Las asociaciones de bebés robados han valorado hoy como “un pequeño primer paso” la apertura del servicio de información a los afectados por estos casos, aunque han demandado al Gobierno más medidas de ámbito judicial y el reconocimiento de víctimas, petición que el Gobierno ha anunciado que estudiará.
Los representantes de las asociaciones se han reunido esta tarde con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha inaugurado la oficina del servicio de información a afectados por los casos de niños robados, junto al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.
El “número dos” de Justicia ha definido la oficina como “un instrumento” para conseguir un fin, que no es otro que lograr esclarecer todos los casos de este “drama personal”.
Ante los representantes de las asociaciones, Román ha explicado que la oficina, que estará operativa a partir de mañana, facilitará la labor de búsqueda y evitará que los afectados “tengan que peregrinar por distintas estancias administrativas”.
En estas dependencias los afectados podrán acudir para aportar los perfiles genéticos obtenidos en laboratorios públicos o privados, éstos con un coste de unos 60 euros según las asociaciones, con el propósito de incorporarlos a una base de datos única tras ser contrastadas por el Instituto Nacional de Toxicología.
Ante posibles compatibilidades, se realizará un segundo contraste para garantizar con plena fiabilidad que hay una coincidencia que permite seguir adelante y que tendrá un precio de unos 120 euros, según ha estimado el secretario de Justicia.
En la reunión previa, las asociaciones han pedido a Gallardón que se les otorgue el reconocimiento de víctimas, en una petición que, según Román, “será trasladada al Ministerio del Interior que es quien tiene la competencia para estudiarla oportunamente”.
Por su parte, Eduardo Raya, presidente de la Asociación de Afectados por la desaparición de niños en democracia (ADN-D), ha señalado que, si bien no duda de la “buena voluntad del Gobierno” con la apertura de la oficina, deben adoptarse “medidas en el ámbito judicial y no en el administrativo”.
“Nos gustaría que el Gobierno se tomara este asunto con la misma celeridad que se ha tomado con el asunto de espionaje a políticos”, ha afirmado Raya, que ha denunciado que la Justicia tiene dos varas de medir, “una para los políticos y otras para los ciudadanos”.
Menos crítico se ha mostrado el abogado Enrique Vila, vicepresidente de la Federación X24, que agrupa a las asociaciones mayoritarias de adoptados y niños robados, que ha calificado como “un pequeño primer paso” la apertura de estas dependencias.
Con todo, Vila ha solicitado al Gobierno el reconocimiento de víctimas, la asistencia jurídica gratuita, un base de datos de ADN gratuita, y ha instado al Ejecutivo a presionar a la Iglesia para que permitan el acceso a sus archivos.
En este línea, el presidente de X24, Francisco González de Tena, ha pedido un mayor protagonismo para las asociaciones y ha comentado que Gallardón les ha garantizado que “tendrán un papel fundamental en el desarrollo de este instrumento de búsqueda de datos”.
Mientras que la portavoz de la Plataforma Grupo de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa Niños Robados, Mar Soriano, ha indicado que la oficina supone un punto de partida para poder cotejar el ADN y colaborar más con Justicia para lograr el objetivo último de encontrar a sus seres queridos.
Román ha indicado, por otra parte, que Sanidad, Interior y la Fiscalía General del Estado han firmado un acuerdo marco para designar cada uno de estas instituciones a una persona que sirva de punto de contacto con la oficina, cuyas actuaciones centralizará Justicia.
Gallardón adquirió el compromiso de crear esta oficina durante una reunión con los representantes de las asociaciones de bebés robados el pasado 10 de octubre.
Los casos de niños robados empezaron a conocerse en España partir de 2008 cuando algunos padres confesaron a sus hijos antes de morir cómo habían sido adoptados.