La actividad del Poder Judicial en funciones se queda en el limbo ante el bloqueo a su renovación

El pasado 13 octubre, en plena resaca por la dimisión de su presidente, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por unanimidad un comunicado en el que sus miembros se comprometían a seguir trabajando “con plena normalidad” y ejerciendo “todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”. Apenas tres meses después, vocales de ambos sectores consultados por elDiario.es reconocen que esas competencias son, en realidad, “muy limitadas” y que su actividad se ceñirá en los próximos meses a despachar cuestiones administrativas de trámite. Reconocen estar “de salida”, pero descartan dimisiones en bloque. 

Según la ley que lo regula, el CGPJ es el órgano encargado de garantizar la independencia de más de 5.000 jueces y magistrados y de tomar las decisiones más relevantes en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Pero desde hace más de cuatro años es también una institución sometida a una situación de parálisis inédita en democracia. Este bloqueo es consecuencia de los cálculos partidistas del Partido Popular, cuyos dirigentes están dispuestos a alargar esta situación hasta el final de la legislatura tras dinamitar en el último momento el más reciente intento de acuerdo a finales del pasado octubre. 

La última exigencia del partido de Alberto Núñez Feijóo es recuperar la propuesta de que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces. Es una medida a la que el PP renunció en la última negociación frustrada y que rechazan en la Moncloa, donde defienden que la renovación debe producirse antes de cualquier hipotético cambio en el sistema de elección. Según el Gobierno, el actual modelo en el que las cámaras eligen sobre una lista preseleccionada por los jueces “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía”. 

Ante esta coyuntura, los vocales asumen que seguirán en sus despachos hasta después de las generales de finales de año en un estado de “letargo”. Reconocen que la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que correspondió nombrar al CGPJ –y que se materializó el pasado 27 de diciembre– era el “único asunto con trascendencia política” que tenían entre manos. Por otro lado, el parón de la agenda legislativa ante el próximo ciclo electoral también hará que apenas lleguen nuevos proyectos de ley sobre los que hacer un dictamen, que es otra de las funciones esenciales del órgano de gobierno de los jueces. Estos informes, consultivos aunque no vinculantes, suelen ser más o menos polémicos en función de la iniciativa. 

“Los informes que se soliciten serán a mayor gloria del ministerio que lo proponga porque sabemos que la actividad legislativa está parada. Se pedirán por pura apariencia, por mostrar que están trabajando… pero ya sabemos que son normas que no van a tener recorrido parlamentario”, afirma un vocal del sector conservador. Uno de los informes que se espera para los próximos meses es el de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluye como principal novedad la creación de la figura del fiscal investigador. Fuentes del órgano afirman que los letrados del gabinete técnico facilitaron a los vocales ponentes un borrador a finales de diciembre. Ese dictamen está pendiente desde hace más de un año y medio, lo que llevó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, a solicitar el pasado octubre al CGPJ que lo terminara “cuanto antes”. 

Cuatro años de parálisis

El CGPJ cruzó el pasado diciembre el umbral de los cuatro años en funciones en una situación absolutamente frágil: con un presidente “por sustitución” que tiene tasadas sus funciones, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Principalmente, su función esencial de realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes. 

Según los datos facilitados por el Alto Tribunal, actualmente las vacantes ascienden a 19 sobre una planta de 79 magistrados. Principalmente, por jubilaciones, fallecimientos o nombramientos en otros destinos. Además, durante 2023 está prevista la jubilación de otros cinco magistrados más, lo que elevaría al 30% los puestos vacantes en el principal tribunal del país.

Son puestos que no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones. Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave. 

Esa reforma fue impulsada por los socios de Gobierno para forzar la renovación del CGPJ y fue recurrida por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional. Ambos partidos defienden que es inconstitucional porque limita las competencias que la ley fundamental atribuye al órgano de gobierno de los jueces. Durante los últimos meses, desde la derecha judicial y política se ha criticado la demora del tribunal de garantías a la hora de resolver esos recursos, que fueron admitidos a trámite hace casi año y medio, en septiembre de 2021. Ahora, con la renovación del Constitucional y el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista, los vocales elegidos a propuesta del PP han perdido toda esperanza de que esa reforma pueda ser anulada.  

Precisamente este miércoles, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo instó al Parlamento a que ponga “remedio” de “inmediato” a una situación que califican de “insostenible”. Los jueces no hacen propuestas concretas y se limitan a pedir “iniciativas” que impidan que empeore este escenario. La estimación es que solo en dos salas más afectadas por las vacantes —la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo— se dicten este año unas 1.230 sentencias menos “con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone” y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al “colapso” a ambas salas.

Entre tanto, el CGPJ ya ha empezado a dar pasos para reforzar el Alto Tribunal en la actual coyuntura. La Comisión Permanente, el núcleo duro del CGPJ formado por siete de los 18 miembros del órgano, solicitó informes al Servicio de Inspección del Ministerio de Justicia y acordó el pasado 21 de diciembre renovar 38 comisiones de servicio para el gabinete técnico del Supremo durante todo 2023. Ese es el órgano que asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. La Sala de Gobierno del Supremo reclama otros 15 letrados para paliar la “situación crítica” de las salas más afectadas. Según el departamento que dirige Pilar Llop, desde 2021, se han invertido 1,3 millones de euros en reforzar el Tribunal Supremo. Principalmente, por la incorporación de letrados a este gabinete técnico. 

Una mayoría conservadora y caducada

Entre tanto, el CGPJ seguirá funcionando con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. El presidente “por sustitución” es el progresista Rafael Mozo, aunque cumple los 72 años el próximo julio y tendrá que jubilarse. Si no hay renovación, lo sustituirá el siguiente vocal de más edad, el conservador Vicente Guilarte.  

Tanto en el Gobierno como en el propio CGPJ están convencidos de que no habrá renovación hasta después de las generales previstas para finales del año que viene y se formen de nuevo las Cámaras. La renuncia en bloque que han solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia tampoco ha tenido eco entre los vocales y no se esperan a corto plazo salidas individuales.

La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, solo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta. 

Con un presupuesto anual de 76 millones de euros, el CGPJ ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los seis vocales con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales — a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad— y tienen a su disposición un coche oficial y personal de secretaría.

El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor. Estos vocales reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Durante 2021, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva recibieron, en total, 278.694 euros brutos, con una media de algo más de 21.000 euros brutos mensuales. Además, los miembros del pleno gastaron durante el año pasado un total de 294.059,38 euros en viajes oficiales nacionales e internacionales para acudir a congresos, dictar conferencias o asistir a reuniones.