Tegucigalpa, 13 may (EFE).- Miembros de organizaciones sociales e indígenas de Honduras exigieron este jueves frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde instalaron un campamento, que se haga justicia y se esclarezca el crimen de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado en 2016.
“Estamos en este campamento exigiendo justicia para nuestra compañera Berta Cáceres”, dijo a Efe Dunia Sánchez, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
A unos 80 metros del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde se celebra el juicio contra Roberto David Castillo, presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), el COPINH y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos levantaron un campamento con la intención de que permanezca en pie hasta que se haga justicia.
“Viva Berta”, bautizaron los activistas y defensores de derechos humanos el campamento permanente instalado frente a la Corte Suprema de Justicia y que hasta ahora alberga una decena de carpas.
La vista judicial contra Castillo, un militar hondureño y expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), arrancó el 6 de abril en Tegucigalpa y se estima que concluirá en al menos dos semanas.
“(El COPINH) no está solo, pues muchas organizaciones nos respaldan en la búsqueda de justicia de nuestra compañera Berta Cáceres”, afirmó Sánchez.
La ambientalista fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
HOSTIGAMIENTO POLICIAL
Melisa Cardoza, representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que los activistas del campamento sufren hostigamiento de parte de la Policía Nacional.
“Desde el primer día que se puso el campamento (...) la Policía siempre está observando, haciendo fotos, videos, pero a partir de que se han sumado más personas, se ha agudizado el hostigamiento policial”, dijo Cardoza en declaraciones a Efe.
Las autoridades hondureñas fueron notificadas con anticipación de la instalación del cuartel, pero “todos los días hay hostigamiento de la Policía”, subrayó.
Comentó que hoy dos policías hondureños “haciendo acercamientos con sus teléfonos (móviles) para fotografías los rostros de los compañeros del campamento”.
Afirmó que Cáceres sufrió acoso, pues hay una gran cantidad de fotografías que tomaron los policías y que sirvieron para acusarla.
“Por eso sabemos muy bien de lo que se trata y lo denunciamos”, expresó.
Cáceres, cofundadora del COPINH en 1993, junto con su exmarido Salvador Zúñiga, se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
La empresa DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del COPINH y la familia de Cáceres.
En diciembre de 2019, un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.