La expectación que había levantado la declaración voluntaria de Víctor de Aldama ante el juez del caso Koldo derivó este jueves en una tremenda polvareda por la que asoman relevantes nombres del Gobierno y el PSOE, acusados por el empresario de cobrar sobres repletos de dinero en sórdidas escenas de corrupción. Algunas de esas afirmaciones, las que afectan a José Luis Ábalos y a Koldo García, vienen a amplificar los indicios que constan en el sumario, pero otras, como el pago en un bar de 15.000 euros al 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, no tienen por ahora ningún apoyo. El futuro del caso Koldo vuelve a depender de la ingente cantidad de dispositivos electrónicos, muchos teléfonos móviles, que se incautó la Guardia Civil y que aún no han podido ser desencriptados.
“Mi Gobierno es un Gobierno limpio que nació para luchar contra la corrupción”, proclamó Pedro Sánchez horas después de que finalizara la declaración de Aldama, que quedó en libertad apenas nueve horas después de su confesión en la Audiencia Nacional. El presidente del Gobierno improvisó una comparecencia a las puertas del Congreso para celebrar la aprobación del pacto fiscal, una votación clave para su Gobierno. A preguntas de los medios, desdeñó las acusaciones de Aldama al que se refirió como “personaje”.
Nada más salir de la cárcel, el empresario acusado de corrupción antes de meterse en un vehículo particular advirtió al presidente: “Que no se preocupe, que va a tener pruebas”.
Horas antes, a preguntas de su abogado en la Audiencia Nacional, Aldama había dedicado la primera parte de su comparecencia para referirse al presidente del Gobierno y al contexto de la foto de ambos que publicó El Mundo el pasado octubre, tomada en un acto electoral de 2019 y que la oposición lleva semanas agitando como la prueba de la implicación de Sánchez en la trama.
Según Aldama, fue el presidente quien pidió verlo y Koldo García y Ábalos le “hicieron ir” a ese acto. En un lugar de acceso restringido se hicieron la foto y recibió el agradecimiento de Sánchez por sus gestiones en México, donde se estaba gestando un relevante contrato de infraestructuras —el llamado Tren Maya— en el que estaban interesadas varias empresas españolas. Finalmente, compañías como Acciona, FCC, UG21 y Azvi participaron en parte de su construcción. “Gracias por lo que están haciendo, me tienen informado”, aseguró el empresario que le dijo Sánchez. “¡Menuda inventada!”, reaccionó este jueves el presidente a las puertas del Congreso.
La declaración de Aldama se produjo a petición propia, cuando cumplía cinco semanas desde su ingreso en prisión por un fraude de más de 180 millones de euros con los hidrocarburos. El investigado empleó este jueves algo más de dos horas en desplegar sus acusaciones. En una sucesión de acontecimientos que delata una planificación previa, su abogado solicitó a continuación al juez Santiago Pedraz, que lo mantenía en prisión, que dictara su libertad.
Por la tarde, en una decisión acordada por el fiscal del caso, Luis Pastor, y su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón, el Ministerio Público trasladó al juez que no se oponía a la excarcelación de Aldama. Ese pronunciamiento del Ministerio Público obligó al juez a dictar la libertad del empresario, al estar la pieza secreta y no poder dar traslado al resto de las partes para que se pronunciasen sobre su salida.
Ante el magistrado Ismael Moreno, encargado del caso Koldo, Víctor de Aldama había dicho que colaboraría en la causa de los hidrocarburos y también en la del Tribunal Supremo, que investiga en exclusiva al aforado José Luis Ábalos, ex número dos del PSOE y ministro de Fomento en el primer Gobierno de Sánchez. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción defienden que no era necesario aguardar a que el investigado colaborara en el esclarecimiento de la causa que lo mantenía en prisión, una afirmación que distintas fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es cuestionan.
Anticorrupción defiende su decisión de avalar la libertad alegando que Aldama ha expresado su voluntad de prestar declaración en esa causa y que también hizo referencia en su declaración de hoy sobre el caso Koldo al fraude de los hidrocarburos. Ante el juez que investiga el cobro de comisiones por la venta de mascarillas al Gobierno solo se refirió a la compra de un chalet por otro de los investigados en la causa de los hidrocarburos para disfrute de Ábalos, algo que la investigación de la UCO ya había detallado en su último informe.
En una nota de prensa, Anticorrupción valoró la “amplia” declaración del comisionista y justificó el respaldo a su salida de prisión por el “reconocimiento” de los delitos que se le imputan y el hecho de que incluso hubiera reconocido haber cometido otros delitos. Y afirmó que para tomar esa decisión no se habían valorado “otros aspectos de su declaración”.
Informes de la UCO, pasados y futuros
Dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sustentan el caso Koldo. El primero de ellos, que trascendió en marzo pasado, permitió conocer la investigación bajo secreto y por orden de la Audiencia Nacional que había desarrollado la Guardia Civil, con teléfonos pinchados y citas monitorizadas.
El mes pasado, un segundo informe ampliatorio desvelaba los secretos que guardaban algunos de los teléfonos de los investigados. En él afloraron las dádivas de la trama de corrupción al exministro de Transportes y las menciones a “el 1”, en referencia a Sánchez, sin que ninguna de ellas supusiera un elemento incriminatorio contra el presidente del Gobierno, más allá de ser el máximo responsable del Ejecutivo. Los agentes siguen trabajando en informes adicionales derivados del análisis de meses y meses de conversaciones telefónicas, mensajes y correos electrónicos.
A falta de una grabación o prueba que acredite el supuesto pago a Santos Cerdán, solo el testimonio del presunto tercer asistente a esa cita, Koldo García, o el rastro del pago en alguno de los dispositivos incautados podría reforzar la acusación de Aldama en la Audiencia Nacional. “Lo que dice es absolutamente falso, solo está intentando salvarse él”, reaccionó Cerdán en el Congreso mientras su partido anunciaba acciones legales contra Aldama.
El investigado también aseguró que hizo pagos en efectivo a Koldo García, lo que concuerda con la línea de investigación que sigue la Guardia Civil, que ya había acreditado las mordidas de 10.000 euros en efectivo al mes que el entonces asesor recibía de la trama. Aldama aseguró que esos pagos habrían ascendido hasta 200.000 euros, sin incluir otras prebendas como vehículos para su familia o tratamientos de salud.
Respecto al exministro Ábalos, la Guardia Civil había detectado hasta el momento contraprestaciones en especie a cargo de la trama —el disfrute de un chalet a cambio de su intercesión en contratos o el pago del alquiler de la vivienda de quien era su pareja— pero no el cobro de mordidas. Aldama aseguró este jueves que había recibido 250.000 euros en comisiones sólo por los contratos de mascarillas vinculados al ministerio que presidía. Una cantidad a la que se sumarían otros 400.000 euros como pago por los diferentes “favores” que habría realizado en beneficio de sus negocios.
La declaración de Aldama sí apuntala indicios recogidos en ese último informe de la UCO, que define al empresario como el “elemento corruptor” de la trama que anidó en el Ministerio de Transportes, pero que da cuenta también de su capacidad para iniciar o consolidar otras vías de negocio en la Administración o de sus importantes contactos en México, República Dominicana y Venezuela. En este último país destaca su relación con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en cuyo polémico viaje a España en enero de 2020 el empresario tuvo un relevante papel. La mandataria tenía prohibida la entrada en la Unión Europea pero, a pesar de ello, llegó a aterrizar y permaneció unas horas en la sala VIP de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas.
Ante el juez, Aldama aseguró que Sánchez estaba al tanto de ese viaje y que incluso estaba prevista su asistencia a una cena que se iba a celebrar junto a otros ministros en un chalé en la lujosa zona de El Viso de Madrid que él mismo se había encargado de alquilar para alojarla. Finalmente, Delcy Rodríguez apenas pasó cinco horas en España porque, de forma sorpresiva, dos horas antes del viaje se le anunció que sería detenida en caso de entrar en el país. El Tribunal Supremo llegó a abrir una investigación por estos hechos, pero la archivó al entender que el incumplimiento de las decisiones de política exterior de la Unión Europea está sometido a control político, no a responsabilidad penal.