaban en disputa, un total de 133 bienes que estaban dentro del Pazo como parte del mobiliario y elementos decorativos, entre otras. Con esa resolución, se han analizado el conjunto de bienes y la Abogacía del Estado ha concluido que le corresponde la titularidad de medio millar de documentos a los que no había tenido acceso y ha presentado una denuncia para evitar que la familia Franco se los lleve.
La Abogacía del Estado ha presentado esta vez la demanda en un juzgado de Madrid, que es donde residen los herederos del dictador.