La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este lunes que “pedir perdón no basta”, lo que le ha llevado a proponer seis medidas contra la corrupción con “poder ejemplarizante y disuasorio para que, antes de cometer un acto de corrupción, el político tenga que pensárselo dos veces”.
En su artículo semanal en ABC, recogido por Europa Press, la popular ha reconocido que quizás “algunos” podrán pensar que no es “la más indicada para proponer medidas anticorrupción” después de “lo que han hecho algunas personas nombradas” por ella.
Sin embargo, Aguirre ha defendido que precisamente por eso, “por haber cometido graves errores en la elección y vigilancia de esos colaboradores corruptos”, está capacitada para proponer estas seis medidas “drásticas, rápidas y eficaces” que pueden ponerse en marcha “con carácter de urgencia” para que los ciudadanos “recuperen la confianza en los ciudadanos”.
Y es que, como ha indicado, muchos españoles pueden creer que la solución a los problemas está “en un movimiento populista que quiere hacer tabla rasa con todo lo que ha costado tanto construir”.
La presidenta del PP de Madrid ha reiterado que es “la máxima responsable de que este señor (Francisco Granados) haya ocupado cargos muy señalados”, lo que le llevó el pasado lunes a convocar una rueda de prensa “abierta, por supuesto, a todas las preguntas”.
Allí reconoció su “error” al haber depositado su confianza en Granados y “pedir excusas a los ciudadanos por su comportamiento absolutamente indigno”. “La mayor indignidad de un político es aprovecharse de la confianza que le otorgan los ciudadanos o los dirigentes de su partido para su provecho personal”, ha añadido.
También tiene claro que “pedir perdón no basta”, lo que le lleva a presentar su batería de propuestas. La primera pasa por “facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados”. La segunda pasa por la necesidad de “reducir el tiempo de las instrucciones en las causas judiciales abiertas por corrupción”, con “un año, prorrogable a seis meses más en los casos más complejos”.
La tercera medida se centra en una nueva Ley Electoral, que aleje a los políticos del único deseo de “agradar a las cúpulas de sus partidos”, la cuarta pasa por los “'hearings' para la designación de c candidatos”, es decir, los interrogatorios por los que pasó Miguel Arias Cañete para ser designado comisario europeo, en los que le preguntaron desde su formación académica hasta el estado de su economía personal.
La quinta medida hace hincapié en la “transparencia en las cuentas” de los partidos y de las instituciones. En este apartado, Aguirre se muestra como una defensora de la publicación de las cuentas, además de las donaciones, como se hace en el sistema anglosajón. Su última medida se dirige a un cambio en la Ley de Contratos en lo que se refiere al procedimiento negociado sin publicidad.