Grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes anunciaron hoy que interpondrán acciones judiciales contra el nuevo veto migratorio emitido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para restringir la entrada a refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
Estas organizaciones, entre las que se encuentran la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), hicieron este anuncio en una rueda de prensa, acompañadas por media docena más de grupos hispanos.
Los activistas reaccionaron así al nuevo decreto migratorio que prohíbe la entrada de refugiados al país durante 120 días y frena la emisión de visados durante 90 días para los ciudadanos de Irán, Somalia, el Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países de mayoría musulmana.
La asesora legislativa de ACLU Joanne Lin informó de que su organización, la NILC y sus socios, así como los estados de Washington y Minesota, que ya denunciaron la primera orden ejecutiva de Trump, revisarán el nuevo decreto en los próximos días e interpondrán demandas para “desafiarla”, aunque no desveló más detalles.
“El veto tiene problemas constitucionales y legales y tomaremos todos los caminos a través de los juzgados para que la orden no se implemente (...) Tenemos la esperanza de que nuestra demanda será satisfecha en los tribunales”, explicó Lin.
Tildó de “veto 2.0” esta última versión de la orden migratoria, emitida el lunes y que entrará en vigor el 16 de marzo, y aseguró que Trump “volverá a perder”, a pesar del “disfraz” de los cambios, como los que excluyen a Irak de la lista de países con restricciones y la inclusión de los sirios con el resto de refugiados.
La anterior orden distinguía a los sirios y les prohibía la entrada a EE.UU. indefinidamente, mientras que el nuevo decreto les impide entrar al país durante 120 días, como el resto de refugiados.
La primera orden de Trump, proclamada el 27 de enero, fue bloqueada por un juez federal a petición de los estados de Washington y Minesota y, luego, un panel de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), confirmó ese fallo y mantuvo el bloqueo.
En la rueda de prensa, la directora de la organización United We Dream (UWD), Grisa Martínez Rosas, manifestó que esta nueva orden supone la “primera fase del muro” que Trump prometió construir en la frontera del país con México, aunque éste no tenga ladrillos ni alambres, ya que consideró que tienen los mismos efectos.
Además, denunció la detención en las últimas semanas de “dreamers” o “soñadores”, nombre con el que se conoce a los 750.000 indocumentados que se beneficiaron del programa migratorio DACA impulsado por el expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron de niños al país.
“Pusimos nuestra confianza en el Gobierno cuando les entregamos nuestros datos y ahora nos ponen entre barrotes”, añadió Martínez Rosas, quien también es una “soñadora”.
La vicepresidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la mayor organización de defensa de los hispanos en Estados Unidos, Clarissa Martínez de Castro, subrayó que Trump está “determinado” a tratar a los inmigrantes como una “amenaza” y afirmó que el objetivo del Gobierno de Estados Unidos es “crear miedo”.
“Continuaremos señalando los nombres de las historias personales detrás de las órdenes legislativas (...) El Gobierno no tendrá un cheque en blanco en la oscuridad que lo quiere hacer. Por ello, trabajaremos para asegurar que el presidente y Seguridad Nacional sean responsables cuando sabemos que toman decisiones para crear miedo y caos”, añadió Martínez de Castro.
Las organizaciones también hicieron un llamamiento al Congreso para que proteja a los inmigrantes e instó a los representantes demócratas y republicanos a rechazar órdenes migratorias como la que proclamó este lunes Trump.
Además, ACLU está organizando talleres en todo el país a fin de que la comunidad latina tenga herramientas para defender sus derechos y, como parte de esa iniciativa, ha lanzado una plataforma digital llamada PeoplePower.org destinada a poner en contacto a activistas de diferentes ciudades.