Una comisión judicial encabezada por el instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, visitó el pasado 29 de enero en la enfermería de la cárcel de Aranjuez (Madrid) a Enrique Olivares, el hombre que, disfrazado de cura y armado con un revólver, asaltó la casa de los Bárcenas en el otoño de 2013. Los investigadores sospechan que Olivares pudo actuar como un sicario a sueldo del Ministerio del Interior, dentro de la operación de espionaje al extesorero del Partido Popular, por entonces principal amenaza de la formación política en el Gobierno.
El objeto de la visita fue conocer de primera mano el estado de salud de Olivares, quien sufrió un ictus en 2018 mientras cumplía su condena de 22 años en la cárcel de Cuenca. Precisamente, ese accidente vascular provocó que Instituciones Penitenciarias trasladara a Enrique Olivares a Aranjuez, una prisión con mejor accesibilidad, mientras los técnicos de la cárcel sopesaban si su deteriorado estado de salud recomendaba trasladarlo definitivamente a un centro asistencial, según informó eldiario.es en diciembre de 2018.
De forma imprevista, y con el paso de los meses, Olivares mejoró. De haber perdido por completo la capacidad para expresarse, pasó a hacerlo con limitaciones y en ocasiones con la ayuda de otro interno. Esta modificación en su estado ha motivado la visita de la comisión judicial, que también integraron los dos fiscales Anticorrupción del caso, el secretario del juzgado y una médico forense.
La persistencia de las dudas sobre el verdadero estado de Olivares, de 71 años, y su capacidad para prestar testimonio motivaron que García-Castellón solicitara con posterioridad a la visita un informe a la forense, cuya elaboración se ha retrasado por una baja de la funcionaria y la situación posterior en la Audiencia Nacional derivada de la crisis sanitaria por el Covid-19.
Las pesquisas sobre el papel del falso cura son parte de la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP con la intención de sabotear la investigación de la Audiencia Nacional por la caja B del Partido Popular. Y se unen a otra importante novedad del caso, la incautación del móvil del que era número dos del Ministerio del Interior en el momento de la Operación Kitchen, Francisco Martínez, la víspera de que se decretara el estado de alarma. Martínez está imputado junto a todos los mandos de la primera línea de la brigada política en tiempos del PP.
El falso cura, Enrique Olivares cumple una condena de 22 años de cárcel por el secuestro de Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar Victoria Feliz de la Cruz, entre otros delitos cometidos el 23 de octubre de 2013 en el domicilio del extesorero en el madrileño barrio de Salamanca. Según una información de Okdiario, Olivares fue captado por los mandos policiales que dirigieron el espionaje a los Bárcenas, y cobró 10.000 euros de los fondos reservados por el asalto a la vivienda en busca de la documentación sobre el PP.
Los investigadores tratan de esclarecer la posible vinculación de Olivares con la Operación Kitchen. Uno de los protagonistas del operativo parapolicial fue Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas que se prestó a informar de los movimientos de Rosalía Iglesias, una vez su marido entró en prisión, y a robar documentos a cambio de 2.000 euros mensuales de los fondos reservados.
Ríos acabó cobrando 48.000 euros de la Policía y recibió un arma, según consta en documentación incautada en el domicilio de Villarejo y en la información desclasificada por el Gobierno. El día del asalto del cura dijo a la familia Bárcenas que salía un rato a visitar a su entonces mujer, dependienta de una tienda de ropa cercana. Fue el primero en acceder al domicilio después de que Willy Bárcenas se desatara de las bridas, propinara un cabezazo al falso cura, que iba armado con un revólver, y lo redujera. Cuando dejó de trabajar para la familia entró en la Policía, con 42 años, y fue destinado a un puesto de los que se consideran un premio.
¿Quién pagó el abogado de Olivares?
En el juicio, el acusado gritaba que voces dentro de su cabeza le daban órdenes. El tribunal concluyó que fingía, si bien la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid reconoce en Olivares un “trastorno de personalidad con rasgos paranoides, narcisistas y antisociales”. Este diagnóstico le valió un atenuante y fue condenado a la pena prevista en la ley en su mitad inferior, esto es, seis años por cada uno de los secuestros, más dos años por tenencia ilícita de armas, seis meses por allanamiento de morada y a otros tres delitos de amenazas, castigados también con seis meses cada uno.
Enrique Olivares fue asistido por un abogado de oficio colegiado en Madrid durante toda la instrucción, pero antes del juicio se hizo cargo de su defensa Andrés Ruiz Cubero, penalista con despacho en la capital y también en Cuenca, de donde es oriundo el falso cura, que había sido presentado casi como un indigente. Ruiz Cubero ha declarado a eldiario.es que se hizo cargo de la defensa de Olivares porque así se lo pidió un cliente y amigo del despacho de Cuenca que nada tiene que ver con el mundo policial o de la política.
La confirmación de que el falso cura habría actuado a las órdenes de la policía política del PP constituiría el hecho más grave de una operación diseñada para beneficiar a los dirigentes del PP. Los mandos policiales han reconocido que allanaron un local donde Rosalía Iglesias guardaba cuadros con las llaves que les facilitó el chófer y que vigilaron todos sus movimientos con un dispositivo instalado en su teléfono móvil de forma clandestina.
También han confesado que Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, disponía de un ordenador portátil para seguir todas las novedades de la Operación Kitchen. El terminal está precintado en la sede de la Comisaría General de Información. Esos mismos policías y el entonces números dos de Interior defienden que el operativo estaba destinado a encontrar los testaferros y el dinero escondido por Bárcenas. Sin embargo, ni el juez de la caja B, Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que actuaban a sus órdens supieron nunca nada de él.
La Operación Kitchen fue obra del mismo grupo de policías que participaron en las investigaciones prospectivas y sin control judicial contra los líderes del proceso soberanista en Catalunya y que después utilizarían de métodos similares para acusar a Podemos falsamente de financiación irregular, coincidiendo con la primera vez que el partido de Pablo Iglesias optó a gobernar con el PSOE, en 2016.