La Abogacía del Estado pide apartar al conservador Macías de los recursos contra la amnistía en el Constitucional

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que el magistrado conservador José María Macías sea apartado de las deliberaciones que tengan que ver con la ley de amnistía, a la que se ha opuesto públicamente en el último año, según el escrito adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es. El documento considera que Macías no es imparcial para participar en esas decisiones. El motivo de la recusación se centra en el informe que suscribió en marzo de 2024, cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que consideró que la ley de olvido penal del procés era inconstitucional.

Según la Abogacía del Estado, las “conclusiones” de ese informe acreditan que Macías, el último magistrado en incorporarse al pleno a iniciativa del PP, tuvo un “extenso conocimiento” del litigio cuando formaba un cargo público y formó “criterio” junto al resto de vocales que entonces conformaban el órgano de gobierno de los jueces “en detrimento de la debida imparcialidad”. 

La Abogacía del Estado ha presentado esta recusación contra Macías en el primer asunto relacionado con la amnistía que ha tenido que estudiar: la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sus argumentos son, sin embargo, aplicables a las 20 impugnaciones que se han presentado contra la norma, entre ellas por el propio PP, recurso del que es ponente Macías. 

En su época como vocal del CGPJ, Macías se puso al frente de un grupo de vocales que se opuso activamente, entre otras medidas del Gobierno, a esta ley de amnistía, forzando la emisión de un informe contrario que no les había sido solicitado en un primer momento.

La recusación de la Abogacía del Estado se une a la que presentó la semana pasada la Fiscalía. El Ministerio Público también considera que no puede ser el ponente del recurso del Partido Popular porque en su etapa como miembro del CGPJ tuvo “participación directa” en “actuaciones oficiales” del Consejo contra la amnistía, como el citado informe, que para la Fiscalía supone “una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica” valoración de la ley.