Admitida a trámite una querella contra el CSD por el caso de la Federación de Automovilismo

La Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) tiene casi 30.000 licencias en España y un presupuesto de más de 10 millones de euros, organiza carreras y eventos en Montmeló, el circuito de Jerez o el Ricardo Tormo y ahora enfrenta un conflicto territorial por la mala relación con, entre otras, la federación vasca, a la que ha “desintegrado” unilateralmente. Esto deja fuera a centenares de pilotos vascos que si quieren correr competiciones nacionales tienen que pagar 350 euros extra para sacarse una licencia nacional, además de la autonómica.

Con unas elecciones presidenciales el próximo 14 de octubre y este conflicto de fondo, la federación vasca ha presentado una querella que acaba de ser admitida a trámite por un juzgado de instrucción de Madrid contra el Consejo Superior de Deportes (CSD, organismo público dependiente del Gobierno) por desatender siete escritos que denunciaban la situación y no haber intervenido para que la desintegración no se llevara a cabo o ser revirtiera.

“Hemos mandado escritos al CSD, nos hemos reunido con ellos, a nivel político también, y son conscientes. El CSD tutela y tiene que marcar criterio, pero cuando la no contestación es reiterada o estratégica, ya entramos en una omisión de responsabilidad”, relata Juan Carlos Soto, abogado de la federación vasca, que tiene 360 licencias de pilotos, más dos centenares de copilotos.

elDiario.es ha tenido acceso a una carta en la que Joaquín Verdegay, hasta ahora vicepresidente de la RFEDA, informa de que los vascos no están integrados a partir de este año 2024 y apunta a que, si quieren estarlo, deben iniciar de nuevo el proceso. Verdegay es el directivo de la RFEDA que contrata a su propio bufete por 600.000 euros al año, como publicó elDiario.es, y número dos del hasta ahora presidente Manuel Aviñó, que ha duplicado sus ingresos hasta 200.000 euros anuales. La nueva asamblea debe elegir presidente en dos semanas, entre Aviñó y su competidor crítico, Carlos Márquez, de la federación asturiana.

La ley del deporte de 2022 va precisamente en la línea contraria y obliga a que todas las federaciones autonómicas estén integradas en la nacional, en un plazo de dos años desde su entrada en vigor, un plazo que está a punto de expirar.

“La normativa es muy clara. La ley contempla que la necesaria integración no supondrá ninguna obligación de carácter económico. Sin embargo, sí pueden existir obligaciones económicas por otros conceptos. Es ahí donde surgen las discrepancias. El CSD está contribuyendo a encontrar soluciones a través de la mediación y un diálogo constructivo”, explican fuentes del Consejo, que aún no han recibido notificación de la querella, y que especifican que en julio “se contestó por carta” y se han mantenido “reuniones”.

El conflicto económico al que se refieren esas fuentes es a la negativa de Euskadi a firmar un convenio que les obligaba a repartir ingresos de licencias con la RFEDA, que alega que por esa deuda no pueden formar parte ya que no están al día de sus obligaciones. La cantidad en disputa son 61.000 euros.

“No es la única federación en la que están aflorando discrepancias. La federación madrileña de tiro se encuentra ante una situación similar”, explican desde el CSD. Precisamente un caso de esa federación está recogido en la querella y el abogado Juan Carlos Soto ejemplifica que ahí sí se tomaron decisiones ante algunas denuncias: “En los últimos años el CSD está ignorando sistemáticamente las distintas quejas, denuncias y solicitudes realizadas por esta parte respecto del hacer de la Real Federación Española de Automovilismo, cuando en la Real Federación Española de Tiro Olímpico ha abierto expedientes a presidentes en el mismo período”, dice el escrito. Se refiere a las denuncias de supuestas irregularidades en la contabilidad y el uso de una vivienda.

“El CSD está tratando de solucionar estas discrepancias a través de la mediación y de un diálogo constructivo. No basta, sin embargo, con la mera mediación del CSD. También es necesario que, desde todas las partes implicadas, se imponga la voluntad de corregir estas disputas económicas”, relata el organismo gubernamental, que le ingresa cerca de un millón de euros al año a la Federación de Automovilismo en concepto de ayudas para que desarrolle su actividad, según los presupuestos presentados en 2023 y colgados en su web. Además de esta querella hay un recurso contencioso-administrativo presentado por la misma desintegración.

El caso ha escalado también a la política y el gobierno de Euskadi ha estado apoyando a su federación. Incluso en el Senado se ha hecho una pregunta parlamentaria para que vuelva a integrarse a los vascos. “El CSD está propiciando un marco de diálogo. Se ha reunido con las dos federaciones, la nacional y la autonómica. También con el Gobierno Vasco”, concluyen fuentes del Consejo.

La RFEDA ha sido contactada pero de momento no ha respondido a la petición de información de elDiario.es.