Las negociaciones y los acuerdos que han permitido la investidura de Pedro Sánchez han reabierto el eterno debate sobre la financiación autonómica. El modelo lleva una década caducado y desde entonces han sido constantes las peticiones de los distintos territorios para actualizar el esquema que se ideó para que concluyera en 2013. Su revisión se ha incluido en todos los programas electorales de PP y PSOE, pero, una vez en el poder, ninguno de ellos se ha atrevido a abrir un melón que siempre ha generado tensiones, también dentro de esas formaciones políticas, por los choques entre los intereses de sus propios presidentes autonómicos.
Ahora, de nuevo, muchas comunidades están empezando a poner encima de la mesa sus exigencias, después de conocer los pactos alcanzados entre el PSOE y las formaciones independentistas catalanas ERC y Junts o el BNG. Esos acuerdos contemplan revisar el modo en que se financian Catalunya y Galicia sobre todo en cuanto a la quita de deuda, y ese punto ha sido considerado como un agravio por el resto de comunidades de régimen común, todas menos Euskadi y Navarra, que gozan de un modelo propio, basado en los derechos forales.
La mayor parte de la deuda de las comunidades se generó a partir del año 2012, cuando el Gobierno de Rajoy utilizó el sistema conocido como Fondo de Liquidez Autonómico para garantizar a las regiones su financiación ante la imposibilidad de salir al mercado a financiarse. Pero no todas acudieron a este sistema. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid no se acogió a este sistema, aunque el Gobierno tiene previsto buscar también vías para que pueda verse beneficiada de la quita que el PSOE quiere que abarque a todas las regiones.
Sin embargo, nada más conocer los acuerdos, los presidentes autonómicos del PP –pero también algún socialista– se apresuraron a censurarlo al considerar que no garantizaba la “igualdad” entre españoles. En realidad, el pacto firmado con ERC beneficia a todas las comunidades.
Qué dice el acuerdo con ERC
“Con el fin de sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo, pudiendo también acudirse a transferencias para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario”, dice el texto.
“Lo anterior”, añade el acuerdo, “se entenderá sin perjuicio de que el FLA pueda seguir operando como sistema de último recurso en el caso de situaciones críticas de mercado”. “Esta operación supondrá la asunción del entorno del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo, contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, y supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Catalunya, y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses”, zanja.
Así, aunque menciona a todas las comunidades, el texto solo cuantifica cuál será la quita de Catalunya. La condonación de la deuda del resto de territorios está pendiente de concretarse en el desarrollo legal futuro. La cantidad quedará determinada en futuras normas y el método será analizar el impacto en el endeudamiento de las comunidades del ciclo económico negativo que se generó tras la crisis de 2008 y los años siguientes. Es decir, cada región tendrá su propio cálculo.
Se analizará caso a caso y, por tanto, el 20% del caso catalán no es extrapolable para todas las comunidades, ya que algunas tendrán un impacto mayor o menor de condonación de deuda.
Andalucía y Comunitat Valenciana, las más infrafinanciadas
Pero los gobiernos autonómicos ya están empezando a pedir cifras concretas. Junto con Catalunya, las comunidades más infrafinanciadas son Andalucía y la Comunitat Valenciana. La primera exige al Gobierno fondos equivalentes al 46% de su deuda, y eso que ha renunciado al 22% de ingresos con sus rebajas fiscales de los últimos años, desde que está gobernada por el PP. La comunidad, que arrastra 38.000 millones de deuda y en 2024 pagará un 33% más de intereses por la demora de pago, pide a Sánchez 17.500 millones para igualarse a la quita pactada por PSOE y ERC para Catalunya.
En el caso de la Comunitat Valenciana, que es la segunda más endeudada en términos absolutos –tras la catalana– y la primera en relación con su PIB, de los más de 57.000 millones de euros de deuda de la administración autonómica valenciana, 48.300 millones (el 84%) son consecuencia del Fondo de Liquidez Autonómico. Tanto el presidente autonómico, Carlos Mazón (PP), como su consellera de Hacienda, Ruth Merino, han evitado dar cifras concretas pero insisten en que la autonomía reciba “al menos el mismo trato” que Catalunya sobre la deuda y piden el reconocimiento de la comunidad como infrafinanciada.
El líder valenciano prefiere que se aborde la reforma del sistema de financiación, que relega a la comunitat a la cola en recursos. “Si en algún momento un Gobierno serio nos convoca a un Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues allí acudiremos. Nuestra postura es clara, ha sido clara. No tiene que ver con un momento de amnistía, no tiene que ver con un momento de rebajas para algunos, ya veremos al resto cómo se nos quiere enfocar”, insistió el lunes. Dos días antes, Mazón aludió a la “excepcionalidad valenciana” y afirmó que tiene una “doble justificación” para hacer la reclamación, porque no solo es un territorio infrafinanciado sino que además lo ha acreditado. “Llegamos con los deberes hechos por haber trabajado duro y bien”, un trabajo que se ha llevado a cabo “independientemente de la coyuntura, de las propuestas o el contexto”.
En cuanto a Galicia, el acuerdo suscrito entre el PSOE y el BNG que garantiza el apoyo de esta última a la investidura de Sánchez hace una mención específica a la reestructuración de la deuda autonómica a cuenta del pacto sellado también con ERC. El documento firmado con el BNG recoge que “en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda adquirida por comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se establecerán medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones” a las comunidades que no hicieron uso del FLA, como es el caso gallego. Su presidente, Alfonso Rueda (PP), tampoco ha pedido una cifra concreta al Estado.
Posiciones dispares entre territorios
En Balears, el Gobierno prevé condonar parte la deuda histórica de las islas, estimada en 1.000 millones de euros, lo que supone un 20% de los 4.828 millones que el archipiélago debe al Estado. Pero el Govern del PP recrimina al PSOE que no se haya logrado un pacto entre el Gobierno y las comunidades en los últimos años. Desde la oposición, los socialistas señalan que los acuerdos suscritos entre Sánchez y los independentistas permitirán que de forma inmediata Balears se libere de “la obligación de devolver algunos de los fondos aportados por el Estado” en virtud del FLA.
Extremadura, por su parte, no solicitará la condonación de parte de su deuda con el Estado porque aceptarlo supone, según su Ejecutivo, también del PP, “premiar a las comunidades que no han cumplido con sus deberes y responsabilidades”. La presidenta, María Guardiola, leyó el martes una declaración institucional y destacó que el acuerdo entre el PSOE y ERC deja a Extremadura “las sobras del banquete catalán”. “Lo que queremos es sentarnos a la misma mesa”, zanjó.
En la Región de Murcia, una rebaja equiparable a la pactada entre el Gobierno central y Catalunya ascendería a 1.952 millones de euros de los 9.762 millones de euros que debe del FLA, algo que el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, consideraría insuficiente. Para Marín, la quita de la deuda en la comunidad no debería bajar el 80%. Mientras se espera a cómo se traducirá este pacto entre el resto de autonomías, el consejero murciano ha tildado de “tomadura de pelo” que se haya dejado al margen del acuerdo “a la comunidad peor financiada”.
En Canarias, la posible condonación de la deuda a Catalunya también ha servido de nuevo pretexto para que el Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y el PP, justifique el que no haya incluido en los Presupuestos de 2024 la bajada del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), algo que ambos partidos prometieron en campaña electoral. La consejera regional de Hacienda, Matilde Asián (PP), alegó que esta condonación generaba “incertidumbre”, por lo que no acometerían por ahora la bajada de ese impuesto, que de hecho ha subido para algunos artículos.
Por ahora nadie en el Gobierno canario ha explicado si solicitará también que se condone la deuda del Archipiélago, de las más bajas del país, aunque la consejera ha resaltado que, al igual que esgrime Catalunya, Canarias está infrafinanciada. El presidente canario, Fernando Clavijo, asegura, además, no compartir “para nada” la condonación de una deuda “si hay agravio con el resto de territorio”, por lo que ante los acuerdos con los independentistas, el Gobierno regional empleará “todas” las herramientas democráticas para “tratar de impedir eso y que Canarias sea discriminada”.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha concretado la condonación de deuda que propondrá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Los sindicatos CCOO y UGT han pedido a Mañueco que no haga oposición al Gobierno y que haga una propuesta de consenso y de comunidad. Pero Mañueco ya advirtió la semana pasada de que la quita de la deuda no era “una cuestión de cifras” e insistió en la reforma del modelo de financiación autonómico.
Satisfacción en las comunidades socialistas
Desde Asturias, el presidente del Principado, socialista, asegura que el acuerdo entre el PSOE y ERC recoge condiciones que él propuso para incluir también deuda con terceros y no sólo deuda pública. Por eso Adrián Barbón, que no ha concretado cuál será su petición al Gobierno, sostiene que se cumplen las condiciones que él mismo planteó “antes incluso de que nadie hablara” de la negociación sobre la deuda de las comunidades y que también beneficiará a Asturias para disponer “de más dinero” para invertir en infraestructuras, políticas sociales o sanidad.
Otro socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dejado clara su posición sobre la condonación de la deuda a las autonomías del régimen común. “Si no es a todas, no lo será a ninguna”, subrayó, esta semana. Y avisó de que el Gobierno castellanomanchego no se conformará con una quita menor al 20%, lo acordado para Catalunya. Su justificación, ya reiterada en otras ocasiones: esta comunidad autónoma está “infrafinanciada”.
Los datos más precisos los ha dado esta semana su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina: el Gobierno de Page va a reclamar, en el seno del CPFF, una quita de deuda superior a los 5.300 millones de euros para, según calcula, poder igualar la financiación por habitante a la que va a resultar de la condonación a Catalunya tras el pacto con ERC.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha exigido al Estado “igualdad de trato” para todas las comunidades y beneficiarlas “de igual forma y en la misma medida”. “Si el Gobierno de España está dispuesto a condonar, perdonar o quitar parte de la deuda a Catalunya, lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo, dispensar la misma igualdad de trato al resto de los territorios”, señaló esta semana.
Cantabria tiene actualmente una deuda que asciende a 3.174 millones de euros, que en un 97% está vinculada al FLA. Según han detallado desde el Ejecutivo autonómico del PP, entre amortización de la deuda e intereses, el próximo presupuesto de la comunidad para 2024, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria y entrará en vigor el 1 de enero, recoge 418 millones de euros. De aplicarse una quita similar a la prevista con Catalunya, el beneficio para las cuentas públicas de Cantabria superará los 600 millones de euros.
Finalmente, el Gobierno de La Rioja muestra una postura de clara oposición “a cualquier tipo de privilegio financiero” y pide la convocatoria del CPFF. El Consejero de Hacienda, el popular Alfonso Domínguez, ha asegurado que La Rioja se va a “oponer radical y totalmente a cualquier tipo de privilegio financiero que se establezca sólo para algunas comunidades o sólo para una en concreto” y ha insistido en que la negociación del tipo financiero que va a afectar a las administraciones públicas no puede decidirse entre partidos políticos.
Ha recordado que en La Rioja se han elaborado los presupuestos “sin que el Gobierno central haya facilitado las entregas a cuenta” y por eso el Ejecutivo regional está valorando trasladar una petición formal para que se convoque el Consejo de Política Fiscal “para hablar no sólo de la cuestión de la condonación de la deuda catalana”. En el caso de La Rioja, una hipotética condonación de la deuda, supondría un ahorro a las arcas públicas de 184,38 millones de euros, el equivalente al 20% del total del Fondo de Liquidez de la comunidad que asciende a 921,9 millones de euros.
* Con información de Daniel Cela, Laura Martínez Redondo, Gonzalo Cortizo, Esther Ballesteros, Santiago Manchado, Elisa Reche, Dácil Jiménez, Alba Camazón, Bárbara Alonso, Alicia Avilés, Laro García y Olivia García, de Rioja2.