Los familiares de los detenidos de Alsasua: “¿Cómo se juzgaría esta bronca en un bar en otra parte del Estado?”

“No sabéis por lo que estamos pasando”. Quien habla es la madre de uno de los siete encarcelados a raíz de la presunta agresión de un grupo de jóvenes a dos guardia civiles fuera de servicio sucedida en Alsasua. Su hijo acaba de llamarla desde prisión, donde lleva ya un mes acusados de delitos de terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, incitación al odio y lesiones.

Pocas horas después de esa conversación, la Audiencia Nacional ha acordado la liberación de cuatro de ellos por no apreciar riesgo de fuga; en los otros tres sí. La acusación sigue siendo la misma contra los siete. La noticia la ha cogido de visita en Madrid, con vistas a mantener reuniones con varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados. “Es una noticia agridulce”, reconocen.

“Nos sentimos desprotegidos, como si hubiese un rodillo gigante que va aplastando todo a su paso”, asegura otra de las madres, Edurne Goikoetxea. Junto a Antxon Ramírez de Alda y Nekane Ortigosa, también progenitores de otros dos de los nueve investigados, reciben a este diario en un edificio del centro de la capital. Desde su punto de vista, las medidas acordadas en este caso son “desproporcionadas”. “Hay una sobreactuación judicial”, defienden.

Esta tesis no solo la defienden ellos: el juez emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín también se expresó en esta línea en una entrevista en Público, considerándola “desorbitada y fuera de la realidad social”. También Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, coincide en el argumento de la sobreactuación en una entrevista en la Cadena SER, y añade que “lo curioso es que no se les procesa por integración en organización terrorista”.

“¿Cómo se juzgaría esta bronca de las cinco de la mañana en un bar de movida en cualquier otra parte del Estado español?”, se pregunta Ortigosa, otra de las madres. “¿Quién tiene tanto interés en seguir invocando el terrorismo?”, señala Goikoetxea.

Los progenitores y quienes les apoyan aducen que otros casos de agresión a guardias civiles, tanto estando de paisano como en acto de servicio, acarrean acusaciones menores. Este es el caso de la agresión del conocido personaje televisivo Rafa Mora a dos guardias civiles en una discoteca, que se solventó con una multa de 300 euros y 90.000 euros de indemnización para uno de los agentes, tal y como recoge El Periódico Mediterráneo.

Los hechos se remontan al 15 de octubre, durante la madrugada de las ferias de Alsasua. Dos guardias civiles, junto con sus parejas, se ven implicados en una pelea sobre las cinco de la mañana dentro de un bar; uno de ellos tiene que ser intervenido por fractura abierta de tobillo, los tres restantes solo presentan hematomas y contusiones.

En el lugar de los hechos se presenta la Policía Foral de Navarra, procediendo a la dentención de dos jóvenes: Jokin Unamuno y Aritz Urdangarin. Ambos prestan declaración dos días después ante la jueza Mari Paz Benito, del Juzgado nº3 de la Audiencia Provincial de Navarra. Ambos son puestos en libertad bajo medidas cautelares tras prestar declaración.

Es la intervención del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la de la Fiscalía la que eleva la agresión a la categoría de terrorismo. Es Covite quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional el 18 de octubre. El 9 de noviembre la la jueza Carmen Lamela reclama el caso, pasando así a la Audiencia Nacional.

“Nosotros nos enteramos de la implicación de nuestros hijos por la prensa”. Se refieren a la publicación en El Mundo del auto de la Audiencia Nacional en el que se identifica a 12 jóvenes con nombre, apellidos y DNI, entre ellos dos menores de edad un día después de que el caso recaiga en manos del Juzgado Central de Instrucción nº3.

Las detenciones se produjeron cuatro días después de esa noticia, el 14 de noviembre, en un hecho que, según los padres, “buscaba el espectáculo”. “Se ha intentado criminalizar a todo un pueblo, la imagen que algunos medios han intentado trasladar no es real”, aducen las familias.

La respuesta de la mayoría de los habitantes de Alsasua fue inmediata: declaraciones institucionales, ruedas de prensa y una gran manifestación el 26 de noviembre para reclamar la retirada de la acusación de terrorismo y la devolución del caso a la Audiencia Provincial de Navarra. Según algunos medios, más de 15.000 personas asistieron a la misma, entre ellas la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez; la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana; o los portavoces parlamentarios de EH Bildu y Geroa Bai. 

“Usamos el teléfono más que nunca, recibimos más abrazos y besos que nunca”, expresa emocionado Ramírez de Alda. Se refiere a las muestras de cariño y preocupación de vecinos de Alsasua por la situación de sus hijos. “De todas la ideologías y familias. Muchos nos dicen que podría haber sido el suyo”, afirma.

“El pueblo en sí está muy dolido, están diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que es Alsasua”, continúa el padre. Lo ratifica Ortigosa: “Está triste. Alsasua siempre ha sido un pueblo acogedor, y lo sigue siendo”.

Las familias van al Congreso con el mensaje de que lo ocurrido en Alsasua son “unos hechos acontecidos en un bar a altas horas de la madrugada, no premeditados y con resultado de lesiones leves”. “Desde el convencimiento de que nunca debieron suceder, creemos que el caso debe juzgarse en Navarra”, añaden en el documento elaborado para entregar a los diputados. Para el viaje de vuelta a Alsasua tendrán que reservar cuatro asientos más.