La defensa de dos acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) ha criticado hoy en el juicio la “intolerable banalización” que se ha hecho del concepto de terrorismo al atribuirles este delito y pedirles penas “inusitadas” de entre 12 y 62 años de cárcel.
En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia sin que los ocho acusados hayan hecho uso de su derecho a la última palabra, han expuesto sus conclusiones los abogados de los últimos cuatro encausados.
Todas las defensas han pedido así su absolución y han negado que los ocho participaran en la agresión a los agentes y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Kotxa de la localidad navarra.
“Aunque ETA haya anunciado su disolución y no debe olvidarse su actividad, una cosa es no olvidar el terrorismo y otra inventar un relato y forzar los tipos penales” y aplicar un “terrorismo inexistente”, ha defendido en su alegato el abogado de Iñaki Abad y Aratx Urrizola, José Luis Galán.
Para Galán, en este caso las acusaciones “han forzado el adjetivo terrorismo por motivos propagandísticos” o para “jugar en casa” y que se juzgara en la Audiencia Nacional, aplicando un “derecho de excepción” por el que les imputan lesiones y amenazas terroristas.
Las penas, ha dicho, son “inusitadas en nuestros tribunales salvo que estemos hablando de supuestos en los que haya por medio muertos y balas” y superiores a las de delitos de genocidio, rebelión, secuestro y hasta homicidio, “desproporción” que ha “provocado la especial alarma en la población y el especial interés en este procedimiento”.
Por ello, ha pedido a la sala un fallo justo porque “cuanta mayor justicia logre la sentencia, mejor convivencia” habrá en Alsasua, un pueblo donde esta convivencia “no era idílica, pero sí aceptable” y ha empeorado a raíz del proceso.
Galán ha defendido que la presunta vinculación de los acusados al movimiento Ospa (Fuera), que promulga la expulsión de las fuerzas de seguridad de País Vasco y Navarra, no significa que sus acciones sean terroristas porque es “una opción perfectamente legítima que no tiene efecto negativo siempre que no se defienda a tiros”.
Sus defendidos, ha dicho, no tenían en cualquier caso ninguna relación con Ospa, aunque ha agregado, en referencia al lema “que se vayan”, que “no hay charanga ni pueblo de España que no haya interpretado esta canción”.
También ha pedido la absolución de su defendido, Jon Ander Cob, la abogada Eva Gimbernat, quien ha asegurado que no estuvo esa noche en el bar y no tiene “absolutamente ninguna vinculación” con Ospa.
Para la letrada, aplicar terrorismo a lo ocurrido en Alsasua es un “disparate jurídico” que ha llevado a que “las víctimas hayan pasado de ser cuatro a ser doce personas”.
Ha recordado asimismo que la vinculación que hace la Fiscalía del movimiento Ospa con su supuesto antecesor Alde Hemendik (Fuera de aquí), promovido por ETA, se basa en un informe de Inteligencia de la Guardia Civil “completamente sesgado” y “de parte”.
También ha criticado que el fiscal dedicara solo “un minuto” en su alegato a probar la autoría de los acusados “cuando a unas personas se les está pidiendo mas de media vida de prisión”, y se basara sobre todo en las ruedas de reconocimiento, que se han tratado “como dogma de fe”.
En cuanto a las lesiones de las víctimas, ha dicho que, quitando el teniente que tuvo una fractura de tobillo por la que fue intervenido, las otras tres presentaron “hematomas, erosiones, contracturas”.
Por ello, para la abogada las heridas del sargento y de las mujeres “no pasarían de un delito de lesiones leves” o incluso de una falta de lesiones.
Ha mencionado también un vídeo aportado por las defensas ya en el juicio (por lo que no se ha podido practicar ninguna pericial para probar su autenticidad) que muestra el exterior del bar una vez se había producido la agresión y una ambulancia se había llevado al teniente.
En el vídeo, que para la letrada “desmonta” la versión del sargento, se ve a este último vestido con camisa blanca y, según Gimbernat, “desafiante con todos los presentes”. “Deambula, y no de dolor, sino por una posible embriaguez”, ha opinado.
La abogada de Adur Ramírez, a quien el fiscal le sitúa como uno de los impulsores de la agresión, ha afirmado que tampoco se puede concluir que su defendido estuviera esa noche en el bar.
“No puede ser suficiente -ha añadido- que las víctimas manifiesten estar cien por cien seguras de las identificaciones para darlas por válidas”.