Entre tanto nubarrón político, el acuerdo para sacar adelante la amnistía abre un nuevo horizonte para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la base de la complejísima composición parlamentaria que emanó de las urnas el 23J, el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar se encomendó a la tarea de sacar adelante una ley de amnistía que sirviera para amarrar los votos del independentismo catalán como sostén de la legislatura. Y, tras muchos vaivenes, está a solo un paso de conseguirlo.
La primera consecuencia política del acuerdo entre los socialistas, los republicanos y los de Carles Puigdemont para desbloquear este jueves una ley de amnistía –que será refrendada en Pleno la semana que viene– será, de hecho, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Si se pregunta por esas cuentas en el Gobierno, la respuesta es doble: no hay nada firmado con Junts que le comprometa a aprobarlos, pero tampoco hay dudas de que los Presupuestos serán una realidad y muy pronto.
“Lo hemos hablado durante las negociaciones pero no hay un papel firmado con ese compromiso. Lo que sí está claro es que el acuerdo de la amnistía constata la voluntad de todas las partes de que haya estabilidad y de que haya legislatura”, apuntan en el PSOE. Desde el Ejecutivo, traducen: “La de los Presupuestos será una negociación diferente y ahora toca afrontarla, pero la decisión política de todos es que salgan adelante”.
“Quiero dejar muy claro en esta tribuna que el Gobierno va a presentar un proyecto de Presupuestos para 2024 y lo va a remitir a las Cortes Generales”, dijo esta semana en el Senado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate sobre los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-2026.
Montero se enfrentó a la oposición, con mayoría absoluta en el Senado, precisamente por tumbar esos objetivos de déficit. Y lanzó un mensaje contundente sobre la viabilidad de la legislatura. “Se les va a hacer muy larga la legislatura, señorías del PP. Porque las iniciativas legislativas nos están dando confianza y van a ofrecer la estabilidad necesaria para el conjunto de la ciudadanía”, dijo la vicepresidenta.
Desde la misma noche electoral de las generales, el Ejecutivo es consciente de que esa estabilidad de la legislatura pivota en buena medida sobre dos ejes catalanes. El que une a PSOE y ERC está más engrasado después de varios años de negociaciones y acuerdos. Para muestra, los acuerdos presupuestarios en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que anticipan un respaldo sin muchos titubeos de los republicanos a los Presupuestos estatales. Al Govern de Pere Aragonès solo le falta el ‘sí’ de los comuns a las cuentas, y para ello ya ha trasladado la presión a la vicepresidenta Yolanda Díaz, tal y como ha avanzado este jueves Nació Digital.
El hilo que liga a Puigdemont con Sánchez, en cambio, es más reciente, fruto de los endiablados resultados de las elecciones del 23 de julio, y está más expuesto a los movimientos judiciales contra el expresident, que en Junts son conscientes que no cesarán pese a la amnistía. A diferencia de los republicanos, que solo pueden pactar con las fuerzas progresistas estatales, Junts lanza un discurso de centralidad del tablero y, como ocurriera antaño con Convergència, no cierra la puerta a pactos tanto con el PSOE como con el PP. “No somos de ningún bloque”, reiteran en Junts. El problema estriba en que ahora en la ecuación conservadora también está Vox.
Con todo, fuentes del partido de Puigdemont reconocen que las conversaciones con el PSOE para la amnistía –en especial entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el de organización de los socialistas, Santos Cerdán– han servido para “coger rodaje” y “ayudar” a las próximas conversaciones presupuestarias.
En Junts se quiere evitar a toda costa con los Presupuestos una negociación con demasiada exposición pública como fue la de los decretos anticrisis y ómnibus de principios de enero. “Fue un ‘show’ que no se puede volver a repetir”, certifican fuentes de la formación independentista.
De cara a la negociación presupuestaria, Junts impone silencio y discreción, tal y como ha ocurrido con el último acuerdo sobre la amnistía. “Nosotros callaremos, aguantaremos muchas cosas, pero la predisposición de llegar a un acuerdo está, y las declaraciones las daremos después de negociar, cuando veamos si hay pacto para las cuentas o no”, exponen en el cuartel general del partido independentista.
Siguiendo esta premisa, en el partido de Puigdemont rechazan avanzar sus peticiones al Gobierno a cambio de su ‘sí’ a las cuentas. El pacto fiscal y el nuevo modelo de financiación están entre los aspectos a negociar, al menos si se tiene en cuenta el pacto de investidura que ambos partidos firmaron el pasado mes de noviembre.
“Los acuerdos con el PSOE no nos pueden alejar de los objetivos que el president Puigdemont expuso en Bruselas”, señalan en Junts como hoja de ruta presente y futura. A modo de recordatorio: un “compromiso histórico” para el que Puigdemont apeló tanto al PP como al PSOE y que incluya un nuevo acuerdo constitucional con el que el Estado reconozca a Catalunya como nación y, por tanto, con derecho a autodeterminarse. Algo que, en cualquier caso, saben de buena fuente que es terreno inabordable para el Gobierno de Pedro Sánchez.