A la espera de que las encuestas vayan perfilando la elección del PP para las próximas elecciones municipales en Madrid, Esperanza Aguirre hará este lunes su primer paseíllo como imputada ante las cámaras que aguardan en los Juzgados de Plaza de Castilla. Tendrá que explicar al magistrado Carlos Valle el incidente que protagonizó el 3 de abril cuando unos agentes de movilidad la multaron por aparcar su vehículo en pleno carril bus de la Gran Vía madrileña. En contra del criterio mantenido por juez instructor y la Fiscalía, la Audiencia de Madrid decidió que se instruyeran las diligencias como un delito –y no una falta- castigado con hasta un año de prisión.
Génova aguarda encuestas que le ayuden a situar cuáles de sus dirigentes tienen opciones a retener el Ayuntamiento de Madrid, seriamente amenazado por una posible alianza de partidos de izquierda. Aguirre no es la opción preferida por Rajoy y la dirección del partido, que podrían optar por la expresidenta de la Comunidad de Madrid solo si las pruebas demoscópicas la sitúan como única capaz de salvar la capital. Lo harían, en ese caso, a costa de hipotecar su tranquilidad, previsibles como son las arremetidas de Aguirre contra el presidente del Gobierno y la cúpula del partido.
Además, en la dirección del PP no quieren ni oír hablar de un tándem de aliados en Madrid compuesto por Ignacio González en la Comunidad de Madrid y Aguirre en el Ayuntamiento. El actual presidente ha entrado de lleno en campaña para volver a ser candidato, a pesar de que su figura causa en Rajoy y su entorno aún más rechazo y desconfianza que Aguirre. No en vano, González será siempre el adversario que pidió la cabeza de Rajoy en el Congreso del PP de 2008, tras su segunda derrota consecutiva en las generales.
Los resultados de esas encuestas también permitirán interpretar si con el incidente de la fuga y las posteriores declaraciones de machismo a los policías y los lamentos por una persecuión orquestada, Aguirre ha logrado dar otra vez la vuelta a la situación o, si por el contrario, ha abusado de la táctica que tanta popularidad le granjeó en el pasado y su crédito se ha agotado entre el electorado de la derecha.
Aguirre declaró la semana pasada estar encantada de ir a “contarle la verdad” al juez como “una ciudadana particular”. Lo cierto es que también se mostró solícita a colaborar con la justicia cuando el juez Ruz la citó como testigo en el ‘caso Gürtel’, pero luego se lo pensó mejor y declaró por escrito, en lugar de acudir a la Audiencia Nacional. Los hechos objeto del interrogatorio ocurrieron cuando ella era presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que le asistía ese privilegio.
En aquella ocasión debía responder a todas las partes y tenía la obligación de decir la verdad, a diferencia de este lunes, que se podrá negar a contestar a cuantas preguntas quiera en su condición de imputada. Enfrente tendrá al juez Carlos Valle, quien en mayo decidió instruir los hechos como una falta, que solo puede implicar una sanción administrativa. En el auto, Valle afirmaba: “De ser ciertos los hechos denunciados, su entidad no rebasaría la consideración de falta, como revela la realidad cotidiana de enjuiciamiento por tal cauce de conductas idénticas en los Juzgados de esta sede, y concretamente en este Juzgado, no apreciándose elemento alguno para evitar tal criterio”.
No lo entienden así acusación particular y popular, que recurrieron a la Audiencia de Madrid la decisión del instructor. Esperanza Aguirre se encaró con los agentes de movilidad que acudieron a multarla por aparcar su vehículo en el carril bus de Gran Vía para sacar dinero en un cajero automático, según explicó ella después. Tras discutir con ellos, Aguirre arrancó el coche y en su huida tiró la moto de uno de los agentes. La presidenta del PP madrileño fue perseguida por agentes municipales hasta su domicilio, pero se introdujo en el garaje y envió a los guardias civiles que tiene asignados para la seguridad estática de su casa a negociar un parte amistoso con los policías.
Un juez conservador
El juez Valle es recordado por su decisión de detener en 1986 a 39 personas acusadas de “varios delitos de aborto” y registrar clínicas donde se practicaban interrupciones voluntarias del embarazo. Se trata, igualmente, del juez del caso Bono, en el que imputó a tres policías en relación con el arresto de dos militantes del PP que habían agredido al entonces ministro de Defensa en una manifestación. Más tarde, los agentes fueron absueltos. Recientemente, Valle se negó a que se extrajeran los órganos a una de las cinco jóvenes fallecidas en la tragedia del Madrid Arena, provocando una queja formal de la Organización Médica Colegial.
No fue Valle, como es lógico, el objeto de las críticas de Aguirre, sino el juez Julián Abad Crespo, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid que firma el auto por el que se corrige la decisión del primero. La presidenta de los conservadores madrileños se quejó de que el magistrado se hubiera erigido en “tribunal unipersonal”, cuando así está establecido para las apelaciones en casos de faltas. Aguirre aseguró que el mismo juez había considerado falta, en lugar de delito, los hechos correspondientes a un caso “muchísimo más grave” que el suyo.
Es difícil adivinar cundo finalizará Valle su instrucción, por otra parte sencilla, aunque cabe señalar que ya ha avanzado en la misma: tomó declaración a un agente de movilidad y tiene en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad que recogieron la maniobra irregular de Aguirre. Además de a la imputada, podría llamar a declarar a una camarera que aparece en el atestado policial y que presenció con claridad los hechos o a los guardias civiles que vigilan su casa. En cualquier caso, la instrucción debería estar acabada para cuando se confeccionen las listas del PP, allá por la primavera. Podría ocurrir que al término de la instrucción, el juez archivara el caso, con los previsibles recursos de la acusación, que también se darían de parte de la defensa si el magistrado concluye que hay motivos para juzgar a Esperanza Aguirre.