Las idas y venidas del Tribunal Supremo en el asunto de las hipotecas –el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo dejó en el aire la sentencia que un día antes condenaba a los bancos asumir el impuesto vinculado a los préstamos– ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la independencia judicial y la capacidad de presión de los grandes sectores económicos.
En este contexto, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que rechazan todo tipo de patrocinio o subvención privada, han lanzado una campaña para instar al resto de asociaciones, tanto de jueces como de fiscales, a asumir el mismo “compromiso ético”. En España la regulación es muy laxa y no establece prácticamente limitaciones a la financiación de colectivos de la Administración de Justicia.
En un comunicado conjunto, ambas mantienen que estos acuerdos pueden generar una “imagen distorsionada” de la Justicia y de sus profesionales “especialmente en un momento en el que parece clara la necesidad de mandar un mensaje a la sociedad sobre la absoluta independencia de la justicia”. También defienden que esta “cuestión deontológica” merece ser incluida en el futuro Código Ético de la Carrera Fiscal.
Actualmente, las cuatro asociaciones profesionales de jueces y una de fiscales mantienen acuerdos de patrocinio privado con el Banco Santander, entidad que les proporciona fondos que, según aseguran, se dedican principalmente a la organización de actividades de formación para sus asociados.
Se trata de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (AFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación de Fiscales (AF). Sus portavoces declinaron informar sobre la cantidad exacta que reciben del banco, si bien todos ellos defendieron que son importes “muy pequeños”, “pírricos” o “simbólicos” que, en ningún caso, comprometen la independencia o la autonomía de sus actuaciones.
El Banco Santander también rechazó proporcionar estos datos alegando no estar autorizado a desvelar información sobre la relación comercial con sus clientes.
Los portavoces de las asociaciones consultados explican que estos convenios de colaboración se suscriben únicamente con el Banco Santander porque esta entidad mantiene una estrecha colaboración con el ámbito judicial al ser adjudicataria por concurso público desde hace dos décadas del servicio de cuentas en las que se consignan las fianzas y otros depósitos de los procedimientos judiciales. La última adjudicación se formalizó el pasado 20 de septiembre por una duración de cuatro años. Según los pliegos, este contrato no comporta gasto alguno para la Administración y su valor estimado, 4.155,8 millones de euros, toma como base el saldo medio de las cuentas en enero de 2018. También es habitual que las asociaciones de jueces y fiscales tengan sus cuentas en la entidad que preside Ana Botín.
Además, la entidad ofrece a jueces, fiscales, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores “determinadas ventajas” como exención de comisiones en la cuenta colectivos, tarjetas de débito y crédito gratuitas y condiciones preferentes en financiación de vivienda y de consumo. No obstante, un portavoz de la entidad asegura que estas condiciones son las mismas a las que acceden hasta un centenar de colectivos profesionales que “por su buen perfil” son de “interés comercial” para el banco. Entre ellos, profesionales de la salud, militares, policías o miembros de la Asociación de la Prensa de Madrid, entre otros.
Por otro lado, las cuatro asociaciones judiciales reciben subvenciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en concepto de gastos de organización y funcionamiento, realización de actividades de interés para la Justicia y la vida asociativa, implantación en la Carrera Judicial, resultados de las últimas elecciones a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y actividades de formación. En 2017, estas ayudas ascendieron a 434.479,9 euros. Además, el reglamento de asociaciones judiciales profesionales también autoriza que puedan recibir recursos procedentes de la financiación privada. En todo caso, sólo tienen que rendir cuentas al CGPJ por las subvenciones y ayudas que reciben del órgano de gobierno de los jueces, no por parte de entidades privadas. Su actividad tampoco es fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Las asociaciones de fiscales, por su parte, no reciben subvención alguna por parte del Ministerio de Justicia.
Sin “efecto” sobre su independencia y autonomía
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Celso Rodríguez Padrón, que es portavoz de la conservadora APM, mayoritaria entre los jueces, asegura que su organización no va a modificar su “política de colaboración” con el Banco Santander, del que recibe ingresos “puntuales” para actividades de formación y con el que mantiene, además, un convenio estable para financiar que estudiantes sin recursos puedan opositar a la carrera judicial. A su juicio, la crítica de estos acuerdos que hacen la UPF y APIF es “terriblemente injusta y absolutamente descabellada” y se muestra convencido de que “ningún juez pierde su independencia como consecuencia de estas colaboraciones”.
Raimundo Prado, magistrado y portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, también admite que su colectivo mantiene un contrato de patrocinio con el Banco Santander. “No hay nada oscuro, está publicitado en nuestra página web”, subraya. E insiste en que estas ayudas, aunque no son cuantiosas, sí sirven para mantener la actividad de la asociación, pues con las cuotas de los asociados y la subvención del CGPJ “no llega”. En la reseña de la última reunión de su Comité Nacional, publicada en la página web de la asociación, se da cuenta de la “renovación del contrato de colaboración” con la entidad, aunque no de sus particularidades o su importe.
Por su parte, el juez Ignacio González Vega, portavoz de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia asegura que, en su caso, la colaboración con el Banco Santander se limita a una “ayuda de carácter simbólico con contraprestación”, pues se produce porque la entidad pone publicidad en la revista que edita la asociación. “Esta colaboración no tiene ningún efecto sobre la independencia con la que tratamos nuestros asuntos. De hecho, estamos defendiendo los intereses de los consumidores en la cuestión del impuesto de las hipotecas”, añade. Es cierto que la asociación pidió la dimisión del magistrado del Tribunal Supremo que paralizó la doctrina sobre quién debe pagar esa tasa y criticó su “nefasta gestión”.
Concepción Rodríguez, titular del Juzgado de Menores 1 de Madrid y portavoz del Foro Judicial Independiente, la cuarta asociación de jueces, explica que su asociación tiene un “convenio mínimo” con el Banco Santander por el que la entidad le proporciona alguna “pequeña” cantidad económica que también declina cuantificar. Rodríguez insiste en calificar de “sesgada” la posición de la UPF y asegura que el “verdadero problema” está en que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Por otro lado, Cristina Dexeus, coordinadora de la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona y presidenta de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador, confirma que su colectivo tiene suscrito un “contrato de colaboración por un precio pírrico” con el Banco Santander. Asegura que estos fondos se dedican a actividades de formación y a la organización de eventos o foros de debate jurídico y que, en ningún caso, un acuerdo de este calibre “afecta a la autonomía de los fiscales”. “Es como si pensáramos que un fiscal va a actuar de una manera determinada porque una entidad le haya dado una hipoteca en condiciones algo más ventajosas sólo por pertenecer al colectivo judicial. Es que no tiene sentido”, subraya.
Los portavoces de la la UPF y de APIF, sin embargo, insisten en que estos patrocinios, más aún cuando se trata de entidades bancarias, tienen un efecto negativo sobre la imagen de absoluta imparcialidad que las carreras judicial y fiscal deben proyectar a la ciudadanía. “En 2010 decidimos rechazar todo tipo de patrocinio o subvención privada. En los últimos años, en pleno aumento de la litigiosidad con los bancos por las cláusulas suelo, los impuestos de las hipotecas... vemos que el tiempo nos ha acabado dando la razón”, dice el fiscal Emilio Fernández, portavoz de la UPF. “Los ciudadanos piden al poder judicial ser totalmente escrupuloso respecto a este tipo de cuestiones”, añade, por su parte, el fiscal Miguel Pallarés, portavoz de APIF, colectivo que no ha recibido nunca patrocinio alguno.