Podemos ha recurrido al Tribunal Constitucional al considerar que los jueces de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y Joaquín Gadea han vulnerado su derecho a ejercer la acción política “en igualdad de condiciones” con otras formaciones, recogido en el artículo 23 de la norma fundamental. Ocurrió en la causa que abrió García Castellón e instruyó Gadea sobre la supuesta financiación ilegal del partido, y que resultó archivada, y durante la cual los magistrados habrían realizado “filtraciones sesgadas e interesadas” pese a haber decretado ellos mismos el secreto de las actuaciones.
La formación política que dirige Ione Belarra recurre al Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Supremo se negara a investigar a ambos jueces de la Audiencia Nacional por varios delitos, entre ellos los de prevaricación y revelación de secretos. Los delitos fueron cometidos por los jueces, defiende Podemos, “parapetándose tras la condición de autoridad del Estado y ejercitando las facultades y poderes inherentes a dicha condición en perjuicio de un partido político democrático”.
El partido se refiere a la causa secreta de la supuesta financiación ilegal de Podemos, archivada en 2017 pero reabierta en 2021 a partir de unas acusaciones sin pruebas contra el partido por parte del exgeneral venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, quien intentaba evitar su entrega a Estados Unidos por distintos delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante nueve meses, García Castellón y Gadea investigaron en secreto a los fundadores de Podemos sin otorgarles la condición de investigados ni darles acceso a las actuaciones y mientras determinados medios de comunicación daban cuenta de supuestos avances en una instrucción que acabó archivada por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior a García Castellón y Gadea.
En el transcurso de su investigación secreta los jueces habrían estado filtrando “las resultas de tal investigación prospectiva a medios de comunicación que, a su vez, se ven amparados en la existencia de dicha investigación para dotar de 'veracidad' a informaciones tendenciosas y claramente perjudiciales para el partido, que compite de este modo en una situación de clara desigualdad respecto del resto”, alega Podemos en su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Con la causa bajo secreto, rebatida desde el principio por la Fiscalía, solo García Castellón y Gadea tenían acceso e interés en filtrar las citadas informaciones “sesgadas”.
Los magistrados habrían desarrollado, por tanto, “una actividad delictiva” destinada a causar al partido político Podemos un “perjuicio reputacional”, lo que también constituiría una violación del artículo 18 de la Carta Magna y justificaría el recurso ante el Tribunal Constitucional, alegan los abogados de la formación política.
El recurrente considera que se ha producido “una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva” al rechazar el Tribunal Supremo emprender una investigación contra García Castellón y Gadea. Igualmente, Podemos solicita que se declare la nulidad del auto del Tribunal Supremo y que se declare el derecho del partido a que “se lleve una investigación suficiente y eficaz de los hechos comprendidos en la querella”.