La acusación popular que ejerce Adade en el caso Púnica ha recurrido el auto dictado por el juez Manuel García-Castellón en lo referente a Cristina Cifuentes al considerar que en nada han variado los indicios que llevaron a su imputación. En su escrito, la asociación lamenta que el juez haya roto “el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias” en periodos electorales, en referencia a la campaña de las autonómicas madrileñas.
Cifuentes estaba imputada por haber participado en la decisión de conceder los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, uno de los donantes del PP madrileño a través del subterfugio de Fundescam, la fundación creada por el partido en Madrid a tal efecto. Asimismo, Cifuentes estaba acusada de participar en la propia financiación irregular del PP como miembro del patronato de la citada Fundescam.
En el mismo escrito, Adade solicita que se revoque el archivo de la causa para el propio Arturo Fernández y para Tatiana Recoder, exjefa de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid. “Lo que eran criterios objetivos para los investigados señor Fernández y señora Recoder, lo son también para la señora Cifuentes, por mucho que haya ocupado cargos más altos, tenga mejores amigos o más influyentes o, al tiempo de dictar el auto estuviésemos en plena campaña electoral, lo que rompe, dicho sea con el mayor de los respetos, el uso de la Audiencia Nacional de evitar interferencias en estos periodos”, añade el escrito.
Adade destaca el argumento esgrimido por la defensa y sostenido por el juez de que Cifuentes solo fue a una reunión de Fundescam y no era informada de la financiación. “Fundescam solo era una tapadera, por eso se puede permitir el lujo (Cifuentes) de solicitar que certifiquen que ni iba ni sabía nada de las donaciones recibidas a través de Fundescam, pues es plenamente consciente de que es imposible que acrediten lo contrario, puesto que era solo una tapadera”.
La acusación popular considera “absolutamente incongruente” el auto de archivo con todo lo instruido hasta el momento y que incluye los informes de la UCO de la Guardia Civil con los indicios contra Cifuentes, asumidos por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público, sin embargo, no se ha pronunciado sobre la petición de archivo de Cifuentes que ha resuelto ahora el juez y que se remonta a noviembre del pasado año.
Adade reprocha a García-Castellón que en el pasado resolviera que no era “momento procesal oportuno” resolver el archivo solicitado por los imputados, que añadiera que eso se debería producir “al terminar la instrucción o al acordar, o no, la apertura de juicio oral” y que haya cambiado de parecer jurídico al respecto.