Un juez de Madrid ha abierto diligencias previas contra el ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge y otras 26 personas más por un supuesto delito de coacciones y amenazas en el escrache que protagonizaron ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En un auto hecho público hoy, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 ofrece a la vicepresidenta y a su familia personarse en la causa y cita como testigo a un policía presente en el escrache que tuvo lugar el 5 de abril en el centro de Madrid.
Ese día, alrededor de 300 personas se concentraron frente al domicilio particular de la vicepresidenta para protestar por los desahucios y la Policía identificó a los organizadores del escrache, entre ellos Verstrynge.
En el auto, el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias asegura que los hechos denunciados por el marido de Sáenz de Santamaría, “de ser ciertos”, pudieran ser constitutivos de “delitos de coacciones, amenazas y manifestación ilegal”.
Explica que abre diligencias previas para investigar los hechos y averiguar que el escrache que protagonizaron “puede ser considerado delito de coacciones dada la poca información facilitada por el atestado” policial.
Según el auto, el instructor pretende conocer qué personas de las identificadas “mencionaron que el destino de la manifestación era el domicilio de la vicepresidenta o si solo es una presunción por la cercanía del mismo”.
El juez reclama a la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid información sobre la “distancia existente entre la cabecera de la concentración y el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno y familia”.
Además, el magistrado pide datos sobre “el modo y manera” en el que se convocó la concentración y a través de qué medio, así como si consta la identidad de personas o grupos que convocaron el escrache, el motivo de éste y “si ya estaba dirigido al domicilio” de Sáenz de Santamaría.
También solicita a la Policía que explique las razones por las que considera a Verstrynge, María Eugenia G.Y. y Adrián R.P. “promotores, cabecillas, incitadores o instigadores de los hechos” y que precise estos últimos.
El juez quiere saber también qué hechos considera la Policía desobediencia a los agentes de la autoridad por parte de los 27 identificados y que se individualice su actuación, ya que en las diligencias policiales no se concretan las acusaciones.
En el auto, el magistrado reclama a la Policía que le informe de si los 27 denunciados fueron identificados en la Plaza de Manuel Becerra y si después acudieron a la calle donde tiene su domicilio la vicepresidenta, así como en las cercanías de esta vivienda fueron identificados algunos de ellos “o no llegaron a estar en la calle” donde reside Sáenz de Santamaría.