Podemos cree que Ferrovial se está riendo de los españoles con su previsible traslado a Países Bajos y pide al Gobierno mayor contundencia contra esa decisión. “Lo que estamos viendo con Ferrovial el Gobierno no lo puede permitir”, ha advertido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en declaraciones a los medios este jueves. “Ferrovial se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos, es reírse a la cara de los españoles que con su dinero dieron ayudas en lo peor de la pandemia a una empresa como esta”, ha dicho para pedir a la compañía que devuelva “hasta el último euro” de esas subvenciones públicas recibidas.
La secretaria general del partido, tras participar en el acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano en Madrid, ha cargado contra la decisión de Ferrovial de mover su sede fiscal al país europeo. En el momento de esas declaraciones se está celebrando la junta de accionistas que tiene como principal punto del orden del día la votación de la operación, que supone que la filial que engloba el negocio internacional del grupo, Ferrovial International, con sede en Países Bajos, absorba a la sociedad matriz de la compañía, ubicada en España. “La reorganización no afecta a la continuidad de Ferrovial en nuestro país. Ferrovial no se va de España, mantendrá el empleo, la actividad”, ha argumentado Del Pino. “España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”, ha afirmado el directivo.
Belarra ha calificado sin embargo la decisión de “inaceptable” y ha insistido en que el Estado debe ser “muy contundente” con una empresa que a su juicio se está “riendo de los españoles que pusieron su dinero para mantener a flote empresas como esta en lo peor de la pandemia”. Preguntada sobre qué medidas cree que debería tomar el Gobierno, se ha limitado a decir que “cuando el Estado quiere, normalmente puede”. “Se mantuvo a flote gracias a esas ayudas y hoy en tiempo de bonanza cogen las cosas y se van. Tienen que devolver hasta el último euro que recibieron de ayudas a los españoles.
El Gobierno ha advertido en los últimos días sobre las consecuencias que podría tener la decisión para la empresa. El martes, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, envió una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que le insistió en que no hay motivos económicos para el traslado de la sede de la constructora a Países Bajos y que por tanto se podría enfrentar a un gran coste fiscal si Hacienda determina que el movimiento no tiene una lógica empresarial y solo persigue un “ahorro tributario”.
En caso de que su operación de restructuración y cambio de sede a Países Bajos no responda a un motivo económico válido, entiende Moncloa, no podrá acogerse a las ventajas fiscales del régimen especial de fusiones. Se podría enfrentar a un gran coste fiscal si Hacienda determina que el movimiento no tiene una lógica empresarial y solo persigue un “ahorro tributario”. Ya a principios de marzo, cuando Ferrovial anunció su intención de trasladarse a España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró que la empresa no estaba “comprometida con su país”.
La reacción del Gobierno sin embargo es insuficiente para Podemos, tal y como ha manifestado este jueves su líder, que ha reiterado que la respuesta debe ser mucho más contundente. Hace un mes, Unidas Podemos registró una proposición de ley en el Congreso para obligar a empresas que hicieran movimientos como el de Ferrovial a devolver las ayudas públicas recibidas. La propuesta reclamaba que todas aquellas sociedades que moviesen su sede o su producción fuera del país y se hubiesen beneficiado de subvenciones o ayudas públicas estén obligadas a devolver con intereses el dinero que hubieran recibido del Estado durante los diez últimos años.
“Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTEs, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas”m recordó en ese momento el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique. El grupo también pidió entonces un esfuerzo a nivel europeo “homogeneizar los tipos impositivos en el conjunto de la UE, y muy especialmente el impuesto de sociedades, para acabar con el dumping fiscal entre Estados miembros”.