La Audiencia de Madrid ha decidido absolver al artista Enrique Tenreiro, acusado de varios delitos por pintar una paloma y el mensaje “por la libertad” en la lápida de Franco en la Basílica del Valle de los Caídos en octubre de 2018. La Fiscalía pedía un año de cárcel para él y la acusación popular, la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, dos años por delitos contra la libertad de conciencia y de actos de profanación y daños. La Abogacía del Estado compareció para solicitar, por la vía civil, que el artista tuviera que indemnizar a Patrimonio Nacional con 833 euros por los daños causados a la tumba.
Los hechos tuvieron lugar poco antes de la misa del 31 de octubre de 2018 en la Basílica del Valle de los Caídos, un año antes de la exhumación de los restos del dictador. El artista gallego dibujó una paloma con pintura roja encima de la lápida junto con el mensaje “por la libertad” para después dirigirse a los presentes que habían acudido a misa: “Por la reconciliación de los españoles”, les dijo. Los hechos probados de la sentencia reflejan que hizo todo esto pero también que no tuvo intención de alterar la reunión religiosa y que se limitó a expresar su opinión sobre la presencia del cadáver del dictador en el Valle de los Caídos.
En primer lugar, los jueces rechazan que el artista quisiera ofender las creencias religiosas de los que allí estaban para la misa. “No había empezado la misa, segundo, actuó solo y de forma rápida y las consignas lanzadas en modo alguno iban en contra de las creencias religiosas de los que allí pudieran estar presentes”, dicen sobre este primer delito. Fue, dicen los magistrados, “un acto de perturbación menor” que no puede ser considerado delito. “Está claro que contra su presencia en ese lugar y no contra los sentimientos religiosos de los presentes”, dice la Audiencia sobre el verdadero objeto de la protesta del artista.
Tampoco creen que la pintada profanase la tumba del dictador. “Se trata de una figura con una trayectoria como jefe del Estado y la finalidad del acusado no era la del vilipendio de su persona como tal, sino la de expresar una idea sobre su presencia en el lugar, sin que concurra un ánimo de ultraje”, zanjan los magistrados en una sentencia que no ha sido unánime y que todavía es recurrible ante el Tribunal Superior de la región. Los jueces explican que el artista ejecutó una pintada y eso no puede equipararse a unos daños a nivel penal.
“Las ideas no se expresan de esa manera”
Esta sentencia no es el final del caso. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Superior por la Fiscalía o por la otra acusación y cuenta, además, con el voto particular de un magistrado que apuesta por condenar a Tenreiro por los dos delitos de los que estaba acusado. El juez Francisco Manuel Oliver Egea, en sintonía con las acusaciones, entiende que la intención del artista sí era ofender los sentimientos religiosos de los que esperaban la celebración de la misa y ofender al dictador enterrado. “Sería un acto que atenta no sólo contra el respeto al difunto sino además contra los sentimientos religiosos”, explica el voto particular, tan largo como la sentencia de la mayoría del tribunal.
Esas pintadas, para el juez, supusieron una violación de la tumba del dictador. “Las ideas no se expresan de esa manera. La libertad de expresión no puede amparar, en ningún caso, actos como los realizados por el acusado”, dice este magistrado. El voto particular lanza reproches duros al artista, al que recomienda acudir a las redes sociales o los medios de comunicación para hacer este tipo de protestas al entender que ofendió a la facción religiosa de la sociedad: “En eso consiste la democracia: en respetar las ideas y los sentimientos de los demás por muy en desacuerdo que se esté con ellas”, afirma.
El magistrado discrepante, incluso, entiende que su acción de protestar con una pintada contra la presencia del dictador en el Valle de los Caídos - exhumado un año después - fue en contra de la reconciliación que ensalzó en sus palabras posteriores. “Lo que consiguió es cercenar, precisamente, esa reconciliación”, reprocha el magistrado.
Oliver Egea, magistrado de la Audiencia de Madrid, fue alto cargo de la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Fue nombrado director general de Seguridad del ejecutivo regional en 2013, tal y como informó entonces la Comunidad. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) revela también que ha ostentado varios cargos en la administración madrileña en tiempos de Esperanza Aguirre: fue nombrado secretario general del Tribunal de Defensa de la Competencia en julio de 2010, director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos en diciembre de 2011 y finalmente Director General de Seguridad en febrero de 2013, cargo que abandonó en enero de 2015. En marzo del año pasado fue destinado en la Audiencia Provincial de Madrid después de trabajar en un juzgado de lo penal de Móstoles.