Una acusación pide que el presidente de Sacyr declare como imputado por la presunta mordida del 3% al PP
Un juez de Toledo tiene encima de su mesa la petición de una acusación popular para que cite como imputado a Manuel Manrique, presidente de Sacyr, una de las mayores constructoras del país. El motivo: los 200.000 euros que presuntamente entregó la empresa al Partido Popular a cambio de la adjudicación de un contrato de basuras en la ciudad de Toledo. Por esos mismos hechos ya figura imputado Luis del Rivero, antecesor de Manrique al frente de Sacyr.
La posible responsabilidad de los empresarios que donaron dinero negro al PP durante dos décadas pervive en dos juzgados alejados de Madrid. Y los dos afectan a grandes constructores. El juez José Castro investiga la presunta vinculación de la adjudicación del hospital más grande de Baleares con la financiación irregular del PP, e incluso de las obras de la sede central del partido en Madrid.
Por otra parte, el magistrado Florencio Rodríguez Ruíz investiga el contrato de recogida de basuras en Toledo, adjudicado después de que Luis Bárcenas entregara al gerente del PP castellano-manchego 200.000 euros en 2007 procedentes de Sacyr, siempre según el relato del extesorero de la formación. Luis Bárcenas aportó un recibí firmado por el gerente de la formación local y declaró ante el juez Pablo Ruz que el destino era la financiación de la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal.
Los 200.000 euros del recibí equivalen al 3,2% de los 6,1 millones a los que ascendió la adjudicación del contrato para la recogida de basuras en Toledo, por espacio de diez años, a Sufi, una filial de Sacyr.
Ruz archivó la causa contra los 23 empresarios que aparecían señalados en los papeles de Bárcenas porque no pudo acreditar que el dinero entregado al partido de Rajoy estuviera vinculado con adjudicaciones concretas de obra, lo que hubiera permitido imputarles un delito de cohecho. Pero con los indicios que recopiló del presunto pago de los 200.000 envió la causa a Castilla-La Mancha. Desde el primer minuto, Luis del Rivero apareció como imputado en esa causa, en el marco de la cual ya ha declarado.
Ahora, una de las organizaciones personadas como acusación popular, el Observatori Desc, solicita a Rodríguez Ruiz que cite a declarar como investigado, la nueva denominación del imputado, a Manrique. El argumento se resume en que no hay ningún motivo para que Del Rivero esté investigado y no el que entonces era su vicepresidente.
La asociación informa al juez de Toledo que en la Audiencia Nacional descansa una agenda del extesorero en la que se recoge una reunión de Luis Bárcenas con el colaborador de Cospedal Vicente Tirado y el citado Manrique. Tirado habría plantado la necesidad de una aportación de 600.000 ó 700.000 euros para la campaña de las elecciones regionales en esa reunión, según el testimonio de Bárcenas.
La cita anulada y después celebrada
En el escrito de Observatori Desc, al que ha tenido acceso eldiario.es, se afirma: “En dicha agenda queda reflejada una reunión de Luis Bárcenas con Vicente Tirado y Manuel Manrique prevista para el 9 de mayo de 2007 que posteriormente fue anulada. Sin embargo, en el mismo documento consta que dicha reunión se habría celebrado, posteriormente, el 11 de mayo de 2007 a las 12 horas con iguales intervinientes”.
La acusación popular recuerda al juez de Toledo que “el contenido y la autenticidad” de las anotaciones han sido ratificadas en sede judicial por Luis Bárcenas y también por la que fuera su secretaria en el PP Estrella Domínguez. Observatori Desc recuerda que Manrique ya estuvo imputado por estos hechos en la Audiencia Nacional y que, como tal, declaró ante Ruz.
Del Rivero y Manrique, antiguos socios y enfrentados desde la salida del primero del consejo de administración de Sacyr, se culparon mutuamente en la Audiencia Nacional del posible pago a Bárcenas. Luis del Rivero dijo que él nunca dispuso de dinero en efectivo en Sacyr y añadió que la donación podría haberla realizado Manrique. Este señaló por su parte a Del Rivero.
Por ahora, están imputados varios miembros del círculo de confianza de María Dolores de Cospedal en aquel momento, además del citado Cañas, Lamberto Pineda, tesorero y en el momento de la adjudicación vicealcalde de Toledo y concejal de Hacienda. También siguen imputados el exalcalde de Toledo José Manuel Molina.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encargado por Ruz, concluye que no hubo irregularidades administrativas en la concesión, pero sí después. Una vez iniciada la fase de ejecución se produjo un conflicto laboral por la actualización de salarios del personal adscrito a la concesión. Se resolvió con un acuerdo entre Sufi y los trabajadores el 21 de mayo de 2007 con la modificación del convenio colectivo.
Para poder dotar a ese acuerdo, Pineda, como concejal de Hacienda, firmó un protocolo que fue ratificado dos días desués por la Junta de Gobierno, con José Manuel Molina de alcalde. Habían pasado dos meses de la adjudicación y quedaban cuatro días para las elecciones municipales. El Ayuntamiento apagaba un incendio en el tramo final de la campaña electoral, pero a costa de incrementar en 11,3 millones de euros el presupuesto destinado para la recogida de basuras durante los siguientes 10 años.
