ENTREVISTA Eric Sanz de Bremond
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España por no investigar de manera “completa y eficaz” la agresión policial que sufrió una manifestante durante el primer 'Rodea el Congreso' de 2012, una protesta masiva en los alrededores del Parlamento que acabó con disturbios y duras cargas.
Estrasburgo considera que la imposibilidad de identificar a los agentes implicados en los hechos denunciados —hasta 2013 no entró en vigor la instrucción que les obliga a llevar un número en la espalda— no se compensó con una investigación especialmente exhaustiva. También subraya que al tratarse de una denuncia de maltrato policial en una manifestación contra el Gobierno se debería haber tenido un especial celo para determinar si la Policía hizo un uso “proporcionado” de la fuerza, algo que la Justicia española tampoco hizo.
Eric Sanz de Bremond es el abogado que ha llevado este caso al TEDH después de ver cómo se cerraban todas las puertas en España. Miembro de la Comisión Legal que surgió del 15-M —que ha promovido este procedimiento— atiende por teléfono a elDiario.es pocas horas después de recibir una sentencia ante la que se reconoce “contento”, si bien insiste en que, aunque haya habido avances en los últimos años, el de los policías sin identificación es “un problema sistémico que garantiza la impunidad”. Y reitera que esa impunidad no se acabará hasta que los jueces “investiguen a fondo” y la Fiscalía se implique en las denuncias sobre excesos policiales.
El TEDH ha condenado a España por no investigar debidamente una denuncia sobre un abuso policial en 2012. ¿Qué valoración hace de la sentencia?
La sentencia condena a España en dos planos. Por un lado, dice que los policías no iban debidamente identificados porque su número de placa no era visible. Y, por otro, señala que la jueza no consiguió remediar esta falta de identificación y no realizó toda la investigación que podría haber hecho. Estamos contentos porque es una sentencia que sienta precedente, pero este no es un caso excepcional y único. Desde la Comisión Legal tenemos innumerables denuncias que se han archivado porque no se puede identificar al policía porque no va debidamente identificado.
El fallo obliga a España a indemnizar con 1.000 euros a la víctima. ¿Puede tener alguna consecuencia más en el ámbito penal o los hechos ya están prescritos?
No, porque el delito estaría prescrito en cualquier caso. La consecuencia es que estos señores que fueron a castigar manifestantes se van a ir de rositas.
¿Podría haber hecho más la Justicia en España para investigar este caso? La jueza de primera instancia desestimó diversas solicitudes de prueba adicionales.
Ni siquiera llamó a declarar a las dos denunciantes. Pero no sólo eso. También rechazó que fuera a declarar el vecino que grabó una imágenes desde un balcón que son muy claras [ver, aquí] y un cámara de LaSexta que estaba delante cuando abren la cabeza a las chicas y las empujan. También pedimos que se identificara a los policías de los furgones que aparecían en el vídeo, que fuera a declarar el agente que estaba al mando y que aportaran los mensajes de radio entre los furgones y también nos dijeron que no.
Cuando recurrimos, la Audiencia Provincial de Madrid recriminó a las perjudicadas que no facilitaran el número de placa de los agentes, cuando no lo llevaban visible. También nos hemos encontrado con la oposición del Ministerio Fiscal en todo el proceso, que se opuso a todo lo pedido por la demandante, lo que supone una diferencia de trato respecto a cuando el denunciante es un agente de Policía.
La jueza esgrimió que no pudo identificar a los agentes porque no llevaban sus identificaciones visibles. ¿Cree que las deficiencias en la identificación de los policías durante las manifestaciones ha generado impunidad?
Totalmente. El TEDH ya había dicho en otras ocasiones que la falta de identificación de los agentes garantiza que no se pueda hacer una investigación efectiva. Es un problema sistémico que garantiza la impunidad de la Policía.
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado calificó este episodio de “puntual” y subrayó que la normativa sobre identificación de los agentes en sus intervenciones cambió en abril de 2013 y que el problema ya está resuelto. ¿Está de acuerdo?
Si en 2013 lo hicieron fue porque desde la Comisión Legal de Sol nos hartamos de poner denuncias con fotos de policías sin número de placa. Es una mejora, pero el número lo llevan únicamente en la espalda y normalmente suelen cargar de frente, lo que dificulta que se les pueda identificar. Lo deberían llevar también en el pecho.
Es un avance que ha permitido, por ejemplo, la apertura de un procedimiento contra los policías del 1-O. Pero queda mucho por hacer. Por ejemplo, en las concentraciones feministas de este lunes se veía a muchos policías no identificados. Llevamos nueve años con esto y vemos que no es posible. Además, en los últimos cinco años ningún policía ha sido sancionado en toda España por no ir identificado, según una petición que formulamos al Ministerio del Interior a través del Portal de Transparencia.
La sentencia supone un nuevo correctivo para el Tribunal Constitucional, que rechazó el amparo de la demandante. ¿Hay que ir a Estrasburgo para encontrar Justicia?
En este caso parece que sí, pero para ir al TEDH también hay que hacer cálculos. A la denunciante le van a dar 1.000 euros ahora, que se suman a los 750 que ya recibió por su reclamación administrativa. ¿Pero cuánto cuesta un procedimiento así? Si no llegan más casos a Estrasburgo no es porque no los haya, sino porque la gente no puede pagar lo que cuesta litigar. El Tribunal Constitucional inadmitió nuestro recurso con el argumento de que no había habido ninguna vulneración.
El TEDH también considera se debería haber tenido un especial celo para determinar si la Policía hizo un uso “proporcionado” de la fuerza, algo que la Justicia española tampoco hizo. ¿Cree que este fallo abre el camino para que se realicen investigaciones más exhaustivas ante este tipo de actuaciones?
Soy un poco escéptico, pero ojalá. Es un granito importante, pero no creo que vaya a suponer un cambio sustancial. Para mí es un problema que tiene tres planos: uno, que los policías vayan debidamente identificados y que se sancione a los que no; dos, que los jueces investiguen a fondo; y tres, que la Fiscalía se moje. Si esas tres cosas cambiaran otro gallo cantaría.
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