España se adentraba en la tercera ola de la COVID-19 cuando el Gobierno decidió decretar un nuevo estado de alarma que sirviera a las autonomías como paraguas jurídico para pudieran implementar restricciones que permitieran frenar los contagios, como el toque de queda, la limitación en las reuniones sociales o los cierres perimetrales de los territorios. Sin embargo, ponerlo en marcha durante medio año contó de entrada con el rechazo de la mayoría parlamentaria, que veía, por distintas razones, en esa duración un abuso. Pedro Sánchez se vio obligado a hacer concesiones a los grupos, como su comparecencia en el Congreso cada dos meses para atraer a ERC, y ofreció una revisión del decreto cuando quedaran dos meses para su expiración. Cuando se vence ese primer plazo, ninguna comunidad ni partido político ha reclamado al Gobierno el levantamiento de esa herramienta constitucional que ha permitido limitar la movilidad durante ya un año de pandemia.
“Si [el Consejo Interterritorial] estipula que no es necesaria la alarma, el Gobierno revisará su decisión, y si dice que tenemos que seguir otros dos meses, el Gobierno mantendrá esa herramienta”, propuso Sánchez en un 'cara a cara' con Pablo Casado en el Congreso apenas tres días después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto para medio año. El líder del PP rechazó de inmediato la oferta porque consideraba el plazo “excesivo” e insistió en que se limitara a dos meses para salvar la campaña navideña. El Gobierno tuvo que hacer varias concesiones para lograr, finalmente, una amplia mayoría de 194 votos a favor de la prórroga hasta marzo y mantuvo el compromiso de revisar el estado de alarma cuatro meses después.
“Transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos”, establecía el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 4 de noviembre. Sin embargo, vencido ese plazo -el 9 de marzo-, ni Moncloa ha convocado a los presidentes regionales -pese al compromiso de hacerlo mensualmente la última se celebró a finales de octubre- ni ninguna autonomía ha reclamado oficialmente una reunión para revisar el estado de alarma. Tampoco lo han hecho los grupos parlamentarios que criticaron la duración del decreto.
De hecho, todas las comunidades mantienen alguna de las restricciones a las que les habilitó el decreto de estado de alarma. Todas tienen el toque de queda nocturno -aunque difieren las franjas horarias- y la mayoría están cerradas perimetralmente y cuentan con limitaciones para las reuniones sociales. Sánchez defendió en su última comparecencia en el Congreso hace dos semanas -precisamente para rendir cuentas por el estado de alarma, como le forzó la oposición- el mantenimiento de las restricciones. “Estos seis meses de aplicación son el tiempo estimado, no solamente por el Gobierno de España, por las autoridades sanitarias sino también por los expertos, para superar la situación que atravesamos”, expresó. Aunque recordó que el decreto “incorpora un reconocimiento expreso de que va dejar de aplicarse de inmediato en el caso de que la emergencia se supere antes”, el presidente aseguró que “ante cualquier evolución del virus, el Gobierno lo que hará será reforzar, junto con las comunidades autónomas, las medidas de restricción y todas aquellas medidas que sean pertinentes”.
“Se muestra una vez más que el estado de alarma funciona y que la cogobernanza está funcionando, que proporciona un repertorio de medidas suficientes para doblegar la curva, pero hay evidentemente que activarlas y también que mantenerlas”, zanjó el presidente, que no hizo una alusión expresa a la posibilidad de revisar el estado de alarma en marzo, como estipuló el decreto.
No obstante, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había rechazado de plano una posible revisión del estado de alarma 24 horas antes de esas palabras de Sánchez. “No hay ninguna voluntad de alterar lo que ya estaba decidido y, por tanto, seguir dotando de instrumentos a las comunidades autónomas para que no se haga una desescalada abrupta sino que podamos seguir utilizando este marco normativo imprescindible para que cada autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma vaya de forma ordenada y pausada dando los pasos para que podamos recuperar la normalidad sin que pongamos en riesgo el número de contagios y no asistamos a una cuarta ola”, respondió en una rueda de prensa a la pregunta concreta de si el Gobierno se abriría a revisar ese marco jurídico el 9 de marzo, como se había comprometido.
A pesar de la leve mejoría en los datos de contagios -España ha salido de los niveles de riesgo extremo-, el gran empeño de las administraciones públicas es evitar un nuevo repunte. Por eso, además de las restricciones aplicables desde hace más de cuatro meses, Gobierno y comunidades abordan ahora el plan de cara a la Semana Santa. La mayoría se mostraron partidarias de mantener de cerrar todas las fronteras de movilidad interna para evitar los desplazamientos, salvo la Comunidad de Madrid, que dejó clara su oposición públicamente. No obstante, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que acatará la decisión que se alcance en el seno del Consejo Interterritorial de Salud este miércoles. “Cuando el conjunto orienta en una dirección y hay algunas que no están incorporadas a ese consenso, quien tiene que pensar las actuaciones es aquel que va con el paso contrario”. le había advertido Montero, que también le recordó que las resoluciones de ese órgano multisectorial son de obligado cumplimiento.
La propuesta del Ministerio de Sanidad va, además, un paso más allá al pretender ampliar esas restricciones conjuntas al puente de San José de la próxima semana. No obstante, Carolina Darias planteará que el toque de queda sea desde las 23 horas y no desde las 22, como inicialmente se preacordó y permitir las reuniones sociales a seis personas en el exterior frente a la limitación inicial de cuatro.
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