Bakú, 16 nov (EFE).- La adaptación es crucial para hacer frente a los estragos del cambio climático y los entes locales y regionales deben estar en el epicentro de la estrategia, para lo que necesitan generar proyectos atractivos para la financiación privada a través de bonos verdes y asociaciones con empresas o fondos de inversión.
“Es fundamental adoptar acciones clave para hacer que los proyectos de adaptación sean atractivos para los inversores privados”, recoge un estudio sobre adaptación climática presentado este sábado en la cumbre COP29 por el Comité de las Regiones (CdR).
Ese órgano consultivo de la Unión Europea ha desplazado una comitiva a la conferencia climática de la ONU que se celebra en la capital de Azerbaiyán, donde se discute y negocia especialmente sobre finanzas climáticas.
Abordar la adaptación se revela como una necesidad cada vez más acuciante ante los devastadores y crecientes efectos del cambio climático, como se ha podido comprobar últimamente en inundaciones de una envergadura histórica en Europa central o con el temporal que ha causado más de 200 muertos y miles de millones de euros en daños en Valencia (España).
Requiere “un compromiso político sólido, asegurando que se asignen suficientes recursos, tanto financieros como humanos”, señala el Comité de las Regiones, que encargó la presentación del informe en la COP29 a la consejera municipal de la ciudad finlandesa de Turku y miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea Niina Ratilainen, quien reclamó, entre otros puntos, “más competencias técnica y datos”, a nivel local.
“Necesitamos infraestructuras que puedan soportar este devastador impacto que sufrimos el año pasado y no podemos hacerlo solos con dinero público, eso es obvio. Por eso necesitamos (...) usar el dinero público con el fin de atraer dinero privado, de modo que tengamos una fusión de ambos para asegurar suficientes recursos financieros para la implementación”, comenta a EFE el presidente de la Asamblea de Zagreb, Josko Klisovic.
El CdR se fija en particular en cómo involucrar a las entidades privadas para sufragar los gastos, y señala que las regiones deben centrarse en la “planificación” y demostrar una “capacidad sólida para identificar los riesgos y vulnerabilidades climáticas y diseñar proyectos que los aborden de manera efectiva”.
A continuación, deberían identificarse las opciones de financiación disponibles y seducir a los fondos privados mediante “mecanismos de reparto de riesgos”, por ejemplo, agrupando iniciativas entre varios municipios para reducir costos y generar escala “cuyo potencial de retorno es más atractivo para los inversores”.
Entre los casos de éxito analizados, el CdR se fija en el proyecto de la isla artificial de Zorrotzaurre de Bilbao (España), una iniciativa de transformación urbanística a través de una asociación público-privada para transformar la antigua y degradada península industrial en un islote residencial con infraestructura concebida para aguantar eventuales crecidas del canal de Deusto o aumento del nivel del mar.
Oportunidad privada Sin embargo, también el sector privado debería entender la financiación de proyectos locales de adaptación climática como “una oportunidad única para diversificar las carteras de inversión y gestionar el riesgo”, colocando fondos “en nuevos sectores, como infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza y proyectos de resiliencia urbana”.
Ese enfoque permitirá a los inversores ganar estabilidad frente a la incertidumbre climática, mejorando la resiliencia de sus carteras.
Indirectamente, ese enfoque permitirá mejorar los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza, conocidos como ESG por sus siglas en inglés, dentro de una lógica que invita a revisar los modelos tradicionales de evaluación de riesgos, que pueden “subestimar los beneficios más amplios de los proyectos de adaptación”.
“Los costos y beneficios de la adaptación pueden ser difíciles de cuantificar mediante modelos estándar, pero estos proyectos suelen ofrecer retornos a largo plazo que van más allá de las ganancias financieras directas. Los inversores deben ajustar sus modelos de riesgo para incluir estos beneficios más amplios, como la reducción del riesgo climático para las cadenas de suministro o infraestructura”, que afectan a su actividad, subraya el CdR.
Un modelo más centrado en la adaptación climática también precisa de la contribución de las administraciones nacionales y comunitarias, que deben crear “marcos regulatorios que fomenten el uso de asociaciones público-privadas, bonos verdes, financiación combinada y otros métodos de financiación para la adaptación climática en todos los niveles de gobernanza”, agrega el CdR.